El juego online es legal en la Ciudad de Buenos Aires desde 2019, pero aún queda pendiente su puesta en marcha. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prevé habilitarlo definitivamente en octubre y sumar al Hipódromo y el Casino Flotante de Puerto Madero, pero choca con sus aliadas Elisa Carrió y Graciela Ocaña, que denuncian que la maniobra beneficia al empresario Cristóbal López.
Convencidas de que es el símbolo, junto a Lázaro Baéz, del empresariado kirchnerista que denuncian desde hace años, Carrió y Ocaña le marcan la cancha al jefe de Gobierno y le exigen que deje afuera a López del loteo de licencias para operar las apuestas online en la Ciudad. Aunque libró una guerra abierta con Mauricio Macri, el CEO del Grupo Indalo lleva una relación cordial con Rodríguez Larreta, logrando una convivencia sin tensiones durante su dominio en el Hipódromo de Palermo. Ahora, y pensando en su expansión política y su aspiración presidencial, el jefe de Gobierno no tiene ánimos de romper puentes con el dueño de una de las principales señales de noticias de todo el país.
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El planteo de las jefas de la Coalición Cívica y Confianza Pública, abanderadas de Juntos por el Cambio (JXC) en la lucha contra "el empresariado K", amenaza con romper esa paz. Así como Carrió y Ocaña sostuvieron que la moratoria impositiva que consiguió el Gobierno en el Congreso es un traje a medida para el empresario patagónico, en la Ciudad reclaman que López no sea tenido en cuenta en el reparto de licencias para explotar salas de juego virtuales.
En 2019, la regulación del juego online que aprobó la Legislatura porteña excluía a las salas físicas, como el Casino Flotante de Puerto Madero y el Hipódromo de Palermo. Por ese entonces, Carrió y Ocaña le reclamaron ese requisito a Rodríguez Larreta como un freno a Cristóbal. Ahora, producto de la pandemia, esas casas de juego permanecen cerradas y, por lo tanto, sin recibir ganancias ni tributar impuestos. Ante el reclamo de las compañías que administran ambas salas, con más de tres mil salarios a su cargo y dificultades para abonar sueldos, el larretismo avanza para modificar la legislación e incorporarlas al lote de habilitadas para entrar al juego online.
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En este contexto, Carrió y Ocaña le exigen a Rodríguez Larreta que renueve su promesa de 2019 y refuerce la cláusula de la Lotería porteña (LOTBA) para mantener a López afuera. Ese es el planteo que la propia Carrió le elevó al jefe de Gobierno en una conversación telefónica que tuvieron esta semana, recordándole que sobre López pesa un procesamiento por presunto lavado.
Actualmente, la legislación establece que quienes tengan condena firme no pueden presentarse para solicitar licencias de juego online. Carrió y Ocaña se unen para que también alcance la prohibición a quienes cuenten con un procesamiento firme, confirmado por segunda instancia, o con elevación a juicio. Ese es el cambio que buscan introducir en la resolución de LOTBA, que llegará a la Legislatura de la Ciudad en los próximos días.
De acuerdo al texto de Carrió y Ocaña, la claúsula para excluir a López está detallada en el "inciso K". Casualidades de la burocracia legislativa. Por las dudas, tienen un plan B: modificar la normativa de juegos de apuestas (Ley N°538). Carrió y Ocaña hacen pesar sus nueve bancas para que Rodríguez Larreta acceda la mayoría simple para sancionar la regulación.
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Rodríguez Larreta aceptará la exigencia, quizás a sabiendas de que la propuesta de "ficha limpia" no le generará ningún conflicto directo con López. Según admite el gobierno porteño, el empresario de medios, petrolero y del juego no figura ni como dueño ni accionista de la firma HAPSA, hoy en manos de Federico Achával. Lo mismo pasa con el Casino Flotante. La propiedad de la sala de juegos de azar de Puerto Madero está divida en dos. El 50% pertenece a Nortia, una firma del español Manuel Lao que reemplazó a la histórica Cirsa. El 50% restante es propiedad de los empresarios Ricardo Benedicto (Casino Club) y Achával (HAPSA) que, a su vez, se reparten la mitad de ese porcentaje.
Según estima Rodríguez Larreta, el juego online tributaría 600 millones de pesos por año. De ese total, el 70% debe ser destinado para programas de desarrollo social y vivienda. Con un presupuesto de 480 mil millones, la suma no es significativa la Ciudad pero tampoco desechable. Cuantos más jugadores, mejor. Ese es el planteo del jefe de Gobierno, alimentado por Fabián Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri, investigado como parte de la mesa judicial que presionaba jueces y juezas durante el gobierno de Cambiemos, autor intelectual de la estrategia de la Ciudad para cobrar los impuestos al juego adeudados durante décadas y quien diseñó el plan para regular las apuestas online.
Entre otros aspectos, los jugadores deben ser mayores de 18 años, registrarse con una tarjeta de crédito y no cobrar un plan social. Además, las empresas, a diferencia del régimen que promovió María Eugenia Vidal, solo pueden explotar la licencia por cinco años. En rigor, se trata de permisos precarios y no concesiones, porque así lo obliga la Constitución porteña. Aunque parecerno haber sido detectado por el radar de Carrió, Daniel Angelici también tramita el permiso para incluir a sus compañías en las apuestas online.