El debut del gobierno de Alberto Fernández en la negociación con los gremios estatales no podría haber sido peor. La combinación del sobreendeudamiento heredado de la gestión Cambiemos y la crisis salvaje en las cuentas públicas provocada por el coronavirus amenaza con frustrar la expectativas de recomposición de los trabajadores del Estado.
Con los plazos vencidos de la paritaria 2019-2020, que tiene pendiente aún una revisión, los funcionarios a cargo de las negociaciones evadieron durante esta semana dar precisiones sobre un eventual aumento y les pidieron tiempo a ATE y a UPCN para analizar la situación fiscal.
“En ningún momento se propuso una pauta salarial cero, no hay ni directivas ni voluntad oficial para aplicar un congelamiento salarial en el sector público”, aseguran los funcionarios de diálogo permanente con los gremios, que destacan, además, que se han dado gestos de reconocimiento hacia la función pública.
“Desde el inicio del aislamiento social, la decisión oficial fue mantener el pago completo de los salarios, incluidos ítems por presentismo y horas extras”, mencionan fuentes de la Secretaría de Gestión Pública, donde reconocen que la complejidad de la situación ya excedió a la negociación con acreedores por los desembolsos millonarios de recursos públicos para sostener el empleo en el sector público.
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En las últimas horas, el Ejecutivo convocó a los negociadores de ATE y UPCN a una “reunión técnica” en el Ministerio de Trabajo que operó como un inicio de la negociaciones al filo del vencimiento de los plazos formales y, al mismo tiempo, como contención al creciente descontento gremial.
En la reunión, concretada el lunes pasado, el Gobierno ratificó su estrategia de avanzar en la discusión sobre temas no remunerativos –licencias, mantenimiento de ítems por presentismo, etcétera- y, en paralelo, estirar los plazos del tema central: la recomposición salarial.
La reacción de los gremios al pedido de tiempo fue por ahora equilibrada. Llamó la atención que, a diferencia de otros años, el planteo de ATE, un sindicato acostumbrado a la confrontación, fue incluso más cauto que la del gremio que conduce Andrés Rodríguez.
En su comunicación oficial, ATE Nacional informó que “no hubo propuesta salarial”, por lo que no da por cerradas las negociaciones y reconoce que la crisis económica y la situación creada por la pandemia “ponen la discusión paritaria en un lugar muy complejo”.
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Al contrario, UPCN habló directamente de un riesgo de ajuste. “Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste”, disparó el gremio estatal mayoritario en un comunicado que emitió apenas terminó el encuentro y en el que le exigió al Gobierno “una urgente recomposición salarial” que, reclaman, tiene que empezar por el cierre del acuerdo del años pasado.
“La coyuntura actual no puede implicar una pérdida de los derechos laborales”, señalaron, una advertencia que empieza a atravesar a todo el espectro sindical.