ENTRE RÍOS

Bordet ordena su salida empezando por la Justicia

El gobernador terminará su segundo mandato con una mayoría en el Superior Tribunal. La importancia de la Ley de Paridad Integral. Crisis en la Procuración.

Gustavo Bordet empieza a transitar la cuenta regresiva. Sin posibilidad de buscar un nuevo mandato, el gobernador de Entre Ríos ingresa en un proceso de ordenamiento que le vino de arriba: designará una mayoría en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la última instancia apelable en jurisdicción  provincial.

 

Esta semana, el mandatario envió al Senado el pliego de Gisela Schumacher, una camarista en lo Contencioso Administrativo de 45 años que llegó al Poder Judicial por concurso. Egresada de la universidad pública, es docente ordinaria de la cátedra Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) e integra tribunales evaluadores para concursos de jueces, funcionarios y empleados judiciales en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y en Río Negro. En la comunidad judicial se le reconoce su formación y destacan una activa militancia interna en favor de una redacción clara de los fallos judiciales y la perspectiva de género. Completará la Sala Civil y Comercial del STJ.

 

El contacto con la política es de carácter personal. Su pareja es Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. No obstante, ese punto de su perfil no salió a la esfera pública ni siquiera por parte de la oposición. El año pasado, encabezó con su voto un fallo que validó la constitucionalidad de la ley de emergencia solidaria promovida por el gobierno de Bordet que implicaba un incremento de aportes del personal estatal que cobraba más de 75 mil pesos, un aumento en la alícuota a farmacéuticas e inmobiliario rural y suspendía la Ley de Enganche, con la que judiciales atan sus salarios a lo que dispone la Corte Suprema con porcentajes que van por encima de las actualizaciones provinciales.

 

La vacante se había producido por la jubilación de Emilio Eduardo Castrillón, quien renunció en medio de un proceso de juicio político a raíz de una denuncia por mal desempeño en el marco de un enfrentamiento con la ministra de Gobierno, Rosario Romero. Ante una salida que parecía cantada, el magistrado adelantó su retiro y consiguió su jubilación en una semana.

 

La llegada de Schumacher es el primer resultado de la vigencia de la Ley de Paridad Integral, aprobada exactamente hace un año, que establece el fifty fifty en las listas para la Legislatura y manda a los otros poderes, sindicatos y directorios de empresas a adecuar su conformación. La norma fue impulsada por el colectivo Red para la Igualdad, un ámbito multisectorial y multipartidario que tuvo al frente a la vicegobernadora Laura Stratta.

 

El Superior Tribunal de Justicia, constituido por nueve miembros, tiene tres mujeres: Susana Medina, Claudia Mizawak y, ahora, Schumacher, pero Bordet tendrá próximamente una vacante más para llenar. El vocal Bernardo Salduna ya ha hecho trascender que inició sus trámites jubilatorios. Allí deberá designarse otra mujer.

 

En silencio

Bordet ha tenido en suerte, como se consignó más arriba, con la posibilidad de cubrir vacantes en el máximo órgano de justicia de Entre Ríos. En su primera gestión debió buscar reemplazante a Carlos Chiara Díaz, que se fue por juicio político promovido por un abogado del foro sin saberse a ciencia cierta si tuvo o no que ver el gobierno. Luego fue el turno de la jubilación de Leonor Pañeda, la salida de Castrillón y la inminente jubilación de Salduna. Es decir que en los próximos meses el gobernador habrá nombrado a cuatro de los nueve vocales. Como si fuera poco, comenzó a sonar el rumor de que el vocal Juan Ramón Smaldone también se jubilaría antes de que el mandatario termine su segundo mandato. Esto implicaría, entonces, haber designado cinco de nueve.

 

Esa mayoría sólo se dio en el tercer gobierno de Jorge Busti, fallecido inesperadamente hace diez días.  El mandatario supo construir una mayoría extraordinaria en el Poder Judicial, incluso en la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que en Entre Ríos tiene, desde hace una década, el monopolio de la persecución penal en el sistema acusatorio, el mismo que quiere implementar Alberto Fernández.

 

Bordet también va a ligar en ese organismo. Por estas semanas se sustancia, en el Jurado de Enjuiciamiento, una investigación a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, denunciada por mal desempeño al apañar a un contador imputado en la causa de corrupción más escandalosa de la provincia, en la que se investiga una asociación ilícita que fraguaba dinero de la Legislatura a través de contratos truchos. Procuradora e imputado mantenían una relación comercial en la tenencia de dos propiedades. La denuncia fue impulsada por dos abogados de origen radical. Lo interesante es que a la denunciada se la identifica con el PRO. Su marido, Sebastián Orlando, es un militante de la fuerza fundada por Mauricio Macri que ocupó un lugar en la gestión de Cambiemos de Paraná durante el período 2015-2019.  

 

Cuando comenzó el proceso, Goyeneche intentó encauzar sus peripecias en una maniobra que le adjudicó a Sergio Urribarri, exgobernador y actual embajador en Israel, actualmente juzgado en juicio oral y público. La estrategia narrativa de la funcionaria judicial no duró demasiado porque el exmandatario y diplomático está sentado en el banquillo por denuncias que le propinaron Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, los mismos letrados que la denunciaron a ella.

 

El jefe inmediato de la doctora es el procurador general, Jorge García, a quien alcanzó la denuncia, pero fue desestimada porque la misma debería analizarse en el instituto de juicio político. Pagliotto trabaja en una petición para presentar en ese ámbito en febrero.

 

Sin críticas de la oposición las veces en que debió cubrir vacantes o correr a magistrados, Bordet acomoda fichas en lugares claves del Poder Judicial en una época donde la disputa política suele tener a los tribunales como escenario.

 

Alex Wahnish, el rabino de Javier Milei. 
Pullaro, el ministro Cococcioni y la secretaria de Asuntos Penitenciarios. Con más de 1.800 celulares incautados en requisas en las unidades penitenciarias santafesinas.   

También te puede interesar