Al tiempo que el ala dura del PRO alista su tropa para hacer de Vicentin la nave insignia para confrontar de lleno con el Gobierno bajo la épica de una nueva 125 –“la 126”, como rotuló Patricia Bullrich –, en terreno bonaerense, donde el radicalismo tiene fuerte presencia campo adentro, el caso que envuelve a la agroexportadora aviva las diferencias ya evidentes entre los dos sectores que por estos tiempos se disputan el manejo futuro del Comité Provincia.
Aunque es unánime el rechazo al DNU presidencial que inició la apuesta estatal por recuperar la aceitera, en la conducción radical bonaerense ya se habla de esbozos de chavismo y se hace foco en la defensa de la propiedad privada, mientras que en la oposición a ese sector se pide investigar los créditos otorgados por el Banco Nación y se recuerda que en el artículo 17 de la Carta Magna se establece la posibilidad de expropiación sobre la que –mencionan– avanzaron gobiernos radicales como el de Arturo Illia o el bonaerense de Alejandro Armendáriz.
También se avizoran matices en cuanto al posicionamiento frente al Gobierno y el rol de la oposición en el marco de la tensión ruralista.
“La pandemia no puede ser una excusa para poner en marcha un modelo chavista en la Argentina”, apuntó días atrás en una actividad virtual partidaria por el tema Vicentin el diputado bonaerense y candidato a presidir el Comité por el oficialismo, Maximiliano Abad. En esa misma charla, el actual titular del Comité, el exvicegobernador Daniel Salvador, habló de “una gigantezca señal de alerta que no hay que dejar pasar”, mientras que el santafesino José Corral fue a fondo: “Se está discutiendo en qué país queremos vivir”. Y arremetió: “La rotura de silobolsas no es casualidad”.
Bajo ese clima, el bloque cambiemista en la Cámara baja bonaerense conducido por Abad publicó una solicitada en “repudio a los actos de vandalismo en las zonas rurales” y pidió al Gobierno nacional y provincial “que no pierdan el foco y se expidan en el mismo sentido, perpetrando medidas de seguridad”.
En esa sintonía, consultada por Letra P, la intendenta de Arenales y candidata a vice de la UCR bonaerense, Erica Revilla, opinó: “Estamos en la defensa de la propiedad privada, de que las cosas se tienen que dirimir en el ámbito de la Justicia y que el Estado ocupe el lugar que tiene que ocupar, que no es la intervención o meterse en un conflicto judicial”.
En la vereda de enfrente a la actual conducción partidaria, el ex diputado nacional Alejandro Echegaray, sostuvo a Letra P que “el Gobierno en el marco del DNU se pone al filo de lo anticonstitucional. Es una intervención amañada, floja de papeles”.
Más allá de esto, el dirigente que reporta al espacio encabezado por Federico Storani, dijo: “Respecto de declarar la utilidad pública de un determinado bien, está establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, si pasa por el debate parlamentario, quedará en ese marco si es necesaria o no”.
En ese punto, subrayó: “No defendemos la empresa, ahí está el distingo con algunos sectores dentro y fuera del partido que han planteado una especie de aferrarse a la empresa. Somos el partido que viene enorgullecido del gobierno de Arturo Illia que, con la anulación de los contratos petroleros, generó de hecho una expropiación, entendiendo que eran leoninos. El propio gobierno de Armendáriz hizo la expropiación de una estancia (El Albardón, en el distrito bonaerense de Rauch) y un programa de colonización”.
“Está en la Constitución la posibilidad de declarar un bien de utilidad pública y expropiarlo y en determinadas circunstancias en el radicalismo hemos hecho uso de eso. El gobierno tiene derecho a enviar un proyecto al Poder Legislativo y discutirlo en ese seno para seguir adelante con la expropiación”, añadió.
Como sector interno, Echegaray manifestó que en su espacio se inclinan por “la posibilidad de rescatar la empresa buscando participación del movimiento cooperativo, que no se genere un vaciamiento y que se explore hasta las últimas circunstancias qué pasó con el otorgamiento de los créditos del Banco Nación”. Ante eso, puntualizó: “No estamos para proteger a nadie, se tiene que investigar y que tampoco se produzca un ‘Paga Dios’ por parte de la actual empresa. El radicalismo no está para defender a una empresa, sino para defender la Constitución, ese es el matiz que tenemos respecto de algunas voces que están planteando esto como si fuese la 125”.
Por su parte, cerca de dirigentes como Gustavo Posse y Martín Lousteau, el diputado bonaerense Fernando Pérez también refutó el DNU presidencial: “Es un avasallamiento a las garantías constitucionales, un avance contra la propiedad privada y una intervención al funcionamiento de la Justicia porque había un concurso preventivo encaminado”. Amén de esto, remarcó: “Es obligación de la oposición entender que, mucho más en esta etapa de anormalidad, debemos intentar que la paz social sea lo principal, intentar ayudar al Gobierno en la medida que se deje ayudar porque la suerte del Gobierno es la suerte de los argentinos”
Al rescatar declaraciones recientes de Rogelio Frigerio –uno de los referentes del ala moderada–, Pérez expresó apuntando hacia los halcones: “Quienes formamos parte de la oposición no debemos esperar a que el gobierno patine para empujarlo y utilizar esa situación. Tenemos la obligación de construir una fuerza alternativa superadora”.
