La Iglesia le marcó la cancha a la clase dirigente y a la sociedad en su conjunto al sostener, en los tedeum del 25 de Mayo, que los pobres y los nuevos pobres que provocó la crisis del coronavirus deben ser la prioridad en materia de política social, tanto durante la prosecución de la pandemia como en la pospandemia.
En sus homilías, los obispos católicos ratificaron la necesidad de la contención de los sectores más vulnerables y de una mayor presencia del Estado en los asentamientos urbanos, sobre todo, del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde villas y barrios populares se convirtieron en focos de contagio y de muerte por el Covid-19, entre ellos, referentes barriales y sociales.
La demanda eclesiástica por una opción clara por los desposeídos –a tono con la doctrina peronista-- no forzó una réplica por parte de los residentes de la Casa Rosada como solía ocurrir en tiempos del matrimonio Kirchner en el poder y de Jorge Bergoglio en Buenos Aires, cuando cualquier concepto del entonces arzobispo podía ser motivo de ebullición verbal desde Balcarce 50.
Ahora, el Gobierno aprovechó las exhortaciones episcopales para llevar agua al molino partidario y hacer hincapié en los puntos en los que la prédica de los obispos –entre ellas, la del cardenal Mario Poli-- puede interpretarse como un respaldo a la estrategia de confinamiento preventivo instrumentada para aplanar la curva de la propagación del virus y evitar un colapso sanitario.
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En forma colateral, las reflexiones eclesiásticas también contribuyeron a acallar el pretendido reclamo “libertario” de un grupo reducido, minúsculo, de personas que aprovechó el feriado por la fecha patria para manifestarse en las calles contra la cuarentena.
Víctor “Tucho” Fernández, arzobispo de La Plata y teólogo del papa, fue una de las voces episcopales más consistentes y dejó bien en claro a quiénes dirigía su mensaje, inclusive sacudiendo alguna conciencia aletargada en su zona de confort.
El prelado platense destacó que el “golpe duro e inesperado” de esta pandemia sirvió para pensar en los seres humanos, más que en el “beneficio de algunos”, y también para que la sociedad se convenza de que se necesita que “el Estado intervenga para cuidar a los más débiles”. A renglón seguido, arremetió contra la clase media y sus exigencias.
“Los verdaderos problemas no son los de la clase media. Son los de los pobres y, especialmente, de los nuevos pobres, que, de golpe, por primera vez en la vida, tienen que salir a pedir comida”, aseveró en alusión al crecimiento exponencial de la demanda en los comedores comunitarios a raíz de la crisis del coronovirus.
En la misma línea se pronunció Carlos Tissera, obispo de Quilmes, al presentar en la fecha patria la colecta anual de Cáritas Argentina, prevista para el 13 y el 14 de junio, que por primera vez estará centrada en las donaciones digitales.
“Necesitamos muchos, muchísimos más recursos para tantas urgencias de familias y hermanos nuestros de todo el país, multiplicadas por la situación planteada por el coronavirus y su consecuente impacto económico en todos los niveles de la sociedad”, planteó el prelado quilmeño.
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Los obispos no se quedaron en palabras y pasaron a la acción. La lista es larga, pero sobresale Eduardo García (San Justo), quien, encarnando la prédica papal, se “puso la pandemia al hombro” y conformó un Comité de Crisis eclesiástico, junto con los curas de la diócesis, para afrontar la emergencia sanitaria y paliar el hambre en las barriadas populares del partido bonaerense de La Matanza.
Ninguno de los asentamientos urbanos matanceros, habitualmente olvidados y golpeados por la violencia y las situaciones de exclusión, quedó al margen: Barrio Almafuerte, Puerta de Hierro, 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, San Petersburgo, Ciudad Celina...
En este contexto, los referentes episcopales salieron a respaldar, con matices, la iniciativa del bloque de diputados del Frente de Todos que busca cobrar un impuesto por única vez a las grandes fortunas en el contexto de la pandemia.
Otras vez Tucho Fernández, hombre del riñón bergogliano, llevó la voz cantante en defensa de un impuesto al que consideró “totalmente legítimo” en un contexto de inequidad, a fin de que “los que tienen de sobra” contribuyan a una “redistribución necesaria para ir resolviendo la desigualdad existente”. No sin aclarar que esa posición “no significa negar lo que es la vocación legítima del empresario para crear y aumentar la riqueza y tener sus ganancias”.
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Desde Neuquén, el obispo Fernando Croxatto coincidió con su par platense en que el impuesto a las grandes fortunas “en algún sentido es una medida de justicia”, al sostener que ésta es “una realidad en la que todos tenemos que poner y el que tenga más tendrá que ayudar al que tiene menos”.
Tras las huellas del beato Enrique Angelelli, el obispo mártir de la dictadura militar, la Pastoral Social riojana apoyó la iniciativa parlamentaria para ayudar “a paliar las consecuencias económicas de la cuarentena sobre todo en los sectores más humildes” y justificó su posición en la necesidad de que el Estado regule la economía mediante “herramientas eficaces para garantizar y ampliar los derechos sociales”.
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Los reclamos por equidad social de los referentes episcopales vienen siendo una constante en los tedeum patrios de los últimos años. No una demanda desde una apreciación ligera, sino con un doble sustento empírico. Por un lado, la constatación de esa realidad “al borde” que hacen sus agentes pastorales (curas villeros, voluntarios de Cáritas...) en los comedores y centros comunitarios de los barrios de las periferias existenciales, tal como los define el papa Francisco.
Por el otro, los relevamientos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA), tan alarmantes y hasta a veces polémicos como ninguneadas por los gobiernos de turno.
Son resultados estadísticos que no sólo ponen el foco en porcentuales de pobreza e indigencia, sino que, también, advierten sobre una deuda estructural de décadas y décadas debido a seis carencias humanas: inseguridad alimentaria, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, accesos educativos y empleo y seguridad social.