La crisis económica y social, en un contexto de fuerte caída de la recaudación y una necesidad de inyectar recursos para hacer frente al coronavirus, obligó al gobernador Axel Kicillof a girar un proyecto a la Legislatura para obtener autorización de endeudamiento con organismos internacionales por 500 millones de dólares y 28 mil millones de pesos. El ministro Pablo López (Hacienda y Finanzas) defendió la iniciativa ante la Comisión de Presupuesto e Impuesto de la Cámara de Diputados, lo que dio inicio oficial al debate y lugar a una batería de contrapropuestas de la oposición. Además del reclamo del Presupuesto 2020, entre aquellas sobresalen un pedido de ayuda financiera a los intendentes y una versión bonaerense del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el que el gobierno nacional auxilia a comerciantes.
El Frente de Todos necesita llegar a un acuerdo con los bloques minoritarios y también con el vidalismo. Es que la relevancia de la iniciativa, que por el momento no tiene despacho de comisiones y todo indica que podría tratarse directamente en el recinto, requiere los votos de los dos tercios de los presentes para su aprobación.
En el encuentro virtual de este martes, el ministro destacó que el proyecto de Ley de Financiamiento es de suma importancia para continuar con la administración de la provincia durante este periodo de emergencia ya que, analizó ante los diputados y diputadas presentes, permitirá no sólo compensar parcialmente la pérdida de recursos sino, también, financiar inversiones urgentes de infraestructura y educación; fortalecer programas destinados a los sectores de la población más vulnerables y avanzar en la cancelación de la deuda con proveedores bonaerenses, todos ellos temas que preocupan al gobernador desde el inicio de la pandemia.
Enfrente, los bloques minoritarios como Cambio Federal, presidido por Walter Carusso, y 17 de Noviembre, comandado por Mario Giacobbe, se mostraron permeables a acompañar el proyecto siempre y cuando estén contemplado recursos específicos para los distritos, mientras que en Juntos por el Cambio (JxC) ampliaron que desean que el endeudamiento esté acompañado del tratamiento de una nueva ley de leyes y el anexo de otros proyectos de iniciativa amarilla.
“Siempre es bueno escuchar a los ministros pero lo cierto es que no logró profundizar en este tema tan importante y todas sus respuestas fueron muy generales”, sintetizó a Letra P el diputado del PRO y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto e Impuesto, Daniel Lipovetzky. Destacó además que el espacio que representa aspira a avanzar con nuevos encuentros con el Ejecutivo y lograr consenso con el oficialismo para tratar unos 35 proyectos que presentaron durante el aislamiento.
DETRÁS DEL PACTO. El primer decreto del año de Kicillof fue la prórroga del presupuesto del año anterior hasta el 15 de abril o hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de gastos para el ejercicio 2020. El texto, publicado en su momento en el Boletín Oficial, fue ratificado más tarde por ambas Cámaras de la Legislatura con la esperanza de avanzar en un presupuesto propio. Pero la crisis puso en pausa esa empresa, algo que en la oposición leen con determinación. Si bien aseguran que esperan que el presupuesto y el pedido de endeudamiento se traten juntos, reconocen que el primero enfrenta una dificultad que el oficialismo no podrá sortear en la inmediatez, por lo que pretenden precisiones sobre hacia adónde irán los fondos a adquirirse de organismos internacionales.
Según pudo saber Letra P, legisladores opositores buscan, por un lado, que buena parte de ese dinero llegue directamente a los intendentes. Consideran transparente hacerlo a través del cálculo del Coeficiente Único de Distribución (CUD) o mediante un análisis pormenorizado de los trabajos que vienen haciendo las y los intendentes, algunos de ellos sólo con hospitales municipales como el caso de San Isidro y otros, con gastos derivados de los hospitales modulares que se construyeron recientemente.
Pero también quieren avanzar con otras iniciativas algo más ambiciosas, como una réplica bonaerense del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que el gobierno nacional auxilia a comerciantes.
Queda en el paquete de demandas una deuda que la provincia mantiene con la municipalidad de La Plata por la tasa de capitalidad, creada en 1991 como forma de compensar económicamente a la ciudad capital por los servicios municipales que reciben los edificios administrativos del Estado bonaerense. “Gran parte del funcionamiento de este distrito depende de sus universidades, el comercio y el sector público, y estas tres actividades hoy están completamente paradas por eso creemos que la tasa de capitalidad es una deuda a pagar más necesaria que nunca”, se argumentó.
En una iniciativa presentada anteriormente, el diputado Guillermo Bardón (Cambio Federal) propuso que el distrito reciba todos los años, mensualmente y en forma automática, ese giro por la tasa. Presente en la videoconferencia, el legislador recordó a López su inciativa, la cual podría ahora ser analizada por el gobierno.
Tignanelli, junto a Otermín.
LOS NÚMEROS. El acuerdo con Juntos por el Cambio es clave para el oficialismo: tiene 38 de las 92 bancas de la Cámara de Diputados y 26 de las 46 del Senado. Por eso Kicillof apuesta, más allá de la exposición de López, a que tanto el presidente de la Cámara, Federico Otermín, como el titular de la bancada oficialista, Facundo Tignanelli, comanden las negociaciones y allanen el primer paso hacia su sanción definitiva en la Cámara alta, instancia en la que el vidalismo hace sentir su peso político. Unos y otros coinciden en que el debate recién comienza y que los 500 millones de dólares y los 28 mil millones de pesos se hacen más necesarios que nunca para afrontar la pandemia.
