La suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que el Poder Ejecutivo envió al Congreso implicará un alivio en los bolsillos de casi 1,3 millones de trabajadores y jubilados que, con haberes brutos de entre $90.000 y $150.000, quedaron alcanzados por el tributo luego de la última actualización, de enero. Además, otros 102.741 trabajadores y jubilados con remuneraciones de hasta $173.000 pagarán menos impuesto, según el texto que ingresó a la Cámara de Diputados. La cantidad de trabajadores en relación de dependencia que tributaban Ganancias a fin de año creció hasta el 25,6% del total de la plantilla de empleados formales, públicos y privados, del país. Cuando la ley se vote, bajará a cerca del 10 por ciento. Pero hay un mundo olvidado de 8 millones de trabajadores formales que, con salarios más bajos, no tendrán ninguna mejora en su poder adquisitivo.
Según los datos oficiales que cita el proyecto de ley, existían a fin de año poco más de 9 millones de trabajadores registrados en relación de dependencia, en los sectores público y privado. El número no paró de caer ni aun con la prohibición de despidos que rige desde inicios de la pandemia: durante 2020 se destruyeron 200.000 empleos formales y, desde el pico formalidad de 2014, 900.000. De esos 9 millones, 1,267 millones estuvieron alcanzados por Ganancias en 2020, el 25,6% del total, aunque esta estimación oficial también incluye a jubilados de Anses y de otros regímenes. Según la expectativa del Poder Ejecutivo, las modificaciones en la cuarta categoría de Ganancias excluirían del tributo a la gran mayoría de los asalariados que lo pagan.
El alcance del impuesto a las Ganancias al salario es un histórico reclamo de la CGT. Pero también se trata de uno de los impuestos más progresivos: a mayor ingreso, más tributo. Con la salida de la convertibilidad, cada vez más trabajadores fueron alcanzados por el impuesto, al ritmo de paritarias que subían mientras los límites del impuesto se actualizaban a menor velocidad. En 2017, la última reforma tributaria de la gestión Cambiemos incluyó una actualización automática del mínimo no imponible de Ganancias y algunas deducciones. Pero como las remuneraciones crecieron menos que la inflación, los trabajadores incluidos en el tributo también fueron perdiendo poder de compra. Los cambios que el oficialismo -con Sergio Massa como vocero- propone elevarían sustancialmente la barrera del impuesto y representaría una mejora en el poder adquisitivo de los salarios medios y altos.
"La medida no es mala, porque hoy Ganancias pega incluso en gente que no llega a fin de mes", dijo Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. "Pero, dentro del conjunto de asalariados, son quienes están sufriendo menos el impacto de la inflación, porque destinan menos porción del salario a alimentos, y tienen mayor capacidad de ahorro", agregó. Según sus datos, el salario real cayó cerca de 15 puntos desde enero de 2016 en el sector privado y más de 20 puntos en el sector público.
En un país con un 35 por ciento de informalidad laboral, el grueso del esfuerzo fiscal se destina a los sectores más vulnerables: la AUH llega a 2,5 millones de familias que cobran unos 4,3 millones de beneficios; una porción de esas familias también reciben mensualmente el monto de la tarjeta Alimentar. A eso se suman los programas Potenciar Trabajo y otros asociados a la economía popular. Los alivios impositivos vía Ganancias, en tanto, pegan en los asalariados formales de ingresos por encima de la media: según el Ripte, la remuneración bruta promedio era de $69.455 en noviembre, unos $21.500 del piso actual de Ganancias, sin deducciones. ¿Para el medio, qué?
La respuesta oficial es esquiva. El Gobierno sostiene que este año se recuperará el salario real y que las paritarias cerrarán unos puntos por encima de la inflación. No alcanzará para cubrir lo perdido en cuatro de los últimos cinco años: solo en 2017 el salario recuperó poder adquisitivo. Y, de todos modos, el juego de las paritarias impactará también en quienes pagan Ganancias e incluso, de manera indirecta, en el empleo informal. ¿Habrá alguna segmentación de tarifas para que los aumentos de los servicios públicos sean mayores en función del poder adquisitivo?
¿Qué herramientas tiene el Ejecutivo para mejorar la capacidad de compra de los salarios más bajos? Responde Campos: "Sin dudas, una política es mejorar las Asignaciones Familiares. Hoy se elige sacar recursos al sector público ($40.000 millones de costo fiscal) y, en la misma línea, se podría haber hecho el esfuerzo subiendo las Asignaciones", dijo. "La segunda es otorgar un aumento de suma fija, que impacta proporcionalmente en los salarios inferiores. Pero aquí pagaría el empleador y suele incorporarse luego a la paritaria", agregó.
Las asignaciones familiares tuvieron una modificación importante en 2014, cuando comenzó a computarse el ingreso familiar y no el mejor salario de la familia para otorgarlas y definir el monto. Eso hizo que dos salarios bajos, al sumarlos, perciban una asignación de menor rango. La Anses paga en la actualidad 4,7 millones de asignaciones a trabajadores en relación de dependencia.