30|4|2022

El Gobierno busca una ventaja con el Fondo tras la auditoría sobre Macri

22 de diciembre de 2021

22 de diciembre de 2021

Para la Casa Rosada, el FMI estuvo al filo de admitir que incumplió sus reglas al avalar la fuga de divisas de Cambiemos. Poco margen para evitar el ajuste.

La auditoría interna que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el préstamo stand by que otorgó a Argentina durante la administración de Mauricio Macri reconoció lo obvio: que el programa económico no cumplió con el objetivo de restaurar la confianza, que fracasó el enfoque para bajar la inflación exclusivamente con política monetaria y que, a pesar del énfasis en el cuidado de los sectores más vulnerables marcado en cada comunicado, visita y revisión programática, la pobreza subió. Lo hizo con la elegancia del caso: se trata de una revisión "entre pares" y no de una evaluación independiente que corre por otro carril pero, a los ojos del Ministerio de Economía, el FMI se cuidó de no asumir responsabilidades propias -depositando las falencias en la gestión local- y tuvo una mirada "aún insuficiente" sobre los riesgos de llevar adelante "un ajuste fiscal en contextos recesivos". Estos planteos forman parte de la respuesta que la Argentina le hizo llegar al Fondo, con la mira puesta en las dilatadas negociaciones por el nuevo programa.

 

En la tarde de este miércoles -el mismo día en que el país saldaba la segunda cuota de capital, por U$S1850 millones-, el directorio del Fondo recibió la Ex Post Evaluation (EPE), una revisión interna que hacen funcionarios del staff que no participaron del acuerdo sobre lo que hicieron sus colegas. Por eso, el Gobierno esperaba desde hacía meses un informe light, que no remarcara, por ejemplo, que el FMI incumplió el artículo VI del estatuto del organismo, que impide prestar dinero para financiar la fuga de capitales. Con todo, el informe que capitaneó el noruego Odd Per Brekk dejó a los ojos del Gobierno algunos puntos interesantes.

 

Fuentes de Economía hicieron una lectura que, en algunos casos, sirve más para la interna que para la discusión con la troica. En otros, permite discutir la corresponsabilidad del FMI por el préstamo fallido. Por un lado, la EPE indicó que el gobierno de Macri debió haber reestructurado la deuda con privados, cuyos abultados vencimientos de corto plazo lo llevaron a recurrir al acreedor de última instancia en busca de un crédito que ampliara los topes que hubieran correspondido por la cuota accionaria de Argentina. También le achaca a la administración anterior la negativa a aplicar políticas de coordinación de precios e ingresos que ayudaran a fijar expectativas y moderar la inflación. Es decir, que la dinámica inflacionaria requería algo más que altas tasas de interés y compromisos de frenar la emisión monetaria. El problema es que el EPE maquilló responsabilidades del organismo en este punto. Emplean el término ownership: el programa fue del gobierno argentino y el FMI acompañó y sugirió cambios que no se efectivizaron. Argentina quiere discutir esa mirada en el directorio: dar una "definición adecuada" de ownership, que no se restrinja al Poder Ejecutivo e incluya avales del Congreso y la sociedad civil, incluyendo a sindicatos y empresas.

 

El EPE también reconoce que el gobierno anterior debió haber instaurado controles de capitales para evitar la fuga de divisas. No dice, sin embargo, que el préstamo se usó para financiar la salida de los capitales especulativos que emigraban del país. Hay una delgada línea entre la evaluación y el incumplimiento del artículo VI, que afirma: "Un miembro no puede utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida de capital grande o sostenida (...) y el Fondo puede solicitar a un miembro que ejerza controles para evitar dicho uso de los recursos generales del Fondo".

 

Según un reporte del Centro de Estudios de Economía Política (CEPA), "existió un uso irresponsable de los desembolsos toda vez que está en la potestad de las partes solicitar e implementar controles de manera de detener, al menos parcialmente, la fuga de divisas". El reconocimiento explícito de esta infracción hubiera dado letra a las denuncias para investigar penalmente y desconocer la deuda, pero Argentina apuesta a que esta casi "confesión de parte" sirva para mejorar los términos de la negociación. El país planteará al directorio "una revisión adecuada por parte del FMI sobre el cumplimiento del artículo VI".

 

Argentina dijo al Fondo que considera "aún insuficiente la advertencia sobre los riesgos de un ajuste fiscal en contextos recesivos". Es un punto clave para lo que viene. En las miradas del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el director del Fondo y negociador Sergio Chodos, la EPE tocó el tema con rodeos y evasivas, en momentos en que el Gobierno pugna por cerrar un programa con un déficit fiscal superior a 3% en 2022 y una disminución gradual, a medida que el crecimiento de la economía lo permita. La auditoría interna, en este punto, no da más aire al país para negociar. Por eso, la Casa Rosada sugerirá al directorio "considerar a futuro realidades específicas, como el caso de la Argentina, en donde el crecimiento es condición precedente para la estabilidad y nunca al revés".