Finalmente, las pretensiones del presidente Alberto Fernández y del gobierno de Santa Fe de que Vicentin quede bajo control estatal cayeron en saco roto. Los dueños de la cerealera decidieron no transferir las acciones, primer paso para constituir el fideicomiso necesario; mientras que la otra condición sine qua non que puso sobre la mesa Omar Perotti, que se apartaran inmediatamente del directorio, también terminó siendo rechazado por la empresa, a pesar de que lo habían convenido de palabra en la primera conciliación establecida por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.
Santa Fe, que a través de la Inspección de Personas Jurídicas (IGPJ) fue parte de las negociaciones, decidió ponerle punto final a las tratativas ante la negativa de la firma a aceptar ambas condiciones. “Es un capítulo cerrado”, dijo el gobierno.
En los últimos días trascendió que integrantes del directorio habían pedido algún tipo de inmunidad ante el avance de las investigaciones judiciales. De hecho, este jueves, la justicia federal allanó las oficinas de la firma en Reconquista, en el marco de la causa que investiga los préstamos otorgados de manera irregular por el Banco Nación.
La IGPJ había solicitado la intervención de la firma en su momento. Sin embargo, el juez decidió tratarla en expediente paralelo. Pero luego abrió una conciliación para que las partes llegaran a un acuerdo. De ahí surgió el acuerdo por la figura del fideicomiso, ahora frustrada.
Caída esta instancia, el juez deberá resolver el expediente, es decir, si acepta o no correr al directorio y darle la administración a interventores del gobierno provincial y nacional para sanear la firma, tal como pretendía el plan Perotti. La otra opción que podría reflotarse es el proyecto de expropiación, que quedó relegado.
