La tarea para el hogar que impone la negociación con el Fondo bueno

El perfil de la deuda renegociada con privados impone, tras una tregua, pagos importantes a partir de 2025. Los mismos no podrían ser afrontados en su totalidad con recursos propios, por lo que sería necesario que, para entonces, la Argentina hubiese restaurado su acceso al mercado voluntario de crédito a tasas de interés razonables, probablemente no el 3,07% promedio aplicado a los títulos del canje, pero, sin dudas, tampoco el 7% en dólares de los últimos años que llevó al país a la reciente encrucijada. En la necesidad de refinanciar vencimientos, el camino será largo y recién comienza.

El último informe del Instituto de Capacitación Bursátil (ICB) demuestra lo lejos que está todavía la Argentina de poder realizar emisiones a tasas sensatas. Según señaló, en el grey market (“mercado gris”, condicionado a la circulación efectiva de los papeles) de la semana pasada, “la curva ley local rindió en promedio 11,25%, mientras que la ley extranjera (lo hizo en) 11%”. La normalización plena del mercado acaso mejore algo esas tasas, aclaró.

Si bien dichos valores están dentro de los esperados en el contexto del canje, distan de reabrirle al país el mercado internacional. Para ese objetivo, el país deberá trabajar arduamente.

Se espera que Guzmán eleve al Congreso antes del próximo martes 15 el proyecto de ley de Presupuesto 2021, que contendrá las proyecciones que le reclaman al Gobierno quienes denuncian la inexistencia de un plan económico. En términos fiscales, el ministro ya anticipó que el déficit primario (antes del pago de deuda) caerá del 7 o el 8% previsto para este año a 4,5%, inicio de un camino hacia el equilibrio que pretende concretar en 2023.

La administración de Alberto Fernández ya puso en marcha formalmente las consultas con el FMI, las que deberían concluir hacia marzo o abril del año que viene, antes del vencimiento de 5.000 millones de dólares previsto en el programa negociado por Mauricio Macri. Eso, a su vez, permitirá reordenar los compromisos con el Club de París. A cada santo, una vela…

El gran interrogante, en ese sentido, es si el Fondo de Kristalina Georgieva se mostrará tan abuenado como supone el Presidente o reclamará un sendero de consolidación de las cuentas públicas más acelerado.

El acuerdo caído es un Stand-by, destinado a asistir a países con problemas transitorios de balance de pagos, con plazos de reembolso de tres a cinco años y, por lo tanto, sujetos a menores condicionalidades. El Gobierno desearía reeditar ese tipo de acuerdo para evitar que el FMI pusiera sobre la mesa temas espinosos como la reforma laboral y, sobre todo, la previsional. Sin embargo, su necesidad de posponer lo más posible la devolución del monto adeudado podría hacer inevitable que el arreglo se encuadre en un temido Programa de Facilidades Extendidas (EFF). Este tipo de planes, diseñados para atender problemas económicos estructurales, deben devolverse entre los cuatro y los diez años. Su problema son, justamente, las condicionalidades que implican.

En un caso u otro, la normalización de la deuda con el Fondo incrementará la necesidad del país de refinanciar vencimientos que se harán fuertes en los años venideros.

Una Argentina obligada a refinanciar compromisos deberá demostrarle al mercado que cuenta con dólares suficientes como para hacer frente a parte de los mismos en el futuro.

 

De acuerdo con el último informe de la consultora Ecolatina, dependiendo de que la renegociación se dé en forma de Stand-by (SBA) o de EFF, “2024 y 2025, respectivamente, serían los años en que comenzaría a devolverse el préstamo del FMI. En el caso del SBA, en 2024 nuestro país debería cancelar 9.000 millones de dólares con el organismo multilateral, por lo que sumando los 3.500 millones a pagar bonistas, los compromisos en moneda dura superarían los 12.000 millones de dólares”.

“Asimismo, los vencimientos totales superarían 25.000 millones de dólares en promedio en 2025 y 2026, pues concentrarían los pagos más fuertes con el FMI. En cambio, bajo un EFF los compromisos más importantes comenzarían en 2025 (12.300 millones) y se mantendrían en torno a los 17.000 millones de dólares entre 2026 y 2031”, continuó.

No es poco. En ese marco, una Argentina obligada a refinanciar compromisos deberá demostrarle al mercado que cuenta con dólares suficientes para hacer frente a parte de los mismos o, si pretende rollearlos en su totalidad, que los tendrá en el futuro. Eso llevará al país a resolver de una vez el problema de las compras masivas de dólares por parte de millones de ahorristas que drenan las reservas escasas del Banco Central.

“Nada (…) bastará si la disponibilidad de divisas no alcanza para que el Sector Público ‘compre’ el excedente (de divisas comerciales). Por ende, generar condiciones para un salto exportador del sector privado –o generar un boom de ingreso de inversiones productivas, lo que parece muy poco probable en el corto plazo–, permitiendo ampliar de manera significativa la oferta transable, será clave para poder enfrentar esos vencimientos en moneda dura”, indicó Ecolatina. 

Tiempo al tiempo. Lo urgente es aliviar y no endurecer el cepo cambiario. La presión sobre las reservas, sin embargo, es intensa y en los próximos días, con los títulos del canje en caja, el Banco Central tendrá un poder de fuego de 14.000 millones de dólares para incidir en la cotización en pesos de los mismos y reducir así la brecha entre los tipos de cambio paralelos y el oficial.

Si lo lograra, los peligros de un endurecimiento del cepo o de una devaluación de la cotización oficial quedarían provisionalmente conjurados. En caso contrario, un desdoblamiento formal del mercado es una posibilidad en estudio.

Son muchas las tareas que, con un Fondo bueno o con el de siempre, el país deberá encarar para poder mirar al futuro.