Una serie de denuncias contra la compañía de Seguros Generales Prudencia S.A. para que se investiguen "presuntas maniobras irregulares de retrocesión y transferencias de fondos de primas a sociedades extranjeras que podrían configurar una violación al Régimen Penal Cambiario" agitaron las aguas del mercado asegurador con el fantasma del lavado de dinero y amenaza con salpicar a la Superintendencia que rige al sector, un reducto albertista dentro de la administración nacional.
En septiembre pasado, el presidente de la compañía de seguros Testimonio, Alejandro Alfieri, solicitó una medida cautelar en el Banco Central (BCRA) y aportó pruebas en su reclamo para que se suspenda a la empresa la posibilidad de operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Según la denuncia, a la que accedió Letra P, Alfieri presentó un informe de un "contador independiente" en el que se constata que, entre junio de 2018 y junio de 2021, Prudencia giró casi siete millones de dólares a la Best Meridian International Insurance Company, radicada en las Islas Caimán, en concepto de primas de seguros. En la presentación, sostiene que, en el último ejercicio contable, la empresa denunciada contrató reaseguros en el exterior por el 98% de sus pólizas, algo que califica como inusual ya que ese tipo de subcontratación no suele superar el 10% de la cartera de seguros de una compañía.
El titular de Testimonio afirma también que Prudencia transfiere casi la totalidad de los recursos recibidos por sus primas a la sociedad Porthia, que, según asegura Alfieri, se comprobó que carece de infraestructura y personal para brindar cualquier servicio. De acuerdo a la documentación, los resultados contables negativos de Prudencia repercuten en los balances de su principal accionista, Inversora Securus Global, y ambas son auxiliadas por los aportes financieros de Jade Investment Holding, una sociedad sobre la que la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la disolución y liquidación luego de comprobar que lleva adelante actividades ilícitas y no registra actividad económica alguna ante la AFIP. La hipótesis de la presentación es que se trata de una maniobra fraudulenta para dolarizar y fugar activos.
La denuncia de Alfieri también se presentó ante el Ministerio de Ambiente, debido a que se trata de reaseguros ambientales, la IGJ y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), a cargo de Mirta Guida. Con un paso previo en la repartición desempeñándose en cargos técnicos, la actuaria Guida se transformó, en diciembre de 2019, en la primera mujer en acceder al máximo cargo del organismo de control. Aterrizó allí tras ejercer como gerente general de Provincia Vida, la empresa del Grupo Provincia que se especializa en la comercialización de seguros de vida individuales.
Enrolada en el sector albertista del Gobierno, Guida está sentada en el sillón que ocupó el presidente Alberto Fernández durante el primer mandato de Carlos Menem, entre 1989 y 1995. La huella del actual mandatario en la Superintendencia de Seguros fue continuada por quien es hoy uno de sus ministros más leales, Claudio Moroni. El titular de la cartera laboral sucedió a Fernández en la SSN (1995-98) y volvió a ocupar ese cargo entre 2002 y 2004.
Justamente Moroni quedó eximido de intervenir en la denuncia de Alfieri, debido a que la presentación no se realizó en el Ministerio de Trabajo. Si bien se trata de un ámbito competente, en noviembre de 2020 el ministro se amparó en la excepción que marca la ley para no intervenir en ningún expediente que implique a la firma Prudencia, ya que en el pasado brindó asesoramiento profesional a la empresa.
En tanto, la denuncia dejó en el foco de la atención del sector al pago de primas de Reaseguros, una herramienta de las compañías para diversificar riesgos. Este sistema, además de funcionar como resguardo, se utiliza, según especialistas, porque el patrimonio de las aseguradoras y reaseguradoras nacionales se encuentra alcanzado por el régimen general del impuesto a las Ganancias con un tributo del 35%, mientras que los pagos por “primas de reaseguro al exterior” cuentan con una retención de tan solo 3,5%. Además, se pueden descontar de la base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos.
La denuncia de Alfieri, al señalar el elevado porcentaje de pólizas reaseguradas en el exterior por Prudencia, pone la lupa sobre el mercado local, que, en su conjunto, importa permanentemente reaseguros en concepto de servicios, que paga a través del Mercado Único y Libre de Cambio del BCRA a cotización oficial mayorista. El mecanismo implica que la Argentina gira dólares y el exterior devuelve pases contables que avalan reclamos presentes o futuros que, eventualmente, se cobrarán en forma diferida y en pesos, un vehículo ideal para la fuga de divisas y el vaciamiento de compañías de seguros, según alertan quienes se dedican al control y supervisión del sector.
