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El escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos destapó la olla a presión del vínculo complejo entre los movimientos, los intendentes y el Gobierno. Comedores, obra pública y territorio.

Por 11/04/2020 10:50

Cuando todavía no había ninguna reacción oficial sobre la denuncia periodística por sobreprecios en la compra de alimentos, Juan Grabois ya había salido con los tapones de punta a empaparse en el tema. "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen. Es una estafa a los pobres", disparó el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) desde las redes sociales.

Lejos de ser intempestiva, la reacción del dirigente expuso la tensión entre las organizaciones sociales y diferentes sector del Gobierno del que forman parte casi desde el día uno de la gestión de Alberto Fernández. Los roces, con epicentro inicial en el Ministerio de Desarrollo Social, la cartera en la que los movimientos sociales pisaron fuerte poniendo a Emilio Pérsico en una de las secretarías más importantes, se acrecentaron con el devenir de la crisis sanitaria y la conformación de comités de crisis en los distritos, donde en muchos casos no fueron bien recibidas las organizaciones territoriales.

La tensión entre intendentes y esos movimientos es palpable en muchos distritos bonaerenses y, además de la disputa por el territorio, tiene que ver con la decisión del Gobierno nacional de "bajar" recursos alimentarios a través de las instituciones locales, municipios y escuelas, centralmente, antes que a los comedores populares.

 

 

Esa situación explica la reacción de Grabois en el escándalo por la compra de alimentos que terminó con la eyección del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un hombre puesto en ese cargo por intendentes del conurbano bonaerense.

Antes de la emergencia impuesta por el coronavirus, las fricciones entre dirigentes sociales y los jefes municipales amenazaron con transformarse en guerra abierta. ¿La razón? La letra chica del programa Argentina Hace, lanzado por el Ministerio de Obras Públicas, en manos de Gabriel Katopodis.

Antes de la emergencia por el coronavirus, las fricciones entre dirigentes sociales y los intendentes amenazaron con transformarse en guerra abierta por la letra chica del programa Argentina Hace.

El exintendente de San Martín había resuelto inyectar 8.500 millones de pesos en obras de mejoramiento local a través de cooperativas y organizaciones que iban a ser seleccionadas por los jefes municipales y, por lo tanto, la inclusión de las cooperativas de las organizaciones sociales quedaba condicionada a la buena voluntad de cada intendente.

Para los referentes de esas organizaciones, sin embargo, no fueron todas pálidas durante los primeros meses del gobierno de Fernández. A principios de marzo, antes de que se comenzaran siquiera a considerar las medidas de aislamiento, el flujo de mercadería hacia los comedores populares controlados por la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP), el nombre con el que se bautizó al gremio que unificó a las principales agrupaciones sociales, habían recuperado todo lo perdido durante los meses anterioers. Puntualmente, desde el mes de agosto, cuando, después del resultado de las elecciones primarias, Carolina Stanley, congeló la entrega de mercadería, justo en momentos en los que se profundizaba la crisis por la devaluación del peso. 

Ya con Fernández en la Casa Rosada, el reclamo por la actualización de la cantidad de alimentos había chocado con nuevos escollos: el lanzamiento de la tarjeta Alimentar. Las organizaciones consideraban equivocada la estrategia para atender el hambre, sobre todo, porque entendían, antes y ahora, que los alimentos rinden más si se cocinan en ollas comunitarias que en cada casa.

 

 

Por eso, la UTEP había ofrecido un menú de alternativas entre las que estaban, obviamente, el refuerzo del volumen de mercadería para comedores. En su defecto, sugerían que la nueva tarjeta no arrancara de cero, sino que se utilizaran los canales existentes para transferir recursos, como la AUH o el salario social complementario. Finalmente, se impuso el mecanismo de creación de una nueva tarjeta que la crisis no permitió terminar de implementar a nivel nacional.  

Ahora, en un nuevo escenario de agudización de las necesidades sociales, los militantes de le Economía Popular estiman en un 30% o 40% el aumento de la demanda en los 7.000 comedores que administran en todo el país, la mayoría, en el área metropolitana. 

En ese marco, aseguran que los jefes municipales no cuentan con la estructura para dar respuesta a ese nuevo escenario.

 

Arroyo, con intendentes. Las organizaciones sociales miran de reojo esa relación.

 

"Muchos intendentes plantearon armar un esquema que consistía en que se montaran cocinas en las delegaciones municipales y los vecinos fueran a buscar ahí la comida. Es un plan insostenible porque plantearía la aglomeración y el movimiento de un montón de gente que, además, no tiene recursos para hacerlo", apuntan.

El decreto presidencial que licenció a los trabajadores del Estado para ponerlos en aislamiento erigió a las organizaciones sociales como una virtual rueda de auxilio para mantener la alimentación en las barriadas. Esa medida y la suspensión de clases aceitaron los acuerdos con gremios y municipios para que los militantes de la UTEP se encargaran de cocinar en escuelas y sociedades de fomento, en los que empleados municipales y auxiliares no docentes dejaron de hacerlo.   

Los tironeos sobre la participación de las organizaciones populares en la distribución de la ayuda social reactiva de alguna manera el debate en el que se trenzaron estos movimientos y el kirchnerismo en 2016, apenas iniciado su gestión Cambiemos.

En ese momento, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), respaldada por la CGT, impulsó una ley para declarar la emergencia social y La Cámpora cuestionó el proyecto por considerar que resultaba un paliativo sobre las consecuencias de la política económica del macrismo, pero que no atacaba el fondo de la cuestión. El trasfondo de la puja es, ni más ni menos, cuál es el lugar que deben ocupar esas organizaciones bajo un gobierno de signo popular. La estrategia de "institucionalización" de la ayuda social aplicada ahora a nivel nacional y provincial iría en ese mismo sentido; que el propio Estado, en este caso los gobiernos municipales, provea soluciones y no las organizaciones "paraestatales".

 

 

La disputa por la representación del territorio en plena crisis tuvo otros capítulos. Otro de ellos giró en torno a la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una de las principales medidas ordenadas por Fernández para inyectar recursos en los sectores más vulnerables. En esta oportunidad, el choque abrió otro frente con el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, que, pese a lo anunciado originalmente, excluyó a quienes perciben el salario social complementario y a los beneficiarios del programa Hacemos Futuro. Ese universo de personas integra, ni más ni menos, que el grueso de la base social de la UTEP.

"Muchos compañeros cobraron los 10.000 pesos y después les avisaron que tenían que devolver el dinero o que se lo iban a descontar de futuras prestaciones", se quejan por lo bajo por la decisión del funcionario que también fue señalado como el responsable de la falta de manejo en el cobro de haberes de jubilados la semana pasada. Sobre este punto, además, señalan que, al no haber anunciado con claridad el cronograma de pagos de la IFE, la saturación de los bancos que ocurrió la semana pasada se debió, en parte, a que muchos beneficiarios sociales salieran a averiguar sobre el tema.