SANTA FE EN LLAMAS

El sprint final de Perotti para salir del barro político judicial

Los puentes rotos con la Legislatura le complican el frente en la Justicia. El fallo Traferri, vacantes y una diplomacia oficial que no alcanza.

Para el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el cierre de año se convirtió en un cuello de botella de varios frentes abiertos vinculados a la Justicia. El lobby público, sumado al que se teje subterráneamente, se ha incrementado como forma de darle un cierre a algunos temas que dificultan la gestión y tienen la complejidad de estar atravesados por la disputa política entre el Ejecutivo y la Legislatura provincial. 

 

No son cuestiones menores las que están sobre la mesa, porque afectan el funcionamiento de la Justicia y decantan en la mayor problemática para Perotti: la inseguridad. Si bien todo el año fue agitado en materia judicial para el gobierno, sobre el cierre se vio obligado a abordar un mar de asuntos en este terreno, como las vacantes de jueces provinciales, el pedido de creación de juzgados federales para combatir el narcotráfico, la crisis institucional que espera el fallo de la Corte Suprema sobre los fueros de los legisladores, la causas por presunto espionaje en el Ministerio de Seguridad y la silla vacía de la cartera de Justicia provincial.

 

Lo que pudo comunicar sin dificultades, quizás por no depender de su lapicera sino de la voluntad legislativa y del gobierno nacional, es la negociación por nuevos juzgados, fiscalías y vacantes federales para Rosario para robustecer un sistema raquítico en una ciudad donde abundan las causas por narcotráfico y otros delitos de ese orden. 

 

Con algo de margen de error por tratarse de una demanda que depende de terceros, Perotti logró sacarle al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, auxiliares y secretarios para las fiscalías de Rosario. Sin embargo, el tema de recursos también se hace necesario para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, donde se le achica el margen de error al gobierno. 

 

El MPA es un claro ejemplo de las desavenencias de la administración peronista con el ámbito judicial y político. Desde el paso de Marcelo Sain por el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones (OI), todo se pinchó con la fiscalía conducida por Jorge Baclini. “Estamos reconstruyendo el vínculo”, se convencen en el gobierno y ya miran el cambio del fiscal general de 2022. Con la Corte provincial es distinto el vínculo, por más que se preocupen públicamente por la frágil institucionalidad que sobrevuela. De hecho, el gobernador Perotti ha tenido contactos oficiales y también informales con el presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco.

 

Hay otras cuestiones en las que la tensión política entre el Ejecutivo y la Legislatura pega de lleno y ralentiza todo avance que requiera consenso. Esto se vio claramente en el tratamiento de los pliegos para cubrir las vacantes de los jueces provinciales, mayormente de primera instancia, proceso de negociación que hizo agua con unos pocos aprobados, algunos retirados y otros rechazados. 

 

Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el presidente de la Corte Roberto Falistocco

“Estamos preocupados porque los concursos pueden llevarse adelante, de hecho se han motorizado, pero, sin la negociación política con la Legislatura, es como si nada porque se estanca”, sostuvo a Letra P un magistrado con influencia en la corporación judicial. Actualmente hay 65 vacantes, con implicancia sobre todo en el fuero penal y civil de Rosario, situación que repercute en el servicio de justicia. 

 

En el propio gobierno reconocen las discrepancias y hacen una salvedad: no hay falta de diálogo, hay falta de coincidencias. Hay un puñado de funcionarios que operan en el frente político y judicial para mantener a flote el barco, pero no puede reparar el fondo, que está todo picado. “El 50 a 13 a favor de destituir a Sain es la foto que proponen para la gobernabilidad”, se sinceró un dirigente con los pies en el barro. Se refiere a la cantidad de senadores y diputados que votaron a favor y en contra de la destitución del exministro de Seguridad de Perotti.

 

Con el inminente reemplazo del ministro de Gobierno y Justicia, Roberto Sukerman, tampoco es que asumirá un funcionario que repare del todo el frente judicial, hoy con las riendas operativas en manos del secretario del área, Gabriel Somaglia. En primer lugar, porque la génesis, como se marcó, es política; luego, porque no hay nombres de peso político para apropiarse del área. Celia Arena, hoy ministra de Género, tiene los números para Gobierno y Justicia, una cartera en la que no tiene experiencia -ni siquiera es abogada-. La idea de separar Justicia en un ministerio propio no corre y parece que la de fusionarla con Gestión Pública, donde conduce Marcos Corach, fue de unos pocos, no de Perotti.

 

El fallo Traferri

La atención máxima está puesta en el martes que viene, cuando la Corte Suprema se expedirá sobre la constitucionalidad de los fueros de los legisladores santafesinos. Actualmente se establece que, sin desafuero de la Legislatura, un legislador no puede ser sometido a proceso penal, algo que tiene mucha fuerza cuando hay corporativismo como el actual. Se trata de un fallo que tiene un interés supremo para el senador del PJ Armando Traferri, a quien un grupo de fiscales pretende imputarlo por una causa de juego ilegal.

 

De esto se desprende una guerra sin límites y de varios episodios entre una parte de la Legislatura, que banca a Traferri; el perottismo, que mantiene una enemistad sin retorno con el senador, y el Ministerio de la Acusación. Sain fue uno de quienes más empujó para que avanzara el proceso. Por supuesto que el gobierno provincial tiene mucha expectativa en el tema y en las últimas semanas sondeó detalles para saber cuándo y de qué manera saldrá el fallo. Hoy, Traferri estaría festejando.

 

Por último, en todo el ámbito judicial como en el gobierno provincial se esperan definiciones de parte de Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe sobre el supuesto espionaje ilegal de Sain y su equipo cuando era ministro de Seguridad. Nadie quiere opinar una palabra hasta tanto no se efectivicen las imputaciones, porque se volvió un tema delicado, con acusaciones cruzadas. La oposición y el oficialismo descartan que haya habido directivas de Perotti en esas supuestas maniobras, aunque el gobierno igual quedará salpicado.

 

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario
Javier Milei, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin en la celebración del Día de la Bandera en Rosario.

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