¿Es este el mejor momento para reformar la justicia?

La controversial designación del abogado de CFK en la comisión que asesorará al Presidente resulta difícil de justificar ante la opinión pública.

La decisión del gobierno de avanzar con el proyecto de reforma de la justicia habilita preguntas y sospechas acerca de las motivaciones que impulsaron la iniciativa. Una decisión de esta naturaleza no se hace sin analizar previamente los costos y los beneficios que pueden derivar de la misma. El gobierno de Alberto Fernández decidió abrir un nuevo frente de debate y disputa de poder sobre un tema que preocupa, pero que está lejos de ser una prioridad para la mayoría de la población en este momento. 

 

Todos los estudios de opinión pública coinciden en señalar que la justicia es una de las instituciones del Estado que más rechazo despierta, pero no es la única. Los argentinos desconfían de la justicia, pero también desconfían del poder político, de las fuerzas de seguridad, de los sindicatos y de los medios de comunicación. Hay consenso sobre la necesidad de mejorar el funcionamiento de todas las instituciones del Estado, incluyendo la justicia. Sin embargo, no está claro por qué en este momento debería ser una prioridad para la sociedad argentina encarar un nuevo proyecto de reforma de la justicia antes de realizar cambios profundos en otras áreas que demandan tanta, o más atención. 

 

El Gobierno decidió oportuno arriesgar una parte de su capital político en una pulseada compleja, sobre un tema técnico que es muy difícil de entender para la mayoría de los ciudadanos y que no impactará de manera inmediata en la vida diaria de los argentinos. Mientras gestiona una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en la historia, abre un nuevo frente de debate al que tendrá que asignar recursos humanos, tiempo y dinero. 

 

 

La controversial designación del abogado defensor de Cristina Kirchner en la comisión que asesorará al presidente, resulta difícil de justificar de cara a la opinión pública. Cuesta creer que el Gobierno no haya sopesado las consecuencias de esa decisión desde una mirada estratégica de la comunicación ya que, más allá de la reconocida capacidad técnica de Carlos Beraldi, el Gobierno no puede garantizar su independencia de criterio. Desde lo simbólico, ofrece a la oposición un argumento tan simple como potente para cuestionar la intensión del proyecto y forzarlo a la defensiva antes de tiempo. 

 

Antes de que el proyecto fuera presentado por el presidente, la oposición ya había adelantado su rechazo a la iniciativa alegando que la propuesta sólo pretendía lograr la impunidad de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. La oposición aprovecha esta oportunidad porque sabe que el gobierno carece de la legitimidad necesaria para tratar un tema sensible que moviliza, esencialmente, al electorado de Juntos por el Cambio. 

 

No pretende esta columna analizar el contenido del proyecto de reforma de la justicia sino la conveniencia, o no, de promover en este momento un debate que divide a la sociedad y brinda a la oposición una nueva oportunidad para cerrar filas frente al gobierno. Si bien la oposición aún tiene serias dificultades para organizarse, es esperable que sus dirigentes (y medios afines) aprovechen la desconfianza que tiene la ciudadanía sobre el perverso vínculo de complicidad entre el poder ejecutivo y el poder judicial, para alimentar el miedo y las sospechas acerca de las motivaciones de la reforma judicial. 

 

Reconstruir la confianza en las instituciones debería ser una de las prioridades de este y de cualquier gobierno que pretenda fortalecer el sistema democrático. La confianza es el valor más importante para lograr la estabilidad institucional, económica y social.  

 

El descrédito de las instituciones argentinas afecta a todas las esferas de la vida. La desconfianza en las instituciones democráticas, en las que se supone que la ciudadanía delega responsabilidades y autoridad para gestionar los conflictos, se traslada a una sobredimensión de la figura del presidente donde se concentran todas las demandas.  

 

El presidente Alberto Fernández decidió conveniente hacerse cargo de la comunicación de su gobierno, centralizando en su figura el anuncio de las principales medidas. De esta forma, logró el apoyo casi unánime de la población durante la primera etapa de la pandemia. Sin embargo, a medida que la cuarentena se extendió más de lo previsto y las urgencias económicas se acumularon, la sociedad comenzó a perder paciencia y confianza en la capacidad del gobierno para encontrar soluciones a la crisis social que afecta al país, exponiendo al presidente a un desgaste prematuro de su imagen. 

 

La sociedad argentina atraviesa un momento de profunda incertidumbre, frustración y miedo. Aunque el gobierno de Alberto Fernández aun goza de altos índices de aprobación, necesita consolidar su liderazgo ofreciendo a los argentinos un nuevo horizonte de mejora y previsibilidad. 

 

Un sector del electorado y de la dirigencia que integra la coalición gobernante reclama al presidente medidas más audaces que renueven la épica que supo construir el kirchnerismo durante el mandato de Cristina Kirchner. Estos votantes, que celebran el estilo confrontativo de la vicepresidenta, no se sienten del todo identificados con la actitud dialoguista y moderada de Alberto Fernández.

 

Uno de los argumentos utilizados para defender la presentación del proyecto de reforma judicial en este momento, es que Alberto Fernández se había manifestado a favor de realizar cambios en la justicia durante la campaña electoral en 2019 y por lo tanto estaría ahora cumpliendo con una de sus principales promesas. El problema con este argumento es que parte de una premisa falsa ya que el Frente de Todos no ganó las elecciones por sus propuestas sino porque logró seducir el voto de un sector de la clase media urbana que se sentía defraudada por la gestión económica de Macri y buscaba una alternativa de centro para reactivar la economía. 

 

Ese segmento de la población, que no reconoce lealtades partidarias, está más preocupado por la dificultad de llegar a fin de mes, el aumento del delito, la salud y la educación de sus hijos.

 

Los votantes duros del Frente de Todos harán bien en recordar que, a pesar de la ineficiente y cuestionable gestión de Mauricio Macri, la formula Fernández-Fernández se impuso por tan sólo 8 puntos porcentuales en las últimas elecciones.  Aunque muchos de esos votantes (y de los dirigentes) estén en desacuerdo con el estilo moderado de Alberto, si aspiran a ganar las próximas elecciones, tendrán que contener la ansiedad de recuperar la retórica y la mística que imprimía Cristina a su gobierno.

 

El gobierno de Alberto Fernández necesita fortalecer el vínculo con los votantes de clase media que lo ayudaron a concretar su victoria en las últimas elecciones. Para lograrlo, además de explicar por qué es prioritario llevar adelante la reforma judicial y garantizar un debate plural y transparente, tendrá que generar un nuevo horizonte de recuperación y progreso económico a partir de medidas concretas que le permitan cumplir con la principal promesa de su campaña, poner a la Argentina de pie.   

 

Los jueces de la Corte Suprema, durante la Asamblea Legislativa inaugurada por Javier Milei.
Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, con Cecilia Moreau. 

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