La historia de Bolivia tuvo un parteaguas en 2019. El golpe de Estado contra Evo Morales devolvió al país a su histórica inestabilidad política y social, la que había sido sorteada bajo la presidencia del líder cocalero. Sin embargo, la misma perdura y volvió a manifestarse con la detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y dos de sus ministros por los delitos de “sedición, terrorismo y conspiración”. Para pensar el futuro boliviano será necesario cerrar el pasado de forma legal, pese a quien le pese y cueste lo que cueste.
El ingreso de Áñez en la cárcel de Obrajes y los de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, en la de San Pedro reflotó el debate de fondo: ¿hubo o no un golpe de Estado? La oposición se embandera en la consigna “no hubo golpe, hubo fraude”, mientras que el Movimiento Al Socialismo (MAS) sostiene que “no hubo fraude, hubo golpe”. Una disputa aún abierta que busca encauzarse a través de una Justicia carente de imparcialidad y ante una sociedad que se vuelve a movilizar. En diálogo con Letra P, la exdiputada masista y denunciante de esta causa, Lidia Patty, aseguró: “Acá hubo un golpe. Han provocado la desestabilización económica, política y social del país. Estamos buscando justicia para la gente que sufrió”.
El 10 de noviembre de 2019 la oposición intentó presentar como “constitucional” la salida de Evo Morales pero, aunque la mona se vista de seda, mona queda. La “renuncia” de la fórmula del MAS fue coaccionada por el amotinamiento de algunas seccionales policiales, por el accionar violento de importantes sectores de la sociedad y por la “sugerencia” del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, quien se basó en el artículo 20 de la Ley Orgánica militar, pero violó el artículo 244 de la Constitución, que les adjudica a los cuerpos castrenses un rol “esencialmente obediente”.
Además, la línea sucesoria se rompió porque las autoridades del Poder Legislativo, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, fueron obligados a renunciar en medio del secuestro de familiares y de amenazas de muerte. Es por esto que asumió, sin el quórum necesario, la desconocida hasta entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, en base al Artículo 41 del reglamento del Congreso. En aquella jornada, una diputada del MAS llamó a este periodista para denunciar que la estaban obligando a ir al Congreso, bajo amenaza de cárcel, a presenciar la jura. En esas condiciones llegó Añez al poder: sin votos y con amenazas.
Con una sociedad fuertemente polarizada y ante una oposición que no duda en denunciar una supuesta “dictadura”, aunque ella misma haya derrocado a un presidente, el marco legal y constitucional del proceso deberá ser impoluto para no dejar lugar a dudas y no permitir acusaciones injustificadas. Es por esto que surgen debates que deberán ser atendidos de forma esclarecedora.
Desafíos
Cómo juzgar un golpe de Estado y a quiénes juzgar son las principales preguntas que surgen. La primera se intentó responder con los artículos 123, 126 y 133 del Código Penal, que tipifican los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, respectivamente. Como la figura de “golpe de Estado” no aparece en el marco punitivo, se lo intenta juzgar a través del “alzamiento público abierto y hostil para trastornar el orden público” –sedición– de tres o más personas –conspiración– a través del servicio o colaboración con una organización armada –terrorismo–. El desafío será demostrar la comisión de esos delitos, que son los mismos que la Justicia le cargó a Morales durante su exilio y que el líder del MAS denunció como una “persecución política”. La llegada ilegal al poder de un grupo político debe ser juzgada para evitar su posible repetición. Cómo hacerlo es el desafío.
De forma entrelazada aparecen los delitos cometidos por el ya gobierno de facto, entre ellos las masacres de Sacaba y Senkata, en Cochabamba y El Alto, respectivamente, donde fueron brutalmente asesinadas más de 20 personas. Hasta el momento las autoridades no están detenidas por este accionar, que la Defensoría del Pueblo catalogó como “crímenes de lesa humanidad”. Ese será otro reto porque al haber sido acciones presidenciales les correspondería un juicio de responsabilidad con los dos tercios del Poder Legislativo, algo que el MAS no conseguirá. De todas maneras, el accionar ilegal de dichas autoridades deberá ser juzgado, pero de forma independiente a la causa ya iniciada, es decir, como un delito aparte al del golpe de Estado.
Otra pregunta involucra a los distintos implicados. Indudablemente en este punto pesó la correlación de fuerzas interna porque fue detenida Áñez, que en las recientes elecciones subnacionales consiguió apenas el 15% de los votos en su departamento natal, Beni, y que abandonó la presidencia severamente desprestigiada. No así Luis Fernando Camacho, quien ganó la gobernación de Santa Cruz en primera vuelta con el 55% de los votos a pesar de que fue él quien reconoció que se les había pagado a algunos militares para que se replegaran en las jornadas de noviembre.
Lo mismo ocurre con Iván Arias, exministro de Obras Públicas de Áñez y reciente ganador de la alcaldía de La Paz. ¿Los implicados que en marzo ganaron elecciones quedarán fuera de los procesos? ¿Estará dispuesto el MAS a pagar el precio de que el país vuelva a caer en la convulsión social y en un choque entre occidente y oriente? En su diálogo con Letra P, Patty aseguró que Camacho es parte de la denuncia y que la misma se ampliará contra Arias, el exsenador Óscar Ortiz y el excandidato a presidente, Samuel Doria Medina, entre otros, “porque todos han sido parte de esa articulación que afectó al país”.
Bolivia se enfrenta al desafío histórico de juzgar un golpe de Estado y los crímenes perpetrados por un gobierno ilegítimo. Será un reto difícil, pero fundamental para reconstruir el país. La impunidad es la peor salida.
