27|1|2023

Jueces penales denuncian “condiciones de infrahumanidad” en comisarías bonaerenses

18 de agosto de 2020

18 de agosto de 2020

Hicieron un relevamiento con datos de todos los departamentos judiciales. Sobrepoblación de 260% con casos de 568%. El antecedente de la CPM.

“Situación de extrema gravedad”. “Condiciones deplorables de infrahumanidad”. “Grave situación humanitaria”. “Una verdadera catástrofe, una crisis humanitaria de una magnitud que no conoce precedentes”. Con esas afirmaciones, la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires dio a conocer un relevamiento realizado sobre todas las comisarías bonaerenses, donde afirman que hay un hacinamiento en calabozos el 260% promedio y que en casos puntuales llega a superar el 500%. El documento en el que reflejan eso y al que accedió Letra P, piden que se reestablezca la “plena operatividad” de la mesa de diálogo bonaerense que integran, los ministros de Seguridad y de Justicia Sergio Berni y Julio Alak.

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El trabajo fue realizado con datos oficiales en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Plata es el que registra el mayor índice de sobrepoblación en las comisarías, cuyos calabozos se transformaron en un sistema penitenciario paralelo al provincial, con una sobrepoblación del 568%, según el informe.

 

La red de jueces intenta que el documento sirva para el análisis de políticas provinciales con el objetivo de reducir y terminar con el hacinamiento, situación agravada por la pandemia de coronavirus. La sobrepoblación combinada con la falta de protocolos sanitarios transforman a las comisarías en una bomba de tiempo que, de estallar, impactaría en el sistema de salud, cuya capacidad de respuesta decreció drásticamente en las últimas semanas por la suba de casos de contagios.

 

 

En la mitad de los departamentos judiciales bonaerenses “se pudo verificar la existencia de comisarías habilitadas como centros de detención, pese a tener los calabozos clausurados –por decisión administrativa del Ministerio de Seguridad o por resolución judicial–, al no estar en condiciones materiales para alojar personas detenidas. Peor todavía, a veces albergan gran cantidad de presos”, sostuvieron los magistrados en su informe. La situación no es nueva: las dos administraciones en Seguridad anteriores, comandadas por Ricardo Casal y Cristian Ritondo, tampoco cumplieron con las medidas cautelares ni con los propios actos administrativos de su ministerio.

 

A entender de los jueces, la situación de hacinamiento “lejos de contribuir al mejoramiento de ese problema, distrae muchos recursos humanos, convirtiendo a los empleados y funcionarios policiales en carceleros, en vez de estar cumpliendo con sus funciones en la prevención del delito y en la atención de las víctimas, pues esas dependencias son centros de atención primaria de la seguridad vecinal”.

 

La mayoría de los calabozos provinciales presenta ambientes sin ventilación, con poca o nula iluminación, sin capacidad de respuesta a las necesidades higiénicas y a las demandas sanitarias, sin la alimentación apropiada, con déficit de camastros y colchones.

 

 

 

ANTECEDENTES. No es la primera vez que la Red de Jueces Penales advierte sobre este problema. Ya lo había hecho en otros documentos publicados el 13 de junio de 2015 y el 8 de marzo de 2017. En este nuevo relevamiento dejaron en claro que “la gravísima realidad de superpoblación que afecta a las dependencias policiales provinciales representa una verdadera catástrofe, una crisis humanitaria de una magnitud que no conoce precedentes”, se destaca en el informe.

 

Según los datos recabados por los magistrados, “hay 5.474 detenidos alojados en condiciones deplorables de infrahumanidad, en los establecimientos dependientes del Ministerio de Seguridad”.

 

“Sin perjuicio de que las comisarías no deben ser penitenciarías barriales, ni centros de alojamiento permanente de personas privadas de su libertad, hemos relevado, asimismo, que el cupo máximo de todas las dependencias policiales, en el territorio provincial, es de 2 mil detenidos, por lo cual nos encontramos ante una situación de sobreocupación de más del 260%, lo que excede largamente el límite de lo tolerable”, se detalla en otro pasaje del informe.

 

 

 

En uno de los párrafos más contundentes los jueces retrataron: “Muy a menudo, ese nivel de hacinamiento se ve notoriamente agravado por las deplorables condiciones edilicias (…). En definitiva, sin los mínimos recaudos como para mantener a personas alojadas por lapsos prolongados, con lo cual se contrarían las más elementales normas de derechos humanos, prescriptas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas y, además, plasmadas en numerosos decisorios judiciales locales, nacionales e interamericanos”.

 

Los magistrados instaron “con la premura del caso” a los tres poderes del Estado provincial a trabajar en la búsqueda de “soluciones” al problema “restableciendo la plena operatividad de la mesa de diálogo creada en el ámbito del Ministerio de Justicia bonaerense”, en lo que parece un mensaje directo a los ministros Alak y Berni, entre otros actores de ese espacio interinstitucional.

 

Fue a esa mesa de diálogo a la que Berni llevó su propuesta de cárceles contenedores para el traslado de presos en comisarías, idea que fue rechazada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité Nacional para la Prevención de Torturas (CNPT), tal como este medio informó en febrero pasado.