24|11|2021

De Pandora a Tribunales: el Círculo Rojo offshore combate el aporte solidario

24 de noviembre de 2021

24 de noviembre de 2021

Las grandes familias empresarias con estructuras en guaridas fiscales litigan contra la AFIP por el impuesto a la riqueza. Quiénes son y por cuánto batallan. 

De los Panamá a los Pandora Papers, proliferaron las filtraciones sobre el uso de sociedades offshore anidadas en guaridas fiscales para eludir impuestos. En esos terabytes de información de magnitud global, la mirada suele posarse sobre la política y las figuras del deporte y el espectáculo. Sin embargo, hay otro denominador común, nombres que se repiten en Panamá, Islas Vírgenes y Delaware, Estados Unidos: las familias empresarias más grandes de Argentina aparecen, una y otra vez, con distintas sociedades creadas para pagar menos impuestos. Algunas de ellas también buscan evitar en los tribunales el pago del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, que el Congreso votó a fin del año pasado.

 

Entre las 955 demandas contra el impuesto a la riqueza ingresadas a la Justicia hasta fines de octubre, hubo reclamos de algunos de los empresarios más poderosos del país o sus familiares. Según los cálculos preliminares de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 55% de lo que se recaudaría por el aporte recaería en apenas 380 contribuyentes. Hasta este mes, el fisco había recaudado $236.500 millones, menos del 60% de lo que hubiera obtenido si los 12.000 alcanzados hubieran pagado. La AFIP, con fiscalizaciones e intimaciones, busca subir esa cifra.

 

Algunos nombres del empresariado rebelde, que Letra P detalló meses atrás, tienen protagonismo en el Círculo Rojo: hay dueños de medios, como el tridente que comanda el Grupo Clarín, la familia que controla La Nación y accionistas del holding Perfil; accionistas de los grupos familiares más emblemáticos, como Werthein -que acaba de comprar DirecTV y tiene inversiones en seguros y alimentos-, Pérez Companc -dueña de Molinos Río de la Plata- y Coto. Descendientes de Amalia Lacroze de Fortabat, la recordada dueña de la cementera Loma Negra, antes de su venta a Camargo Correa por U$S 1000 millones, en 2005. Todos comparten la oposición al aporte solidario y extraordinario y muchos ya sufrieron derrotas parciales en tribunales.

 

Pérez Companc, Werthein y Coto

Pilar, Rosario y Cecilia Pérez Companc litigan contra el fisco por considerar inconstitucional el aporte solidario y extraordinario y pidieron una medida cautelar. Son tres de los beneficiarios finales de Leariver Finance Limited, una offshore radicada en Islas Vírgenes que aparece en el listado de Pandora Papers. Según publicó eldiario.ar, los siete hijos de Jorge Gregorio “Goyo” declararon que la offshore se constituía con rentas provenientes de Santa Margarita LLC, la firma radicada en Delaware, Estados Unidos, que controla Molinos Río de la Plata. Según voceros de la familia, la offshore fue un vehículo para invertir en real estate en Estados Unidos.

 

Las estructuras radicadas en países de baja tributación son un recurso habitual con el que las empresas hacen “planificación fiscal”, o reducen el pago de impuestos. Molinos acaba de perder un juicio contra la AFIP en la Corte Suprema, que entendió que usó de manera abusiva una sociedad radicada en Chile para canalizar beneficios de controladas en Uruguay y Perú y evitar pagar Ganancias en Argentina por esos negocios, gracias a un convenio de tributación entre Argentina y Chile. El fallo fue muy criticado por los grandes estudios contables, que se dedican a armar estas estructuras para estos grandes clientes. A herramientas similares y también con el objeto de invertir en el exterior, según los voceros, recurrieron Alfredo Coto, su esposa y sus hijos. En Pandora Papers, Coto figura como titular de cinco empresas offshore. Coto ya había aparecido como beneficiario de una offshore filtrada en los Panamá Papers. Matías y Alejandra  Coto pidieron en los tribunales que la AFIP no les cobre el aporte solidario. En primera instancia, el Juzgado Federal N°2 falló en contra de Alejandra y la obligó a pagar los $642 millones que, según ella, le exigía el fisco, más costas por otros $19 millones.

 

Darío Werthein figura como integrante de distintas offshore constituidas para inversiones financieras y para administrar la herencia familiar. Entre ellas, Ducal Investment, Carnold Overseas y Hinslet, todas en Islas Vírgenes. Él y sus primos Daniel y Adrián, integrantes del Grupo Werthein, reclamaron ante la justicia no pagar el Aporte Solidario. En el caso de Adrián, el impuesto determinado, de $350 millones de pesos, representa casi el 80% de su renta de 2020, informó en un escrito. La Sala IV de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la cautelar rechazada.

 

Los medios de los dueños de los medios

Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, el tridente que comanda el Grupo Clarín, también recurrieron a los tribunales para impugnar el impuesto. Si bien se trata de demandas particulares, están representados por Damián Cassino y el estudio Sáenz Valiente, tradicionales abogados del multimedios. Cassino integra el directorio de Telecom e Ignacio Sáenz Valiente es director suplente. Pagliaro estimó que debía desembolsar $350 millones por el aporte solidario. Magnetto y Aranda protagonizan un complejo entramado de sociedades offshore vinculadas al control del grupo. Entre otras, integran el directorio de Mather Holdings. Según reveló la periodista Emilia Delfino en eldiarioar, era una sociedad de la fallecida Ernestina Herrera de Noble, controlada por un fideicomiso radicado en Nueva York. Los voceros del grupo indicaron a ese medio que toda la estructura fiscal se encuentra declarada ante la AFIP. En los Panamá Papers, Magnetto apareció como beneficiario de East River Associates Corporation, también registrada en Islas Vírgenes Británicas.

 

Matilde Noble Mitre de Saguier y Alejandro Julio Saguier, accionistas y directores de La Nación, demandaron al fisco casi al mismo tiempo que los accionistas de Clarín. Los tribunales rechazaron la cautelar a la vicepresidenta del grupo, en un fallo confirmado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones. Según Eldiarioar -el único de los medios que forma parte del consorcio de periodistas que reportó la historia- Alejandro fue director de la sociedad Danias Holdings, radicada en Islas Vírgenes Británicas, entre 2012 y 2017. El empresario dijo a ese medio que la sociedad era un vehículo para una cuenta bancaria en JP Morgan y que fue declarada en junio de 2016 al fisco. “Ingresé al sinceramiento fiscal, cumpliendo con toda la normativa correspondiente”, dijo. El blanqueo de capitales de entonces permitió la declaración de unos U$S100.000 millones que argentinos tenían en negro, en su gran mayoría en el exterior. El entrecruzamiento de bases de datos entre los fiscos de todo el mundo que siguió le dio a la AFIP una herramienta de oro para detectar fortunas ocultas.

 

Alberto Fontevecchia y Nelva López, los padres de Jorge Fontevecchia, se presentaron en la justicia para evitar el pago del aporte a las fortunas valuadas en más de $200 millones. Alberto, fundador de Perfil, y su esposa integran directorios de las distintas sociedades del grupo de medios. La cautelar de Alberto fue rechazada en primera instancia. Jorge Fontevecchia apareció en Pandora Papers como titular de Akriluy Corporation, una sociedad radicada en Montevideo que, dijo, usó como vehículo para invertir en Uruguay y Brasil y que luego fue absorbida por Grupo Perfil Inversora SA. En un artículo que publico Perfil en 2016, promovió que los empresarios de medios transparentaran sus estructuras societarias. No tuvo eco.

 

Durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, la AFIP puso la mira en el uso de estructuras radicadas en guaridas fiscales. Los distintos programas de ayuda a empresas que el Gobierno emitió durante la pandemia -desde el ATP para el pago de salarios hasta créditos subsidiados- restringen la participación de sociedades que acudan a este tipo de estructuras. En una ley ómnibus que el Congreso dictó en diciembre de 2019, las alícuotas de Bienes Personales se elevaron para los activos en el exterior. El Aporte Solidario también tuvo una carga extra para el patrimonio offshore