Otra vez diciembre

Siempre hay una cuenta regresiva que marca los días del Frente de Todos. Pasaron las elecciones, la derrota nacional que impactó al oficialismo en 15 distritos y la remontada en la provincia de Buenos Aires que el Gobierno entendió como una victoria, pero Alberto Fernández no tuvo respiro. La agitación en los mercados de la última semana de noviembre, la negociación pendiente de resolución con el Fondo Monetario Internacional y la llegada de un nuevo diciembre abren un nuevo cuadro de incertidumbre hacia el fin de un año largo, que todavía no terminó. 

Con un cuadro delicado a nivel social, que tuvo su impacto en la derrota del Frente de Todos, la temperatura general vuelve a subir cuando la Argentina se encamina a cumplir dos décadas desde el estallido que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa y el experimento de la alianza UCR-Frepaso. Veinte diciembres más tarde, hay muchas diferencias, pero demasiadas similitudes.

Una vez más el clima general se organiza en torno a la presión de distintos actores con intereses contrapuestos, el gobierno debe hacer frente a una deuda impagable y el el organismo de credito que ahora preside Kristalina Georgieva está sentado a la mesa de decisiones. Como si fuera poco Javier Milei, José Luis Espert, Ricardo López Murphy y hasta el mismísimo Domingo Cavallo esparcen sus recetas ortodoxas en cadena nacional, se animan a hablar en nombre del interés general y hasta cosechan decenas de miles de votos. 

Diciembre asoma otra vez como un mes caliente.  

La decisión del Banco Central de poner fin a los viajes al exterior en cuotas con tarjeta de crédito llegó sobre el fin de semana y en la antesala del Black Friday que esperaban las agencias de viaje y las empresas de turismo generó una eclosión que impactó en varios campos a la vez. La señal parece clara: la escasez de divisas aprieta y el equipo económico los restringirá al máximo con la intención de darle prioridad en el corto plazo a las importaciones para la producción y a los pagos de deuda (otros U$S 1.900 millones vencen el 22 de diciembre con el FMI). 

Mientras las consultoras del mercado y la oposición comenzaron a vaticinar la devaluación con más fuerza y dieron cuenta de la fragilidad de un gobierno sediento de dólares que busca acordar como sea con el Fondo, los sectores de clase media que se acostumbraron a viajar al exterior sintieron el cimbronazo en el cuerpo y salieron a cuestionar la medida.  

Votantes de la oposición e incluso del oficialismo se dividen entre quienes maldicen al Banco Central y quienes acaban de desayunarse con una novedad: la debilidad del Gobierno, que no logra reducir la brecha cambiaria y tiene para pagar un Aconcagua de deuda, también puede impactar en sus aspiraciones de consumo. Como sea, el malhumor se apoderó de una franja de la población que se hace oír bastante más que los sectores más perjudicados por el derrumbe persistente del poder adquisitivo, una película que lleva por lo menos cinco años y nadie sabe cuándo termina. Si quedaba algún votante del Gobierno en ese universo, es probable que muchos hayan decidido ahora darse a la fuga. 

A ese cuadro podría sumarse la noticia del aumento del 52% en el monotributo, una decisión que impactará desde enero en los asalariados informales, ese continente en expansión que incluye a quienes más sufrieron la pandemia y la cuarentena. Las dos noticias llegaron para coronar una semana en la que los bonos argentinos se hundieron en el mercado, como contó Marcelo Falak en Letra P. A una serie de jornadas turbulentas en las principales bolsas del mundo, se sumó, como siempre, el componente propio y adicional de incertidumbre, que no cede en la Argentina. Los agitadores del mercado especulan en torno al sugestivo silencio de Cristina Fernández y buscan desprenderse de los activos locales que les quedan. Todo contribuye a agigantar una sensación de inestabilidad que, con más o menos intensidad, marcó los dos últimos años de Mauricio Macri en la presidencia y los dos primeros de los Alberto Fernández en el poder. 

El escenario económico es contradictorio y el Gobierno toma los indicadores del INDEC para instalar la idea de que en la economía real existe un crecimiento genuino, por encima de los niveles prepandemia. Los últimos números del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que se conocieron el martes pasado, muestran que la actividad económica creció 11,6% interanual en septiembre y acumuló una suba del 10,9% en los primeros diez meses del año. Sin embargo, la inflación no solo es un problema que parece irresoluble, sino que hoy tiene un piso casi idéntico al que dejó Macri, bien por encima del 50% interanual y casi en el doble de lo que fue durante gran parte de los gobiernos kirchneristas. 

A casi 20 años del estallido de la Convertibilidad, la Argentina cuenta con una red extendida de asistencia social y el Estado tiene una interlocución permanente con las organizaciones sociales que se asientan en el territorio, pero tiene al 40 % de la población -casi 19 millones de personas- por debajo de la línea de la pobreza, una cifra descomunal, imposible de naturalizar, aunque gran parte de la dirigencia política parece, por momentos, haberse acostumbrado a convivir con ellas sin mayores remordimientos. 

De una ronda de consultas con dirigentes de organizaciones sociales realizada por Letra P, vuelve a surgir un cuadro que resulta contradictorio. Entre los movimientos que se identifican con el Gobierno y están reunidos bajo el paraguas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la enorme mayoría descarta desbordes sociales, pero reconoce que hay abajo “todo está roto”. La suba de los alimentos sigue impactando en los territorios y los Precios Cuidados que están vigentes en las grandes cadenas de hipermercados pocas veces rigen en los almacenes de barrio o los supermercados chinos.

Según le contó a este portal un sacerdote identificado con el Gobierno que vive en un asentamiento en el segundo cordón del conurbano, los precios que el secretario de Comercio, Roberto Feletti, acordó con los supermercados son casi siempre inhallables en lugares donde habitan los sectores más vulnerables. A eso se suma la nueva tanda de aumentos en el precio de la carne, que acaba de generar cortocircuitos de Feletti con los ministros Matías Kulfas y Julian Domínguez. “Ya no se trata de darse el gusto de comer un asado una vez por semana, como antes era costumbre. Ahora se complica comprar carne picada para hacer empanadas cada tanto”, le dijo a Letra P una militante de una de los grupos alineados con el Gobierno. Sus palabras coinciden, en parte, con el reclamo que hizo esta semana Juan Grabois en C5N. “Frente a un plan plurianual de garantías para el FMI, tiene que haber un plan plurianual de garantías para el pueblo pobre de la Argentina”, dijo. Después de reunirse hace dos meses con Martin Guzmán para discutir el tema, el dirigente todavía insiste en pedir “un salario básico universal para los nueve millones de argentinos que no tienen ingresos regulares para sostener una vida”.

Desde las organizaciones de izquierda, que tienen una relación más tensa con el Ministerio de Desarrollo Social ahora que lo conduce Juan Zabaleta, trazan un panorama mucho más crítico y advierten que el fin de año va a ser complicado en los barrios donde nada sobra. En las antípodas de la militancia todista, no descartan la posibilidad de que la paz social se vea alterada en el nuevo diciembre. 

Con un escenario apremiante por delante, el Gobierno apura un acuerdo con el Fondo en busca de lograr una tregua y ganar el aire que le permita regular la devaluación que reclama el mercado. Es un camino no exento de dificultades, porque el organismo de crédito reclama un ajuste más profundo del que el Frente de Todos se dice dispuesto a ejecutar. Si llega antes de diciembre, el Gobierno habrá respirado en uno de los campos de batalla, pero tendrá que prestar especial atención al impacto del acuerdo en los sectores más vulnerables, donde hasta hace poco estaba la base incondicional de sus adherentes.