A los matices dentro del gabinete bonaerense sobre cómo gestionar la seguridad, donde aparecen dos líneas visibles que son las del ministro de Seguridad, Sergio Berni, y la del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, se le sumó la injerencia de un tercer actor y de peso. El líder del Frente Renovador y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, propone crear una agencia de seguridad metropolitana que, según sus mentores, resolvería los problemas de coordinación de tareas entre las jurisdicciones e incluiría a los intendentes del conurbano e incluso al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Axel Kicillof tiene, ahora, la responsabilidad política de hacer equilibrio entre todos para evitar nuevos chispazos.
Además de estar aislado, Berni -como Kicillof- mantiene un ojo puesto en el desenlace del caso Facundo Astudillo Castro, el joven que el 30 de abril salió de su casa en Pedro Luro (Villarino) con destino a Bahía Blanca y desapareció después de ser sancionado en un control policial por no tener autorización para circular. El hallazgo de restos óseos en el cangrejal de Villarino Viejo, donde también se encontró una zapatilla que la madre del joven reconoció como de su hijo, subió la tensión. Todos aguardan el resultado de la autopsia. La familia del joven sostiene que efectivos de la Bonaerense están vinculados a la desaparición del joven. El ministro, en cambio, toma distancia y espera que la Justicia avance. Adelantó que no encubrirá a la fuerza de seguridad si la Justicia determina que tuvo responsabilidad en el hecho. Berni entiende que a la Policía le falta profesionalización, alrededor de tres mil agentes más y mejores condiciones laborales, empezando por los sueldos. Reniega también de las guardias del sistema 24 por 48. Es decir, un día corrido de servicio por dos días descanso.
Es cultor de “la mano justa”, como suele repetir y, sin decirlo explícitamente, cuestiona las decisiones de la Justicia, pero también al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la fuerza a cargo de Alak. La causa de la tensión son las prisiones domiciliarias que se dieron durante la pandemia para bajar los riesgos de contagio de coronavirus en la población carcelaria, potestad del Poder Judicial. La reincidencia en los delitos y la falta de seguimiento de los excarcelados, achaca Berni, es una falencia del SPB. “El Servicio Penitenciario nos complica la vida”, llegó a decir, sin ahondar demasiado.
La línea del Ministerio de Justicia es otra. En las condiciones en las que se encuentra el sistema penitenciario bonaerense, difícilmente un interno consiga la resocialización. El plan entonces es optimizar el sistema que, al llegar Kicillof a la gestión, estaba desvastado. Lo primero que tuvo que resolver Alak fue una huelga de hambre que llevaban adelante los internos.
Para la optimización, creen en Justicia, es necesario que el Poder Judicial reduzca el uso de prisiones preventivas, que mantuvo en ascenso constante el gobierno de María Eugenia Vidal, y mejorar las condiciones de alojamiento, con ampliación de unidades y nuevas herramientas de socialización. No en vano, Alak, que entre 2009 y 2015 condujo el Sistema Penitenciario Federal en su rol de ministro de Justicia de la presidencia CFK, sostuvo la semana pasada, al presentar las obras en las unidades penitenciarias, que eran “un aporte concreto para mejorar la seguridad ciudadana”. Ante la consulta de este medio, en el Ejecutivo negaron que los dichos de Alak hayan sido direccionados hacia Berni y, en cambio, pusieron la mira en la gestión anterior. “Vidal dejó las cárceles sobrepobladas y nosotros tenemos que ir apagando los incendios”, repite una fuente del entorno del gobernador.
El secretario general de Gobierno, Federico Thea, una de las espadas judiciales de Kicillof, también cree que mayor prisionalización no conduce a resultados positivos en la lucha contra la inseguridad. Aparece ahí también el llamado garantismo, con peso ideológico en el kirchnerismo y donde Alak, desde luego, se siente a gusto.
MARCA RENOVADORA. Justo en medio de los desentendimientos entre el área de Seguridad de la Nación y de la Provincia, Massa anunció que prepara un proyecto de ley para crear una Agencia de Seguridad Metropolitana. El texto final no se conoce públicamente, ya que el proyecto aún no ingresó al Congreso. A grandes rasgos, el ente serviría para coordinar los movimientos de las distintas fuerzas de seguridad en el complejo conurbano bonaerense.
Detrás de la redacción del proyecto de Massa estuvieron también el diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el referente que el Frente Renovador tiene en Seguridad, Diego Gorgal, uno de los candidatos a ministro que Massa le ofreció a Kicillof antes de que el exministro de Economía asumiera en La Plata. Los intendentes del conurbano no ven con malos ojos el plan massista, porque tendrían mayor participación en la toma de decisiones. Con algunos cambios que ya puso en marcha Berni, se buscó darles más protagonismo a los jefes comunales.
La agencia que impulsa Massa está inspirada en experiencias que ya se dieron en España, México y Estados Unidos. El líder renovador, en su momento, se apoyó en la doctrina del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y su “tolerancia cero”. Berni también está cerca de Giuliani, pero -políticamente- lejos de Massa.
La agencia sería un ente tripartito conformado por la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Realizaría tareas de inteligencia contra bandas que se mueven por el conurbano y coordinaria el funcionamiento de los comandos especiales, como el Halcón y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), entre otros.
En este abanico de alternativas, Kicillof balancea. El gobernador no quiere romper con ninguno de los actores en pugna.
