El oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para evitar que los fondos de inversión, como Gramercy o Redwood, puedan tomar el control de empresas de servicios públicos consideradas esenciales. El argumento central está puesto en que estas firmas, que suelen lucrar con el mercado de deudas y los litigios, no están calificadas para ejercer el control de empresas de servicios eléctricos, de agua, gas o telefonía. El contexto de pandemia refuerza la propuesta.
“En ningún caso se autorizará la adquisición de control societario, directo o indirecto de empresas concesionarias de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires por parte de fondos de inversión, sea en forma individual o conjunta con otros fondos”, detalla el artículo 3° de la iniciativa que presentó el Frente de Todos y que lleva la firma de seis diputados: Pablo Garate, Valeria Arata, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Micaela Morán y Nicolás Russo.
Según pudo saber Letra P, el proyecto busca bloquear, producto del contexto de crisis global, la posibilidad de cambio de control accionario sin autorización previa de la autoridad de aplicación correspondiente, cuyo incumplimiento habilitaría la recisión unilateral del contrato de concesión. Es por eso que el fondo de inversión o adquiriente “deberá acreditar fehacientemente y en forma previa la idoneidad para la prestación del servicio que se pretende brindar”, sostiene el proyecto que ya tomó estado parlamentario.
“Teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas que atraviesa nuestro país es de especial importancia preservar que el control de las empresas prestadoras de servicios públicos en nuestra provincia no pasen a manos de sociedades o instrumentos financieros ajenos a la actividad, sólo interesados en una rentabilidad de corto plazo, ya que la experiencia indica que es necesario que las empresas, ya sean públicas o privadas, prestadoras de servicios públicos, tengan un interés de largo plazo en la actividad, que las lleve, entre otras cosas, a cuidar los derechos de sus usuarios”, exponen entre los fundamentos.
Un ejemplo claro que está citado en el documento es el caso de la transportista eléctrica Transener, cuya firma controlante Citelec transfirió acciones a un fondo de inversión que provocó el rechazó del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE). Las y los impulsores del proyecto creen también que podrían extender la iniciativa en el plano nacional.
Recientemente se conoció la compra de una generadora eléctrica por parte de un fondo de inversión que estuvo disputándose la empresa con Gramercy.
La iniciativa toma relevancia en un contexto de tensión entre empresas concesionarias de servicios públicos y alguno de los intendentes e intendentas con más peso del conurbano bonaerense. Puntualmente, tal como dio cuenta este medio, los jefes comunales de la Tercera sección electoral se pusieron en marcha hace unos días para exponer públicamente a Edesur por su gestión, plagada de reclamos, cortes del servicio y desinversión manifiesta.
