“Focalizar el problema del narcotráfico en la persecución de micro-vendedores callejeros representa una política criminal fracasada (carente de resultados positivos verificados), insostenible (por los cuantiosos e infructuosos costos que representa para una provincia en crisis económica) e ineficaz (pues nunca la persecución del último eslabón de las bandas narco-criminales puede desmantelar su organización), que debe ser reenviada a la competencia federal, única autorizada a realizar investigaciones inter-jurisdiccionales que permitan atacar a la cúspide de este tipo de organizaciones”. Con esa conclusión, la Red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires cierra un lapidario diagnóstico sobre la lucha contra el narcotráfico en territorio bonaerense y propone dejar de perseguir el microtráfico de drogas.
El documento salió mientras el Gobierno nacional da las puntadas finales a un plan de seguridad para el conurbano bonaerense, donde se registran las cifras históricas más preocupantes del delito. Como anticipó Letra P, se trata de un proyecto al que se destinarán 10.000 millones de pesos, que incluye más patrulleros, agentes y equipos, además de mejoras edilicias en comisarías, entre otros.
En el informe al que accedió este medio, magistrados y magistradas encargados de perseguir y juzgar a personas que se dedican a la venta de drogas sostienen que, pese a que gran cantidad de agentes policiales, empleados, funcionario y fiscales hayan sido destinados específicamente a esta tarea en toda la provincia, “no se advierte la disminución del problema que han venido a resolver: se han gastado muchos recursos sin verificar el cumplimiento de objetivo alguno”.
El sistema actual produjo una “saturación” de recursos materiales y humanos sin logros. Un informe de la Procuración General indica que en 2018 se iniciaron 63.198 investigaciones penales preparatorias y, de ellas, más de 65% resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, mientras que más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal.
CAMBIO DE PARADIGMA. La justicia bonaerense comenzó a investigar el narcotráfico en 2005, luego de un amplio debate impulsado por el entonces gobernador Felipe Solá, que incluyó modificaciones a la legislación nacional. Se modificaron las competencias en materia de estupefacientes al trasladar de la Justicia federal a la provincial la investigación por tenencia de drogas para consumo personal y su venta a menor escala.
Esta nueva competencia de la justicia provincial vigente hace 15 años explica en parte la saturación del sistema carcelario, donde se registra una “crisis humanitaria”, según sostuvo al inicio de su gestión el ministro de Justicia, Julio Alak, y replicaron los jueces penales en su reciente informe.
A la fecha de implementación de la ley de desfederalización, la provincia de Buenos Aires ya había sido denunciada por violación a los derechos humanos por sobrepoblación y hacinamiento ante organismos internacionales; por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había observado la deficiencia en la actuación de los poderes públicos locales.
Sin embargo, en aquel momento se optó por asumir las competencias en esta materia, profundizando en la actualidad la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario. Según datos oficiales, la tasa de detención actual es récord histórico: 336 personas detenidas cada 100.000 habitantes; en 2006 era de 139 cada 100.000.
Según datos del Registro Único de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires (RUD), al 31 de diciembre de 2019, de un total de 58.300 personas privadas de libertad bajo distintas modalidades, 8.113 lo estaban por delitos relacionados a la ley de estupefacientes, es decir, el 13,9% del total. Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal (SNEEP), a fines de 2018 se ubicaba como la tercera modalidad delictiva de encierro con 5.626 menciones, sólo superada por los delitos de robo y tentativa de robo (18.480) y los homicidios dolosos (5.749).
La entidad hizo foco en los números del encierro y en la cantidad de recursos humanos y económicos que destina el Estado provincial para la custodia intramuros de los micro vendedores de estupefacientes. “Ello importa para el Estado local, no sólo una superpoblación carcelaria (que hoy también repercute en el estado de emergencia de las comisarías) para la que no está preparado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), sino que esto utiliza una porción importante de los recursos del sistema, que debieran invertirse en tratamientos útiles para mejorar las posibilidades de reintegración social de las personas detenidas por delitos de exclusiva competencia provincial”.
Desde el punto de vista económico y en base a datos oficiales del Ministerio de Justicia provincial, los jueces concluyeron que cada detenido le cuesta al menos 43 mil pesos mensuales al Estado bonaerense. Las cifras surgen de un informe de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. “En el año 2019, el costo total por 4.915 personas presas en el Servicio Penitenciario Bonaerense ascendería a más de tres mil doscientos millones de pesos ($3.246.818.179,98), calculando que cada” persona privada de su libertad “cuesta más de cuarenta y tres mil pesos al mes. En tanto que el costo total –siempre calculando la actualización por inflación– desde 2005 al 2019 habría ascendido a casi treinta mil millones de pesos”.
En las conclusiones del documento de la judictura se detalla que el confinamiento de vendedores al menudeo “ataca al sector más fungible del mercado ilegal”. “Los vendedores son personas sin preparación, ubicados en el último eslabón de la cadena delictiva, por tanto su ‘neutralización’ –detención– no afecta la estructura de la organización, y su reposición como recurso humano es muy sencilla, por la escaza preparación requerida y su fácil reclutamiento en un contexto de precariedad económica”.
Estas características del fenómeno muestran la necesidad de conducir las investigaciones hacia las instancias superiores de la organización, que por su escala, se presume, debe ser de competencia federal. “La prisionización masiva de sujetos implicados en el narcomenudeo, protagonizado por una jurisdicción local que no puede ir contra las cabezas de las organizaciones, resulta un instrumento manifiestamente inidóneo para desarticular estas bandas criminales”, resaltaron en el documento.
