El Gobierno presentará en las próximas horas un nuevo paquete de ayuda al sector privado de la salud, que mantendrá, en esencia, las condiciones del programa de Ayuda al Trabajo y la Producción (ATP) y las exenciones impositivas, indicaron fuentes oficiales y sectoriales.
Será un complemento al Repro II, publicado este martes en el Boletín Oficial. Pero si ese programa aportará hasta $9000 por trabajador a las empresas con problemas para pagar salarios, el paquete previsto para la salud incluirá mayores recursos públicos. Las clínicas habían advertido al Gobierno, la semana pasada, que no sabían cómo pagarían los sueldos de enero una vez caído el ATP, que aportaba cerca del 50% de las remuneraciones de este sector crítico. A eso se sumaría una exención en el pago de contribuciones patronales, que hasta el año pasado era del 95%.
"El Gobierno está evaluando medidas para poder acompañar al sector, dada su importancia en el marco de la pandemia", indicaron fuentes oficiales. "Irán en línea con muchas de las que se mencionan, pero no están definidas aún", matizaron en la Casa Rosada. "Lo importante es que el Gobierno se reúne con el sector y que sí estamos pensando cosas para ayudarlos, porque lo merecen", agregaron.
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En despachos oficiales diferencian la situación de las prepagas y obras sociales de la de las clínicas, empresas de emergencia y otros prestadores, a pesar de que muchas empresas están integradas. Durante la pandemia, las prepagas y las obras sociales siguieron cobrando las cuotas a sus afiliados. Pero, sobre todo en los primeros meses de aislamiento, la cantidad de prestaciones disminuyó considerablemente, ya que el sistema de salud debió alistarse para atender la emergencia y las personas evitaron hacer estudios y consultas no urgentes. Eso hizo que los ingresos de clínicas y otros prestadores, que cobran por la consulta o el estudio al particular o a su seguro médico, cayeran drásticamente.
Los prestadores médicos reclaman que, además, no tuvieron durante 2020 ninguna actualización de los aranceles que, en muchos casos, se negocian uno a uno con cada empresa de medicina prepaga u obra social. El último y fallido aumento autorizado a las prepagas a fin de año, del 7%, obligaba a trasladar ese monto a los prestadores. Por lo pronto, PAMI anunció que, desde marzo, subirá 30% las retribuciones a los médicos que atienden por esa gigantesca obra social.
En diciembre, el Gobierno convalidó un aumento del 10% en las cuotas de las prepagas. El otro 7%, que debía regir desde febrero, quedó en suspenso, luego del sainete de resoluciones del 31 de diciembre -por la mañana, el Ministerio de Salud oficializó la suba y, por la tarde, la revirtió por orden del presidente Alberto Fernández.
Ese ida y vuelta se sumó a la frase de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de La Plata sobre la necesidad de reformar el sistema de salud. El combo motivó la avanzada de las empresas de medicina prepaga, molestas por la pobre actualización de las cuotas contra una inflación del 36,1% anual y en guardia ante los dichos de la expresidenta.
El Gobierno, las obras sociales y prestadores saben que el sistema funciona mal y que tiene problemas estructurales, pero también coinciden en que no es el momento de discutirlo. "El ATP puso en suspenso los problemas estructurales del sistema y ahora quedan en evidencia", reflexionaron en un despacho oficial.
Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantuvieron en estas semanas reuniones con los dueños de las prepagas -con Claudio Belocopitt a la cabeza- y referentes de las clínicas y otros prestadores de salud. Allí adelantó que el Estado ayudaría a las empresas, pero no hubo novedades sobre el aumento que siguen reclamando las prepagas. Por lo pronto, para acceder al ATP o a su continuidad en forma de Repro las empresas deben demostrar un fuerte deterioro en sus balances.
El sistema de salud de la Argentina es un monstruo de muchas cabezas. La salud pública está descentralizada y buena parte del esfuerzo y de los servicios recaen en las provincias y los municipios. Las prepagas representan entre el 15 y el 17% del mercado, pero el grueso de las afiliaciones recaen en obras sociales sindicales (grandes, medianas y chicas) y, sobre todo, en el PAMI. Las obras sociales pequeñas sirven de puente para derivar aportes a las prepagas. Algunas grandes, como Swiss Medical y Galeno, también cuentan con sanatorios.
Hay casos, como el del Grupo Olmos, en los que la fuerza de la obra social sindical da caja y poder para verticalizar el negocio: ligada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la compañía creció y tiene una prepaga,18 sanatorios, un laboratorio y una droguería, además de los medios del Grupo Crónica. Y no es menor el rol de los laboratorios nacionales y multinacionales y las droguerías. La complejidad del sistema y los intereses cruzados dificultan cualquier intención de realizar una reforma estructural en un sistema público-privado en crisis, con un sector privado que en la actualidad reclama fondos públicos y aumentos de tarifa para brindar atención a sus afiliados.