Como ocurre en el área metropolitana, en el interior bonaerense también se terminó la cuarentena pacificada: se han suscitados problemas, cruces, restricciones desmesuradas y denuncias entre intendentes por decisiones atadas al avance de la pandemia en un puñado de municipios llanura adentro.
Quedaron lejos las frases hilvanas al principio de la pandemia que daban cuenta de la necesidad de estar unidos para enfrentar al virus. Las diferencias políticas y las estrategias para responder ante el Covid-19 comenzaron a poner piedras en los canales que conectaban las distintas jurisdicciones. El primer ruido, como detalló Letra P, se sintió en la alianza que tejió el presidente Alberto Fernández con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La apertura de la cuarentena en suelo capitalino le quitó el tono de acompañamiento y los intendentes peronistas del conurbano no dudaron en levantar la voz para mostrar su descontento. El acuerdo resurgió ante una elevación de la curva de contagios que obligó a toda la región a volver a fase uno.
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En simultáneo, y con el correr de lo más de cien días de cuarentena, comenzaron a aparecer cortocircuitos interjurisdiccionales en el interior bonaerense. Como la pandemia que atravesó todos los colores políticos, las discrepancias entre distritos no fue potestad de ningún partido en especial.
Uno de los últimos quiebres se registró entre varios jefes comunales de la Quinta sección. Como este portal indicó, Héctor Olivera (Tordillo), Gustavo Walker (Pila), Carlos Rocha (General Guido) y Francisco Echarren (Castelli) le enviaron al ministro de Salud, Daniel Gollán, una carta en la que le expresaron su preocupación por la situación pandémica en Dolores. Según relataron, el intendente Camilo Etchevarren no había podido controlar el foco de contagios y había perdido la trazabilidad de los mismos.
El punto de preocupación en la región reside en la amplia circulación de vecinos de un distrito a otro, razón que motivaba la demanda de intervención sanitaria.
Antes de este cruce, Echarren y Etchevarren habían tenido otro enfrentamiento. A mediados de junio, el intendente de Castelli presentó un amparo ante la Justicia para poder ingresar a la ciudad de Dolores a visitar a su pareja e hijo recién nacido en el hospital regional luego que se le negara el acceso, pese a que, según indicó, había presentado la documentación que lo habilitaba a circular. Ante esta presentación, el municipio de Dolores denunció a Echarren por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige por decreto nacional.
En el sur bonaerense también hubo algunos cruces por las restricciones. Por estos días, Villarino, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Puan y Coronel Pringles, libres de COVID, decidieron imponer condiciones para aquellos vecinos que viajen hacia la ciudad de Bahía Blanca, pidiendo que lo hagan solo en casos de extrema necesidad y en algunos casos también dispusieron que quienes regresen deban realizar una cuarentena de 14 días en sus hogares. El bahiense Héctor Gay se refirió semanas atrás al posible avance de un proyecto de turismo regional que excluía a la ciudad que conduce. Consultado, el intendente consideró que ese tipo de decisiones “rayan lo discriminatorio” y señaló que podría obrar de igual manera con vecinos de otros municipios.
A fines del mes pasado, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, hizo una presentación ante la Suprema Corte en la que acusó a nueve municipios de impedir la libre circulación y el acceso al trabajo al prohibir el ingreso de olavarrienses a esas localidades.
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Aunque la presentación no mencionó a los intendentes que habrían tomado la decisión, sí detalla cada uno de los municipios que han impuesto restricciones a los olavarrienses. La denuncia, entonces, apunta a Pablo Torres (Laprida), Marcos Pisano (Bolívar), Ricardo Móccero (Coronel Suárez), Alejandro Acerbo (Daireaux), Julio Marini (Benito Juárez), Gustavo Notararigo (Saavedra), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y Gustavo Cocconi (Tapalqué).
Con un alza significativa en el número de contagios en la ciudad de Olavarría y para evitar la propagación del virus en distritos vecinos, los intendentes señalados reforzaron los controles y limitaron el ingreso de mercadería y de olavarrienses. En la demanda, Galli pidió que se declare la existencia de un conflicto externo de poderes y que se suspendan inmediatamente las medidas adoptadas por distintos representantes comunales de la región.
En abril también se habían generado cruces entre los intendentes de Chivilcoy y 25 de Mayo por las restricciones. Según expresó en aquel momento el intendente Guillermo Britos, vecinos chivilcoyanos no habían podido ingresar a las localidades de Ugarte, Pedernales y Norberto de la Riestra, pese a tener permiso para circular. “No podemos permitir estos disparates entre comunidades vecinas; además, los vecinos de los pueblos del partido de 25 de Mayo se atienden constantemente en Chivilcoy como si fueran de acá, y esta no es forma de actuar”, había lanzado el jefe comunal.
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El intendente Hernán Ralinqueo evitó polemizar con su par y el municipio sólo indicó mediante un comunicado que ante la necesidad de “extremar las medidas de control en los accesos” estableció por decreto municipal que los transportistas, distribuidores y viajantes que llegasen de otras localidades debían solicitar autorización al municipio y declarar un punto fijo para la entrega de la mercadería.
En el oeste bonaerense, los distritos que limitan con la provincia de La Pampa también padecieron las limitaciones y quedaron al borde de judicializar la situación luego que el gobernador Sergio Ziliotto impidiera el ingreso de vecinos de Buenos Aires a suelo pampeano, pese a que la mayoría no contaban con casos positivos de COVID y que esos destinos están a muchos kilómetros de distancia de los puntos más calientes de la provincia.
El intendente denunció en Rosario a la gestión anterior por desvío de fondos públicos a través de tarjetas corporativas y anticipos de gastos.