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Los aprestos para la pelea que se viene por los valores que regirán en el segundo semestre. Crónica de una factura por cobrar en Pilar.

Por 24/05/2020 9:00

Tras haber cruzado guantes hace tres semanas por los atrasos en los pagos que se registran por la crisis económica, las petroleras y las distribuidoras gasíferas han comenzado a hacer los ejercicios precompetitivos para el próximo round que se avecina por el precio del gas que regirá a partir del segundo semestre del año.

En la próxima semana tiene que definirse cuál será la modalidad de compra entre las distribuidoras y las empresas productoras que se utilizará para remplazar los contratos de abastecimiento de gas que expiran en 30 días.

La pugna entre las petroleras y las distribuidoras  está focalizada en tres cuestiones clave: el mecanismo de adquisición, la extensión de los contratos y el precio final del gas.

Firmados en febrero del año pasado, los contratos vigentes tenían como fecha vencimiento inicial el 31 de marzo, pero tras el aislamiento impuesto el coronavirus fueron prorrogados en dos ocasiones hasta fines de junio.

Ahora la pugna entre las petroleras (YPF, Total Austral, PAE, Tecpetrol CGC y Pampa Energía, que concentran el 80 % de la producción local de gas) y las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Ecogas, Camuzzi, Gasnor, Litoral Gas y Gasnea) está focalizada en tres cuestiones clave: el mecanismo de adquisición, la extensión de los contratos y el precio final del gas.

Las petroleras quieren mantener el esquema implementado durante la gestión macrista de subastas individuales con cada distribuidora para poder acordar distintos precios de provisión de gas a nivel nacional.

En cambio, las gasíferas y el Enargas -el ente regulador que comanda Federico Bernal- impulsan una subasta en bloque entre las distribuidoras y la Cammesa que demandan entre el 70 y 75% de todo el gas que se comercializa en el país.

De esa manera harían valer el poder de compra conjunto para conseguir un precio promedio y uniforme más bajo para todos los usuarios y las centrales térmicas que reciben el gas de la compañía administradora del mercado eléctrico.

 

 

Las petroleras pretenden que los nuevos contratos no vayan más allá de diciembre de este año con el fin de poder negociar mejores condiciones y precios a partir de 2021, cuando la situación económica y productiva se encuentre más encarrilada y alejada del impacto de la pandemia.

Por su parte, el tándem de las gasíferas y el ente buscan que, como mínimo, se extiendan por el plazo de 12 meses hasta mediados del próximo año. Y la apuesta de máxima sería lograr un alargamiento de los nuevos contratos hasta el invierno de 2022 para poder amortiguar el traslado de los nuevos valores a las tarifas de los usuarios residenciales.

Las petroleras pretenden que los nuevos contratos no vayan más allá de diciembre de este año con el fin de poder negociar mejores condiciones y precios a partir de 2021.

En cuanto al tema esencial del nuevo precio que se pagará por el gas, la pretensión de las petroleras sería obtener un valor de 3,50 US$ por millón de BTU (MBTU). A la cotización del dólar oficial actual ese valor representa unos 234 pesos por MBTU.

En cambio, la intención del organismo regulador y las distribuidoras es bajar o al menos mantener el nuevo valor del gas en torno de los 2,80/2,90 dólares por MBTU.

Convertidos a la paridad oficial de estos días esos valores en dólares equivalen a unos 194 pesos por MBTU. Ese precio es casi el mismo que están pagando las distribuidoras ahora con los contratos vigentes que habían sido cerrados el año pasado a 4,60 US$ por MBTU, pero con un dólar de referencia de 41 pesos por unidad.

De registrarse este escenario, el Gobierno no tendría la necesidad de ajustar el segmento tarifario del gas que aparece en las facturas hogareñas y de pymes durante varios meses.

 

 

BOLETA POR COBRAR. El 1 de mayo pasado, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires realizaron una inspección conjunta a las centrales térmicas que las empresas APR Energy y Araucaria tienen instaladas en el partido de Pilar.

Los técnicos de ambos organismos concretaron una serie de monitoreos y relevamientos ambientales con el fin de comprobar si las usinas estaban funcionando dentro de las normas y los parámetros operativos vigentes.

Para poder efectuar las mediciones y controles, los inspectores ordenaron que se pusieran en marcha de los equipos generadores utilizando como combustible el gas que llega a las usinas.

A los tres días de esa visita, llegaron a las oficinas de APR y Araucaria dos facturas de 550.000 pesos cada una remitidas por la Cammesa correspondientes al gas consumido durante las inspecciones. Como ese día las usinas no habían sido despachadas por el sistema, la Cammesa dio por hecho que el combustible había sido usado sin autorización y que debía ser facturado aparte.

Luego de la aclaración que presentaron las empresas de por qué y por orden de quién debieron ese día encender las máquinas, la Cammesa procedió a reenviarle las boletas a los entes ambientales bonaerenses que encabezan los camporistas Juan Ignacio Brardinelli (OPDS) y Luis Siri (ADA), quienes, hasta ahora, desconocen esa deuda y no quieren hacerse cargo del combustible usado en las inspecciones.