08|3|2021

Diputados apura una reforma para empoderar a los fiscales

22 de febrero de 2021

22 de febrero de 2021

Con el aval de Perotti, la Cámara baja busca moderar el control político de la Legislatura sobre los investigadores. Ahora, falta la decisión de la Corte.

El actual sistema de control al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que deja en manos de la Legislatura de Santa Fe la potestad de sancionar a los fiscales tendría sus días contados. “Estamos frente a una verdadera necesidad de reforma", dijeron a Letra P dirigentes de distintos bloques de la Cámara de Diputados e indicaron que la opinión mayoritaria en el recinto es que el parlamento debe retener facultades disciplinarias, pero acotadas a los casos en los que se deba investigar a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía. 

 

El actual sistema de remoción de fiscales fue sancionado en diciembre del 2017, con la Ley N° 13.807 que modificó la Ley del Ministerio Público Fiscal. Desde entonces, las denuncias deben ser investigadas y juzgadas por los y las 12 legisladoras que integran la Comisión Bicameral de Acuerdos. Tres años después, la crítica que recibe el sistema es que esa estructura permite procesar muy pocas de las denuncias que ingresan y la decisión sobre cuáles se toman suele ser discrecional.

 

Para que esta discusión -que ya suena fuerte en los pasillos- se cristalice en un proyecto, falta que la Corte Suprema provincial se expida sobre si la ley 13.807 es o no constitucional. El conflicto llegó al máximo tribunal de la provincia con un amparo que presentó el fiscal de Homicidios de Rosario Adrián Spelta cuando la Legislatura le inició un proceso disciplinario por haber acordado la excarcelación de Emanuel “Pimpi” Sandoval. La Sala II de la Cámara Laboral de Rosario sostuvo en septiembre pasado que la ley 13.807 es inconstitucional. Y esa posición sumó otra resolución en el mismo sentido el 15 de diciembre último con un dictamen del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre

 

Hay tres caminos que podrá tomar la Corte en su sentencia, y dos de ellos invitarían a modificar el sistema. Si sanciona la constitucionalidad de la ley -sin ninguna observación- desde la Cámara baja sostienen que sería muy difícil encarar un proyecto de reforma que sea aceptado por el Senado. Vale recordar que la reforma de 2017 fue votada prácticamente por unanimidad, pero se dio en un momento en el cual se producía un avance judicial sobre un grupo de senadores investigados por enriquecimiento ilícito. Armando Traferri era uno de ellos.

 

Por el contrario, si la declara inconstitucional, el riesgo que ven los y las legisladoras es que se caiga el sistema completo de juzgamiento y sanción a los fiscales y que se derrumbe el trabajo realizado hasta ahora. Lo interpretan como un golpe a la Legislatura. Por eso, entre los y las diputadas hay mucha expectativa sobre una posible salida intermedia de la Corte, que consolide los procesos que se realizaron hasta ahora, pero que hacia adelante impulse una reforma a través de la discusión en el Poder Legislativo. De esta manera se podría sostener el criterio del juicio político a los miembros de la Corte, al Procurador, al Fiscal General, e incluso hasta los Fiscales Regionales, es decir a las altas jerarquías judiciales, pero quedarían fuera de esos límites de acción los fiscales que están investigando delitos puntuales.

 

Voltaje político

Antes de la reforma, la propia Auditoría del MPA investigaba y acusaba, mientras que el encargado de sancionar era un tribunal plural compuesto por el Fiscal General, un fiscal regional de otra jurisdicción, un diputado, un senador y un abogado matriculado. Ya en 2018 empezó a funcionar la Comisión Bicameral que impera hoy, integrada por ocho representantes de la Cámara baja y cuatro de la Cámara alta, que se eligen teniendo en cuenta la representación de los distintos bloques y se renuevan cada dos años. La presidencia de esa comisión dura un año. El recambio se produce en marzo y actualmente está a cargo del senador peronista por el departamento 9 de Julio Joaquín Gramajo.

 

“Lo que está claro es que el proceso disciplinario no ha sido una buena ley. Ha tenido motivaciones políticas y el resultado es una ley con vacíos procedimentales enormes que, a duras penas, cumple el debido proceso. Yo no objeto que un Poder controle a otro. No creo que sea un pecado que la Legislatura actúe sobre el juzgamiento o remoción de los fiscales en algunos casos, pero en la práctica se fue regulando de acuerdo al voltaje político. Lo que tiene que lograr la Legislatura es una ley que garantice calidad institucional, que le permita actuar ante una situación de mal desempeño de un fiscal, pero que se traten de intervenciones excepcionales y con todas las garantías procedimentales y constitucionales", detalló a Letra P el presidente del bloque PJ en Diputados Leandro Busatto, y agregó que la discusión de una nueva ley tiene que incluir al Poder Ejecutivo.

 

Hace algunas semanas, en diálogo con Letra P, el ministro de Gobierno y Justicia Roberto Sukerman también había cuestionado la ley de control de fiscales: “Esa modificación que se aprobó (en referencia a la ley 13.807) no es saludable porque genera dependencia de un organismo que tiene que tener la mayor independencia posible. Nosotros tenemos que apuntar a fortalecer el sistema procesal penal”, dijo.

 

"La expectativa es que la Corte tome el camino del medio que, sin invalidar lo que sucedió hasta ahora, provoque una discusión legislativa sobre una necesaria reforma de la ley de control y de sanción a los fiscales. El juicio que hace la Legislatura siempre va a ser del tipo político y no reemplaza a un proceso judicial o penal. En este marco, queda un margen de discrecionalidad signado por las opiniones políticas alrededor de los hechos", cerró un dirigente del bloque progresista que integra la Comisión Bicameral de Acuerdos.