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Anunciado en marzo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto que pone énfasis en la disminución de la desigualdad entre mujeres y varones.

Por 15/09/2020 19:16

“Ninguna política pública es neutral en términos de género. Toda política pública genera un impacto diferencial sobre varones y mujeres, por lo que es indispensable transversalizar la perspectiva de género a todo el accionar del Estado”, expresa un documento elaborado por la organización feminista ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) en "Presupuesto y Género. Una mirada feminista del proyecto de presupuesto 2020", publicado en noviembre de 2019. Hoy, ese planteo cobra otra dimensión: el Ministerio de Economía presentó por primera vez en la historia un proyecto de Presupuesto 2021 con perspectiva de género (PPG). Eso implica un análisis de cómo recauda y cómo gasta el Estado para medir el impacto de las políticas públicas en la reducción de las brechas entre mujeres y varones.

 

 

Aunque en 2018 el Ministerio de Hacienda comenzó a identificar las partidas presupuestarias con incidencia positiva con la etiqueta PPG, los presupuestos de los últimos dos años, a diferencia de éste, no habían sido pensados con una mirada sensible a la desigualdad.

La Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, a cargo de Mercedes D’Alessandro, coordinó con la Oficina Nacional de Presupuesto para hacer el seguimiento de los programas mediante la metodología del etiquetado, que identifica las políticas que permiten que las mujeres accedan a derechos o se cierren brechas de género. “Hace años que venimos impulsando esta herramienta fundamental para poder hacer un seguimiento de las políticas públicas que cierran brechas de género, pero, también, para dar debates reales y concretos”, sintetiza D’Alessandro y completa: “En el presupuesto, se ven las prioridades del Gobierno y hoy podemos encontrar cuáles son los instrumentos con los que contamos para tener una sociedad más inclusiva”.

“El presupuesto es una herramienta de política pública central mediante la cual el gobierno establece sus prioridades y, como consecuencia, se garantizan derechos”, sostiene el documento elaborado por la Dirección de D’Alessandro, que hizo, además, trabajo de incidencia contactando a áreas de género en distintos ministerios para relevar su trabajo y participar en la redacción del mensaje que acompaña al proyecto de ley.

 

 

LAS BRECHAS, EN NÚMEROS. Las desigualdades de género, hoy profundizadas por la pandemia, se reflejan en términos de tiempos y de cuidados (las mujeres realizan el 75,7% de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, el 88,9% participa de estas tareas y le dedica en promedio 6,4 horas diarias y sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedica un promedio de 3,4 horas diarias); en términos laborales (las mujeres y personas travestis y trans enfrentan el mercado de trabajo en condiciones marcadamente desiguales respecto a sus pares varones) y, también, de ingresos (las mujeres reciben menos ingresos que sus pares varones en todos los niveles y condiciones ocupacionales) y requieren de políticas públicas destinadas a disminuir esa desigualdad.

La aprobación de determinados programas, la definición de cómo se distribuyen los recursos y las fuentes de financiamiento (impuestos, subsidios, exenciones impositivas, entre otras) son decisiones que tienen efectos de género. En ese mapeo que supone un PPG, entran, entonces, desde las partidas destinadas a urbanización y vivienda (la construcción de espacios de cuidados, lactarios y jardines maternales), empleo (por ejemplo, el cupo laboral travesti trans), transferencias de ingresos (AUH, en donde el 94% son mujeres), violencias (recursos destinados a prevenir y erradicar las violencias por razones de género, como el refuerzo de la línea 144) y educación (asignaciones para educación sexual integral).

 

 

El primer país en ponerle perspectiva de género a un presupuesto nacional fue Australia en 1984. Once años después, en 1995, en la Cuarta Conferencia de Beijing, donde 189 estados incluida la Argentina firmaron la Declaración y Plataforma de Acción -el principal documento de política mundial sobre igualdad de género-, se impulsó el enfoque de género en los presupuestos públicos. En estos días se cumplen 25 años de aquel momento histórico en el que además de reconocer por primera vez los derechos de las mujeres y las niñas como derechos humanos, los gobiernos se comprometieron a garantizar que todas sus políticas y programas reflejen una perspectiva de género.

Desde entonces, los países que más avanzaron en este sentido son Bolivia, Canadá, Ecuador, India, México, Suecia, Italia, Marruecos y Sudáfrica, que han realizado grandes avances en este sentido. En la Argentina, hasta estos días, únicamente la Ciudad de Buenos Aires tiene una legislación de presupuesto con perspectiva de género.

El PPG ya había sido anunciado en presencia del ministro Martín Guzmán cuando se presentó en sociedad la Dirección de Igualdad, Género y Diversidad, el 9 de marzo de este año, pocos días antes de que el covid fuera declarado pandemia. “Se está trabajando para poner en marcha un Presupuesto con perspectiva de género que pueda recopilar los esfuerzos del Gobierno para que las políticas cierren la brecha de desigualdad”, anticipó la economista feminista en ese momento. Ahora falta el recorrido por el Congreso para que esa iniciativa se haga realidad.