La nueva versión del “barril criollo” y la finalización del pacto salarial y laboral acordado a principios de abril han dejado al descubierto una “doble grieta” que afecta a las empresas petroleras y las entidades gremiales del sector.
El 70% de los trabajadores en sus casas, una generalizada suspensión de contratos con proveedores de servicios, pozos que dejan de producir, sobrestock de crudo sin poder vender y una histórica caída del 50% promedio en las ventas de combustibles. Como nunca antes, la industria hidrocarburífera enfrenta un panorama crítico que está fuertemente condicionado a lo que suceda con la evolución de la crisis sanitaria del Covid-19. Cuanto más se demore la salida del aislamiento social y la normalización de las actividades productivas, más tiempo necesitará el sector petrolero para recuperar sus niveles operativos de principios de año y volver a captar las inversiones que se requieren para mantener y ampliar la explotación de los pozos tradicionales y los yacimientos de recursos no convencionales, con Vaca Muerta a la cabeza.
En ese marco, la reaparición en el escenario del “barril criollo” con un precio fijado por decreto de 45 dólares que supera ampliamente los actuales valores del crudo en el mercado mundial, ha dejado una primera divisoria de aguas entre los principales actores del negocio petrolero.
Del lado de los que más festejan la implementación del “barril criollo” han quedado las provincias petroleras -aseguran un mayor ingreso por regalías e impuestos- y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, la organización que conduce Guillermo Pereyra, que ha sido el más afectado por las suspensiones y ahora tiene garantizada una estabilidad laboral hasta fin de año.
En el ámbito de las petroleras, las productoras puras (Total, Sinopec, Tecpetrol) y las integradas, como YPF y PAE, manifestaron –de distintas maneras— su acuerdo con la iniciativa oficial.
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En cambio, entre las no integradas como Raizen (ex Shell) y Trafigura (Puma), que sólo refinan y tienen que comprar el crudo doméstico entre 15 y 18 dólares más caro que lo que costaba en marzo y abril, el nuevo esquema no cayó nada bien. Argumentan que no les cierran los números porque que no pueden trasladar el nuevo valor del barril a los surtidores debido al congelamiento de precios que rige para los combustibles.
En sintonía con esa posición, la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), comandada por Pedro Milla, también salió a mostrar sus cuestionamientos. Tras destacar que “beneficia solo a las petroleras y las provincias patagónicas”, la entidad gremial advirtió que el barril criollo “tiene un fuerte impacto negativo en las compañías refinadoras que se encuentran en Buenos Aires, Mendoza y Salta, donde están en riesgo unos 3.000 puestos de trabajo”.
El sindicalista Pedro Milla: el barril criollo "solo beneficia a las petroleras y a las provincias patagónicas".
En tanto, la otra cuestión que está generando una nueva grieta en el ámbito petrolero es la vinculada con la renovación del acuerdo salarial y productivo que vence el último día de mayo y que hasta ahora ha permitido evitar la aparición de despidos.
El convenio vigente establece que el 70% de los trabajadores petroleros que están suspendidos por el parate productivo cobra el 60% del salario neto de febrero, mientras que el 30% restante que trabaja a media máquina recibe la totalidad de sus sueldos.
Ahora, la intención de las petroleras es bajar el porcentaje salarial abonado a los suspendidos y levantar la prohibición de despidos para que las empresas más afectadas, especialmente las que brindan los servicios tercerizados, puedan solicitar la apertura de “procedimientos preventivos de crisis” (PPC) y negociar retiros voluntarios para reducir sus planteles operativos.
En tanto, por el lado gremial afloraron, otra vez, posturas divergentes entre las dos entidades que pisan fuerte en el sector.
El Sindicato de Pereyra, que representa a los trabajadores petroleros y gasíferos de Neuquén, Río Negro y La Pampa, quiere extender las cláusulas actuales y rehabilitar la vía de las jubilaciones anticipadas para los empleados que tengan 55 años de edad y 25 de servicios.
En cambio, la Federación piloteada por Milla, que aglutina a los petroleros de Salta, Jujuy, Formosa, Tierra del Fuego y Mendoza y a la totalidad de empleados de refinerías y envasadoras de gas, rechaza las jubilaciones anticipadas y reclama el pago del ajuste del 15% que había quedado pendiente de la revisión paritaria de 2019.
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ENTES CON MÚLTIPLES COMISIONES. Los dos tienen el mismo nombre, fueron designados el mismo día, ocupan cargos similares y ahora tienen en común el hecho de ser los hacedores de múltiples “mesas y comisiones” que cobijan a los prestadores y consumidores de los servicios de energía eléctrica y gas.
Se trata de los interventores del ENRE, Federico Basualdo, y del Enargas, Federico Bernal, quienes en algo más de dos meses de gestión ya llevan creadas una docena de comisiones de análisis y trabajos con las empresas reguladas y los distintos tipos de usuarios.
En el caso del ente regulador eléctrico, Basualdo puso en marcha la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR), la Comisión de Referentes Multisectoriales, la Mesa Técnica de la actividad de Transporte de Energía Eléctrica y la Mesa Técnica y Comercial para monitorear la actividad de las Distribuidoras.
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En tanto, en el ámbito del organismo de control del gas, Bernal fue más prolífico y armó el siguiente regimiento regulatorio:
Tanto en el ENRE como en el Enargas sostienen que los espacios creados son para “resolver los problemas operativos, mejorar el intercambio social, garantizar la prestación de los servicios y apuntalar la reactivación de la economía”.
Más allá de las buenas intenciones oficiales, la mayoría de las distribuidoras de gas cree que la superpoblación de comisiones va a generar más inconvenientes que soluciones y que no servirá para tratar los problemas de fondo que ya se registran con algunos planteos gremiales.
Como ejemplo, ponen el reclamo de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJGas) que, en medio de la caída de la recaudación por la falta de pago de los usuarios, salió a exigir un aumento salarial equivalente a la inflación acumulada de este año, un ajuste diferencial para las guardias pasivas y una gratificación extraordinaria para los trabajadores de operación y mantenimiento.