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El radicalismo presentará un nuevo proyecto a pesar del naufragio de una iniciativa similar impulsada durante el año pasado. La sombra del caso Varisco.

Por 29/09/2020 15:54

La suspensión y renuncia del diputado nacional del Frente de Todos Juan Emilio Ameri por besarle los pechos a su pareja en plena sesión remota unió al oficialismo y la oposición detrás de un objetivo común: evitar que el escándalo se extendiera como una mancha de aceite y aumentara el descrédito que padece la clase política. Cuando el vértigo pasó, cada fuerza política comenzó a analizar cómo evitar que se repita una escena como la del jueves pasado. En Juntos por el Cambio, aseguran que la solución pasa por "revisar las listas de candidatos" antes de que sean sometidas a las urnas y anticipan que presentarán un proyecto para que quienes tengan condenas por corrupción no puedan presentarse a un cargo electivo, aunque la iniciativa conocida como "ficha limpia" ya fracasó el año pasado, cuando un texto similar, presentado por el macrista Pablo Tonelli, naufragó en el recinto por falta de cuórum.

La iniciativa ahora será impulsada por el diputado y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, y buscará replicar la experiencia del proyecto que ya fue aprobado por la Legislatura de Mendoza. En la conducción del partido confiaron a Letra P que las iniciativas de "ficha limpia" son impulsadas en distintas provincias, como Misiones y Córdoba. La versión mendocina es promovida por la legisladora provincial María José Sanz, prima de Ernesto, ex titular del partido y uno de los fundadores de Cambiemos. El sanrafaelino reapareció en las últimas en distintas charlas virtuales y aumentó las especulaciones sobre una posible candidatura en 2021, pero en su entorno apuestan al crecimiento de su prima en el escenario local. 

 

 

Ante las consultas de Letra P, en el oficialismo destacaron la velocidad del cuerpo para expulsar a Ameri, pero no aportaron detalles sobre alguna reforma al reglamento del cuerpo. En el PRO, la diputada Silvia Lospenatto aseguró que buscarán poner precisiones sobre las inconductas en el protocolo de sesiones mixtas que fue renovado hace diez días, pero sus pares reconocen que "jamás se les habría imaginado" que podría pasar una situación como la que protagonizó Ameri.  

 

 

Lospenatto ya presentó un proyecto que le exige a todos los candidatos que expliquen su situación ante la Justicia. Su colega radical Lorena Matzen sostuvo que el futuro proyecto tiene que "servir para contribuir a que los cargos electivos sean ocupados por personas idóneas, (porque) lo que ocurrió el jueves no se puede repetir". El legislador nacional por Salta que fue expulsado la semana pasada tenía denuncias por acoso sexual en su provincia, pero ninguna había derivado en un expediente judicial abierto. 

El debate de revisar los antecedentes penales de los candidatos y evitar su postulación en caso de contar con condenas por distintos delitos atraviesa a los partidos del oficialismo y la oposición. 

 

Sin cuórum. Carrio, durante la sesión especial de 2019 pedida por Cambiemos para el proyecto de ley de "ficha limpia".

 

En la UCR, ese debate tuvo picos de altísima tensión durante la gestión presidencial de Mauricio Macri por las acusaciones de narcotráfico que pesaban sobre el entonces intendente de Paraná, Sergio Varisco. En diciembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de esa ciudad condenó al funcionario a seis años y seis meses de prisión como "partícipe necesario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado”.

La condena cayó como una piedra en el partido y en la alianza opositora, pero desde entonces sus principales referentes eluden la sombra de Varisco y sostienen que la Justicia ya se expidió al respecto. Por el contrario, cerca de Cornejo afirman que, si el proyecto se transformara en ley, "algunos dirigentes del peronismo, como el exvicepresidente Amado Boudou, no podrían volver a presentarse". 

 

 

El proyecto que fue aprobado por la Cámara baja mendocina incorpora el inciso al artículo 37 de la ley orgánica de partidos políticos (4746). Sostiene que "no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos (...), las personas que se encuentren condenadas, en juicio oral y público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso".  

Los delitos incluidos son todos los cometidos contra la administración pública: cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude. La Legislatura local también agregó los delitos contra la integridad sexual, la libertad y el estado civil de las personas.

El texto sostiene que todos los partidos y alianzas "deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, siendo responsables directos de su presentación" ante la Justicia Electoral.