El frente penal les estalló en la cara a los exdirectores de la cerealera Vicentin. La justicia santafesina imputó a quienes cocinaban las decisiones de la firma por el delito de balance falso por defraudación y estafa a productores granarios y bancos y arrimó nubarrones judiciales, también, para la definición del concurso preventivo, que había empezado a tomar algo de color.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, no se quedó solo con la acusación al directorio que condujo a la cesación de pagos por 1.300 millones de dólares, también pedirá prisión preventiva para alguno de sus integrantes, según entienda las atribuciones personales de cada director en la presunta estafa.
Son 14 personas apuntadas por el fiscal entre dueños, síndicos y personal jerárquico, que el próximo jueves, cuando se retome la audiencia a la que asistieron y en la que se expusieron a los flashes, estarán frente a la posibilidad de ver restringida su libertad ambulatoria, si es que el juez lo concede al entender que hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. Para evitar eso, la defensa ya movió algunas piezas y planteó a la fiscalía un seguro de caución.
Se trata de una herramienta de fianza para garantizar sus obligaciones procesales que, si bien fue confirmada por Moreno como alternativa que le acercaron en el marco del código procesal penal, no se detalló el monto. Según trascendió, orillaría los cinco millones de dólares garantizados, por ejemplo, a través de bienes. Lo cierto es que el solo hecho de pensar en una prisión preventiva espanta a los exdirectores y activa el valor de su libertad.
El pedido de prisión preventiva tiene su fundamento jurídico, pero también opera contra alguna idea de impunidad que pueda quedar flotando después de casi dos largos años del default. Al respecto, Alberto Macua, uno de los imputados, sostuvo en diálogo con Letra P: “La repercusión de Vicentin, por su magnitud, por las repercusiones políticas, no nos da ninguna seguridad de que algo fuera de lugar pueda suceder”. “Esta etapa es una audiencia con el juez y habrá medidas cautelares de las normales o agravadas (prisión preventiva) que resentirían la gestión de la compañía”, advirtió.
Entre los acusados mantienen ciertas suspicacias sobre el avance judicial, pero ya no hablan de un “raid persecutorio” como cuando, a fines del año pasado, el fiscal avanzó con allanamientos. Ahora ponen el acento en lo “inoportuno de la audiencia”, en momentos en que han hecho una propuesta de pago que, por ahora, no prendió y espera avales.
“No decimos que haya persecución y la imputativa sea un trámite más, pero puede ser utilizado para agrandar la situación”, agregó Macua. “Esperamos que, para cuando haya una definición del concurso, estemos totalmente fuera de la causa”, dijo en tono de plegaria Oscar Scarel, acusado en su rol de exsíndico, hoy, director de la cerealera.
El fiscal detalló que le atribuye maniobras de confección de balances falsos donde no se registraban las deudas que Vicentin contraía con los productores granarios. Vicentin tomaba el grano y lo registraba como activo corriente sin registrar la contrapartida, que es el pasivo corriente, esto es, lo que debía pagarle al productor cuando este decidiera efectivizar su cobro con la modalidad "a fijar precio".
También se le imputa al directorio haber emitido certificados de cumplimiento falsos con adulteración del ratio, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, para tener acceso a los desembolsos de las bancos, entre ellos los internacionales, que son los mayores acreedores con unos 500 millones de dólares y claves en la aceptación de la oferta de pago del régimen concursal.