RICOS & QUEJOSOS

Radiografía del aporte solidario: AFIP ejecuta y gana por mucho en la Justicia

El impuesto a la riqueza recaudó menos de lo estimado, pero el Estado rastrea rebeldes y sumó $800 millones en cuatro días por fiscalizaciones. El mendoexit.

La recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario que deben pagar las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos (valuados hace un año) aumenta por goteo. Desde los $223.000 millones informados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en mayo, cuando venció el plazo para pagar o suscribirse al plan de seis cuotas, la contribución escaló en seis meses a $236.500 millones, de acuerdo con datos oficiales. En los primeros cuatro días de noviembre y luego de una serie de fiscalizaciones y ejecuciones fiscales, la entidad que dirige Mercedes Marcó del Pont sumó otros 800 millones de pesos. La recaudación seguirá llegando por esta vía, mientras cerca de mil personas discuten el tributo en la Justicia y los tribunales vienen fallando generalmente a favor del Estado.

 

La temporada alta del Aporte terminó en septiembre. Ese mes, según los números informados por la AFIP, ingresaron $21.179,8 millones, como parte del plan de pagos al que pudieron suscribir los contribuyentes. En octubre, el número bajó a $4268 millones. Luego llegaron 88 fiscalizaciones de AFIP, con las que busca $1200 millones adicionales entre personas de altos patrimonios que no pagaron. En pocos días, la Dirección General Impositiva que encabeza Virginia García recaudó dos tercios de esa suma. De todos modos, AFIP recaudó hasta el momento poco más de la mitad de los $400.000 millones que esperaba obtener hace un año, según un informe que el fisco presentó al Congreso antes de la sanción de la ley. Otras estimaciones más prudentes ponían en $300.000 millones el monto consolidado de la contribución. Según informó al Senado hace un año, Marcó del Pont y su equipo consideraron que el 55% del aporte solidario recayó en las 380 fortunas más importantes del país, con patrimonios declarados de $3000 millones o más. 

 

Si más de 10.000 contribuyentes pagaron el Aporte -sobre un universo estimado de 12.000-, casi 1000 decidieron recurrir a la Justicia. Según información del sistema judicial que recolectó Letra P, se contaban hasta fines de octubre 464 causas judiciales contra la AFIP en las que el fisco ya fue notificado y 490 en las que el fisco todavía no había sido informado. La Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo tributario coordina la defensa del Estado, que ejecuta el resto de las dependencias de AFIP. Por ahora, el fisco gana mucho más de lo que pierde.

 

De esas 464 demandas que avanzaron y motivaron contestación de la AFIP, 402 son acciones declarativas de certeza, en las que la parte contribuyente debe aportar prueba que justifique que, en su caso particular, el aporte resulta confiscatorio o implica una supuesta doble imposición junto con Bienes Personales. Las distintas instancias judiciales rechazaron hasta aquí unas 130 medidas cautelares y aceptaron 31. Entre los argumentos recurrentes para rechazar las cautelares -para evitar el pago hasta que se dirima la cuestión de fondo-, los jueces mencionaron la falta de un peligro inminente de imposible reparación posterior y rechazaron, también, la supuesta confiscatoriedad.

 

La mayor cantidad de demandas y también de sentencias favorables al fisco se localizaron en la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor del Estado en las causas que llegaron a segunda instancia. Lo mismo hicieron las Cámaras Federales de La Plata, Resistencia, Paraná, Córdoba y Comodoro Rivadavia. La Cámara Federal de Mendoza -donde la primera instancia otorgó al menos 16 cautelares, la mitad de las vigentes a nivel nacional- validó dos amparos y rechazó otros tantos. 

 

Hasta el 22 de octubre pasado, se registraban siete pronunciamientos judiciales de fondo en primera instancia, todos ellos a favor de la AFIP. En estos casos, los tribunales entendieron que no hubo vulneración al principio de igualdad ante la ley (ya que la norma no establece excepciones) y que, en los casos en cuestión, no se acreditó una supuesta confiscatoriedad. Seis de esas sentencias ocurrieron en tribunales capitalinos, mientras que el restante corresponde a San Nicolás. La Corte Suprema ya tiene al menos un expediente, luego de una apelación de la AFIP ante una sentencia a favor de un contribuyente en Mendoza.

 

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