EL PODER DEL JUEGO

El Casino Flotante, una caja de casi $1.900 millones que preocupa a Larreta

En octubre de 2019 vence la concesión y el Gobierno baraja tres opciones. Hay más de 2.000 puestos de trabajo en juego.

El flamante impuesto del 2% sobre las apuestas en la Ciudad de Buenos Aires trajo como colación un sordo debate en el mundo del juego porteño: ¿Qué pasará con el Casino Flotante de Puerto Madero? Ícono de los juegos de azar de la década menemista, emblema de la relación entre el empresario Cristóbal López y el kirchnerismo, los buques amarrados sobre el Río de La Plata representan una preocupación para Horacio Rodríguez Larreta, que en menos de un año debe decidir si avala su continuidad o propicia el fin de la iniciativa privada de este negocio, tal cual establece la Constitución local.

 

Se trata de una recaudación mensual estimada en $150 millones, según fuentes gubernamentales. De ese total, $120 millones corresponden al canon y $30 millones a impuestos a los Ingresos Brutos, aproximadamente. Ese dinero, elemental para robustecer las arcas públicas, podría desaparecer y generar un conflicto político y social en medio la campaña electoral durante la que Rodríguez Larreta trabajará para la reelección.

 

La propiedad del Casino Flotante está divida en dos. El 50% pertenece a Nortia, una firma del español Manuel Lao que reemplazó a la histórica Cirsa. El 50% restante es propiedad de los empresarios del juego Ricardo Benedicto (Casino Club) y Federico Achával (HAPSA) que, a su vez, se reparten la mitad de ese porcentaje. Desde hace un mes, este tridente de empresarios, por distintas vías y diferentes emisarios, activaron un intenso lobby para conocer de antemano la postura del Gobierno porteño ante la eventual caída de la concesión.

 

 

Cada uno a su turno y por parte de diferentes interlocutores, se toparon con la misma respuesta: "Horacio no quiere gente en la calle. Menos, en un año electoral". Esa declaración también tranquilizó al gremio de los trabajadores de las casas de juego, Aleara. "Estamos en estado de alerta", subrayó el secretario gremial, Ariel Fassione. Al mismo tiempo, los empresarios buscaron vasos comunicantes con el larretismo para intentar dar de baja el impuesto del 2% sobre las apuestas en tragamonedas.

 

El esfuerzo fue en vano, pero al menos pudieron reunirse cara a cara con Pablo Bourlot, el creador del nuevo gravamen, apodado por los popes de la industria como "El Cuco". Participaron de esos encuentros el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura, y el titular de Lotería de Buenos Aires, Martín García Santillán. El Gobierno se mostró inflexible y apuró el trámite en la Legislatura: la Comisión de Presupuesto despachó el dictamen este viernes y se votaría en el recinto el jueves 29 de noviembre.

 

LOS CAMINOS. Rodríguez Larreta tiene tres opciones: puede estatizar el servicio para preservar las fuentes laborales, dejar que caiga la concesión o -la jugada más osada- encontrar algún camino para mantener el status quo y ahorrarse un problema durante el año electoral.

 

El primer sendero, advierten en la Jefatura de Gobierno, es improbable porque la Ciudad debería absorber una cantidad importante de gastos de inversión, desde maquinaria hasta empleados. Sin embargo, esta posibilidad está contemplada en la Constitución: la carta magna local indica, en su artículo N°50, que no puede existir en el territorio de la Ciudad la iniciativa de juego de azar en manos de privados. Esa normativa debería aplicar también para el Hipódromo de Palermo, que otorga una cifra aún mayor de recaudación para el Gobierno. No obstante, ambas concesiones son previas a la Constitución de la Ciudad y, además, cuando se autorizó el traspaso del juego desde la Nación, mediante un acuerdo entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta se dejó en claro que el Estado capitalino no podría avanzar sobre "derechos adquiridos". Eufemismos afuera, se decidió respetar ambas concesiones. El Casino tiene vigencia hasta octubre de 2019 y la sala de Palermo, hasta 2032.

 

 

QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN PORTEÑA
ARTICULO 50.- La Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social.

 

La segunda opción la califican como "imposible". Fuentes gubernamentales adelantaron a Letra P que el jefe de Gobierno instruyó a sus funcionarios a que "le encuentren la vuelta" al tema para evitar que, en plena campaña por su reelección, se monte un escenario de conflicto porque casi 2.500 personas se quedaron en la calle tras la decisión del Gobierno de cerrar la sala de apuestas.

 

El tercer escenario es el más riesgoso en tiempos políticos. Nunca prosperó y hasta podría quedar fuera de órbita, pero en la Jefatura de Gobierno esperan con ansias un fallo judicial que "obligue" al Gobierno a estirar la concesión por unos años para sacarse el conflicto de encima y evadirlo en pleno año electoral. Al igual que Macri, Rodríguez Larreta confió esa estrategia judicial en Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, pero aún no hay novedades en las costas de Uspallata 3160.

 

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