"El proyecto de reforma judicial propone cientos de nuevos jueces y funcionarios judiciales de altísimos sueldos para seguir haciendo lo mismo. Y crea una comisión que pretende reformar la Corte en materia penal para favorecer a Cristina Kirchner". El texto que publicó el jueves el Comité Nacional de la UCR en su cuenta de Twitter va a acompañado por un mensaje de audio de su titular, el diputado Alfredo Cornejo, que amplía esos conceptos. Esa posición y la de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), que va en la misma sintonía, choca contra antecedentes provinciales recientes que condenan a dos de los principales dirigentes del radicalismo. Apenas comenzó su primer mandato, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, subió de cinco a nueve la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, mientras que el propio Cornejo intentó lo mismo hace dos años, cuando gobernaba Mendoza, pero fracasó en el intento a pesar de la alianza que había tejido, para la ocasión, con el cristinismo local.
En diciembre de 2015, poco después de llegar a la gobernación, Morales impulsó un paquete de leyes en la Legislatura jujeña y, a toda velocidad, sumó cuatro nuevos jueces a los cinco que hasta ese momento integraban la Corte provincial. Dos de ellos fueron Beatriz Altamirano y Pablo Baca, que eran legisladores al momento de votar la ampliación del máximo tribunal local, el que, apenas unos días después, los acogería como magistrados. A ellos se sumó el exdiputado local Federico Otaola en medio de una batería de nombramientos que fueron cuestionados por la oposición a Morales y avalados por el recién asumido presidente Mauricio Macri.
Apenas fue designado, Baca llegó a presidir el tribunal, pero renunció en marzo pasado, cuando el portal El Cohete a la Luna reveló una serie de audios donde el funcionario reconoce la decisión política de Morales de perseguir a la dirigente de la organización Tupác Amaru Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero de 2016, dos meses después de la ampliación del TSJ. Fue presa por participar de un acampe organizado frente a la casa de gobierno local y mantenida en prisión a partir de una serie de causas judiciales, algunas por presunto cohecho, "de manera indefinida", según denunció en octubre de 2016 el Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
El diálogo que se conoció este año fue mantenido con la exfuncionaria Ana Juárez de Orieta, que denunció a Baca por violación. En el audio que se filtró, el titular del tribunal reconocía que la libertad de Sala era un problema político para la administración de Morales. Tan grave fue el escándalo en la provincia, que implicó una inflexión para las críticas contra los manejos de Morales con el Poder Judicial y derivó en la presentación de un proyecto del senador nacional Guillermo Snopek para intervenirlo.
LA CHANCE PERDIDA. El intento de Cornejo data de 2017, cuando transitaba el segundo año de su mandato y comenzó una serie de intentos para lograr otros cuatro años como gobernador, una instancia vedada por la Constitución local. El radical niega que la estrategia que desplegó por entonces estuviese orientada a enmendar la Carta Magna mendocina, pero en noviembre de 2017 ya había logrado que el Senado provincial aprobara el proyecto que había enviado para llevar la cantidad de cortesanos locales de siete a nueve.
La iniciativa naufragó en la Cámara de Diputados, donde el Frente Cambia Mendoza no contaba con mayoría propia. La versión mendocina de Cambiemos es conducida por el radicalismo, que administra la provincia desde hace cinco años, ahora en manos del gobernador Rodolfo Suárez. Por entonces, Cornejo buscó sumar el apoyo del PRO, el Partido Demócrata y el Frente Renovador, pero, luego de las críticas de la oposición y de su propio espacio, los respaldos se diluyeron y el proyecto quedó varado en el Senado provincial. Sin embargo, logró el apoyo del kirchnerismo local mediante el respaldo de la actual senadora nacional y excandidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti.
Las disputas en torno a ese tribunal recrudecieron hace dos meses, con la renuncia del titular de la Corte, Jorge Nanclares, que estuvo 32 años en el tribunal. A instancias de Cornejo, Suárez postuló a la abogada María Teresa Day, que se desempeñaba como coordinadora general del Ministerio Público Fiscal.
Poco después de la nominación, el abogado mendocino Alfredo Guevara pidió la destitución de Day. Fue una ofensiva del peronismo local, con una denuncia por violar la Ley de Ética Pública a partir de una serie de medidas que el año pasado le permitieron designar a la hermana de su superior inmediato, Alejandro Gullé, como empleada de maestranza del máximo tribunal, con las diferencias salariales que el cambio jerárquico implica.
Estela María Gullé se desempeñaba como celadora de la Dirección General de Escuelas y pudo entrar como empleada de la Corte a partir de una serie de medidas que dispuso Day. Fueron refrendadas por Nanclares antes de renunciar y por su sucesor en la presidencia, Dalmiro Garay.
El escándalo dejó en evidencia la ofensiva del radicalismo por mantener el control de la Corte, pero no frenó el nombramiento, que tuvo acuerdo de los senadores mendocinos. El 1 de julio pasado Day juró como la séptima integrante del tribunal e implicó el regreso de una mujer a ese puesto, luego de la partida de la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, hace una década.
