Economía

El Gobierno prueba si el FMI se hizo bueno, pero en Washington huele a azufre

Se apresta a negociar por 44.000 millones de dólares del Stand-by de Macri. Líneas rojas. ¿Georgieva ayuda? Jekyll y Hyde. El riesgo de la elección en el BID.

El inicio, en las próximas semanas, de las negociaciones para poner en orden la deuda de 44.000 millones de dólares del acuerdo Stand-by firmado por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y caído desde hace meses promete electrizantes capítulos. El presidente Alberto Fernández cree sinceramente que la directora gerente, la búlgara Kristalina Georgieva, tiene perfil refrescante, pero su confianza en un “nuevo FMI”, abuenado es la misma de todos los gobiernos que precedieron al suyo y terminaron estrellándose contra el paredón de las condicionalidades. En tanto, más realista, el ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé gestiones extensas y complicadas, en las que estarán sobre la mesa cuestiones delicadas como el descongelamiento de las tarifas de servicios públicos, el cepo cambiario y las reformas laboral y previsional.

 

 

Adicionalmente, el diablo puede meter la cola. La elección, el mes que viene en principio, del próximo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene con la novedad de que Donald Trump quiere romper con la tradición que reserva esa silla a un latinoamericano y postula a Mauricio Claver-Carone, un halcón dispuesto a condicionar los créditos a un alineamiento contra Cuba, Venezuela y, aun más relevante, China. La Argentina se opone y capitanea la resistencia, pero enfrenta un dilema de hierro: si tuviera éxito, evitaría esa pesadilla; si no lo tuviera y Trump ganara la reelección el 3 de noviembre, su rencor podría jugar muy en contra del país cuando las gestiones con el Fondo, organismo en el que Estados Unidos pesa como ningún otro país, entren en etapas decisivas. Huele a azufre en Washington.

 

 

Mauricio Claver-Carone, hombre de Donald Trump para conducir el BID.

 

 

El FMI es algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde: cuenta con un staff y una directora gerente, con los que cada país necesitado de auxilio tiene diálogo directo y busca formas de empatizar. Sin embargo, existe allí una identidad oculta, dada por las posturas de los países que suben o bajan el pulgar en un Directorio en el que prima la ortodoxia, en la creencia de que eso asegurará que los deudores tengan recursos en el futuro para devolver dinero que, a fin de cuentas, es aportados por sus respectivos contribuyentes. En términos de poder, Georgieva y el personal de línea influyen, pero la cocina está en Washington, Tokio, Pekín, Berlín, Londres, París y otras capitales.

 

Fernández, Guzmán y el representante ante el organismo, Sergio Chodos, no querrían abandonar el actual formato de Stand-by  en el futuro programa: eso le permitiría al país no tener que enfrentar condicionalidades tan pesadas, pero el problema es que sus plazos de amortización son más breves y la carga que dejó Macri es imposible de afrontar en el mediano plazo. En ese caso, habría que pasar a un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que permite extender los pagos en hasta los diez años, pero, claro, con condiciones más pesadas. Aún sin posición definida por el Gobierno, entre el deseo y las posibilidades se dirimirá la negociación que comenzará a final de este mes o en setiembre a más tardar.

 

 

Kristalina Georgieva y Martín Guzmán.

 

 

Solucionado el frente de los bonistas privados y dado que el primer pago importante previsto en el acuerdo viejo con el Fondo cae en septiembre del año próximo, no hay urgencia para acordar. Sin embargo, el pago debido al Club de París para abril próximo y la necesidad de pasar primero por el FMI hace que, en los hechos, este último sea el plazo para las gestiones.

 

Si las condicionalidades serán difíciles de eludir, conviene repasar el margen de acción del país en cada caso.

 

Primero, el congelamiento de tarifas tiene, por el momento, plazo de vencimiento: el final de este año de pandemia. Lo que debería negociarse, entonces, es un sendero de aumentos más razonable que el de Juan José Aranguren y que no incluya una dolarización plena.

 

Segundo, el control de cambios podrá moderarse y eso está entre los objetivos del Gobierno, pero solo en la medida en que la confianza crezca a la par de las reservas del Banco Central y en que las expectativas de devaluación sean bajas y limiten la dolarización de carteras. Todo eso es difícil de lograr, pero menos que una aceptación del Fondo a cierto nivel de controles: el organismo ha quedado escaldado por lo ocurrido con el acuerdo con Macri, que terminó sirviendo para financiar una fuga de divisas enorme, por fuera de toda la reglamentación.

 

 

 

Tercero, la flexibilización laboral, seguramente será un tema más caliente. Sin embargo, la crisis permanente de la Argentina, la precarización y pérdida de derechos resultantes, los estragos de la pandemia, el empinamiento del desempleo y la vocación de Fernández, ya esbozada en la campaña, de dejar hacer a empresarios y sindicalistas en cada sector serían factores suficientes para allanar la cuestión.

 

No conviene exagerar el carácter “nuevo” del Fondo, un buzón repetidamente vendido en la Argentina, la última vez cuando Macri acudió a él hace dos años.

La línea roja sería la reforma previsional, ya recomendada por el organismo en la revisión de las cuentas nacionales bajo el Capítulo IV en 2018. En eso se centrará la pelea que viene, lo que lleva a Guzmán a pisar el freno del optimismo presidencial acerca de la capacidad de comprensión de “Kristalina”.

 

Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo, tiene, como Georgieva, una mirada política. Su actual posición así lo indica (has recorrido un largo camino, muchacha), pero su mirada es más cupular y menos atenta al carácter democrático de lo político, esto es la posibilidad de los gobiernos de aplicar recetas a como dé lugar.

 

Asimismo, hay indicios de un cambio de orientación en el staff que llegó con Georgieva y, de hecho, el propio organismo ya ha revisado su política de condicionalidades.

 

Sin embargo, no conviene exagerar el carácter “nuevo” del Fondo, un buzón repetidamente vendido en la Argentina, la última vez cuando Macri acudió a él hace dos años.

 

Detrás del FMI están los países y, sobre todo, Estados Unidos, que con su 16,51% de los votos, hace y deshace en buena medida. Así ocurrió cuando Claver-Carone, hombre de relación fluctuante con el actual gobierno y entonces representante interino de su país impuso el mayor Stand-by de la historia, por 57.000 millones de dólares, por orden de Trump “para ayudar a Macri y evitar que el peronismo regresara a la Casa Rosada”, según dijo, citado por Infobae, a fines de julio en una videoconferencia con el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI).

 

Claver ahora es el hombre de Trump para conducir el BID, lo que debería definirse en la votación prevista para el 12 y 13 de septiembre. Como eso contradice una tradición vigente desde 1959, que deja ese organismo en manos de un latinoamericano, el canciller Felipe Solá argentina resiste y activa una movida diplomática para posponer esa elección hasta marzo, con el argumento de que un tema tan importante requiere de un proceso presencial que habilite contactos directos entre los gobernadores votantes.

 

 

 

Así, el país sostiene por ahora la postulación de Gustavo Beliz y articula junto a México, Chile, Costa Rica, Nicaragua y, espera, algunos países europeos el logro del 25% de los votos para bloquear al cubano-estadounidense, anticastrista, antichavista y dispuesto a bloquear la influencia de China, miembro extrarregional del banco, en la región. No hay garantías.

 

El BID y China sin muy importantes para el futuro inmediato de una Argentina que necesitará crédito pero que tardará en volver al mercado voluntario a tasas razonables. El problema es que la rebeldía contra Trump en el BID podría costar cara en la negociación con el Fondo si este lograra la reelección.

 

No hay nada que hacerle: este es un tiempo de apuestas fuertes para el país.

 

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