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La bronca de referentes por el operativo en Quilmes y Avellaneda expone falta de acuerdos para abordar la crisis en el territorio. Reclaman abordaje integral.

Por 26/05/2020 18:13

"Desde hace dos meses venimos advirtiendo que esto iba a suceder y el primer reflejo que tuvieron fue militarizar el barrio". Con esas palabras, uno de los principales dirigentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización que conduce Juan Grabois, reflejó cómo impactó el operativo oficial en Villa Azul, barrio hiper vulnerable que se extiende entre Quilmes y Avellaneda, dentro de las organizaciones sociales.

El cerco a esa barriada, que involucra a dos municipios, se disparó en la noche del domingo, cuando se conocieron 53 casos de coronavirus. El lunes se convirtió en el epicentro de los operativos sanitarios y centro de todas las miradas. Este martes los casos confirmaron treparon a 85 y se esperan el resultado de un centenar de hisopados sobre casos sospechosos.

El malestar quedó expuesto cuando el secretario general de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, en una entrevista con FutuRock, calificó como un error "que se construyan guetos de pobres, donde se confina pensando que con un cerco represivo se puede resolver la situación". El doble estatus de dirigente social y subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social de Menéndez amplió la caja de resonancia de sus cuestionamientos.

 

 

"Nosotros tratamos de analizar la situación con los propios vecinos del barrio y la realidad es que la mayoría de ellos respalda el armado del operativo. No es una mala medida, lo que cuestionamos es que con el tiempo que tuvimos para prepararnos para esta situación, no se haya hecho un despliegue integral. Algo más que poner policía", sostiene Nicolás Caropresi, del MTE. 

La incomodidad tiene su historia. Las experiencias, propias y ajenas, de violencia institucional que los militantes de los barrios populares bonaerenses cuentan de a miles chocan de frente con el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, devenido frontline e interlocutor de la crisis, una figura difícil de digerir en las organizaciones sociales. 

Las críticas de un primer momento no impiden, sin embargo, que los referentes sociales reconozcan que en las horas posteriores al cierre del barrio la impronta del operativo fue mutando hacia una estrategia más integral. El censo puerta a puerta, todavía en curso, y la distribución masiva de alimentos entre las familias que quedaron dentro del bloqueo contribuyeron a distender el clima.

Más allá de estos elementos, la reacción esconde también las tensiones que atraviesan la relación entre los movimientos sociales, los intendentes y el gobierno provincial y nacional a la hora de consensuar una hoja de ruta para la acción en los territorios. Las escasas cuatro reuniones del comité de crisis no alcanzaron para resolver un esquema común de emergencia que previera situaciones como la del domingo por la noche, explican los referentes sociales.

En La Plata no resulta ajeno ese diagnóstico, al contrario. El desembarco de Andrés Larroque en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense fue el primer paso de una interlocución más fluida con esas organizaciones. Así quedó demostrado con una serie de reuniones con dirigentes sociales durante sus primeros días en el cargo. 

 

 

La propia dinámica de la crisis acentuó las necesidades sociales, abarrotó los comedores populares y, justo en momentos en los que se discutía la forma más eficiente de "bajar" alimentos en los barrios, estalló el escándalo de sobreprecios en la partidas alimenticias que frenó de golpe el flujo de comida. El parate ocurrió cuando todavía no se había normalizado la provisión de mercadería a los comedores, recortada tras las elecciones primarias del año pasado, y cuando no se había terminado de implementar la tarjeta Alimentar, que había causa otro debate entre los mismos actores.

Otro de los frentes de conflicto que explica la reacción de las organizaciones sociales es la puja por la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el instrumento manejado por la Anses para asistir a las familias en plena crisis.

Los referentes sociales reclaman que la ayuda se amplíe a quienes cobran el salario complementario, muchos de ellos participantes de los proyectos productivos o cooperativas vinculadas a las organizaciones y a quienes desarrollan funciones en el plan Hacemos Futuro, una medida que, tras el cambio en la cúpula del organismo, esperan que ahora sea aprobada por la nueva jefa de la Anses, Fernanda Raverta.