Desde que la diputada del PRO Carolina Piparo hizo la denuncia de un robo en la que omitió que, momentos después del hecho, junto a su marido atropelló con el auto a dos jóvenes y siguió camino sin asistir a las víctimas hasta que recibió el primer respaldo político importante de la mesa chica bonaerense de Juntos por el Cambio pasaron cerca de 72 horas. Lento transcurso en el que varios de los principales dirigentes de la oposición analizaron los posibles daños colaterales y comprendieron que, de momento, la mejor estrategia era blindar a la outsider con alto valor electoral y responder en el terreno de la grieta que tan bien saben capitalizar a uno y otro extremo.
La decisión, que no tomaron de manera unánime ni de forma organizada, se basó fundamentalmente en que el principal apuntado por la investigación penal no es ella sino su marido, Juan Ignacio Buzali. Y que la carátula de la causa es por lesiones graves, con posible giro a tentativa de homicidio por pedido de los abogados de la defensa pero que, sea cual fuere la determinación judicial, en episodio no hubo víctimas mortales.
“Esperamos que la Justicia actúe de la manera más clara posible, pero no podemos permitir que la ataquen de manera política”, dijo a Letra P un diputado provincial del PRO que admitió que Piparo es la figura “más taquillera de La Plata” después del propio intendente Julio Garro, a quien también pretenden proteger en un año marcado por las elecciones de medio término.
El primer peso pesado en manifestar su apoyo fue el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO y exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. No sólo envió su solidaridad y recordó la salidera bancaria de la que la diputada fue víctima en 2010, sino que también pidió terminar con las “especulaciones políticas”. Una línea argumental que varias horas después también tomó el intendente Jorge Macri (Vicente López), como principal responsable del PRO en la provincia de Buenos Aires.
Le siguieron el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, el bloque de legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio y diversos dirigentes de la oposición, que incluye a otros jefes comunales como Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), aunque también anotaron sus respaldos en las primeras horas el diputado Alex Campbell y el senador Walter Lanaro, dos de los principales vidalistas en la Legislatura.
A los ojos de los socios políticos en Cambiemos, el caso en torno a Piparo no fue tan grave como especularon en un primer momento, pese a las denuncias contra ella sobre abandono de persona y las acusaciones contra el secretario de Seguridad platense, Darío Ganduglia, sindicado como uno de los garantes para que no le hicieran el test de alcoholemia a Buzali, quien manejaba el auto.
En paralelo a la causa judicial y según reconocieron otras dos fuentes de Juntos por el Cambio con despacho en el palacio legislativo, el Piparo gate les permitió salir a responderle al peronismo en un tema que conocen a la perfección: la inseguridad. La discusión volvió a poner de relieve la grieta, sin que el ala dialoguista de Cambiemos tuviera que pagar por lo que les achacan a los halcones de la alianza, ya que fue el peronismo quien salió con los tapones de punta contra la diputada.
