“En ningún sector se van a permitir homologaciones salariales de personas trabajando. Las bajas salariales de marzo y abril son muy parecidas de 2019, así que no hemos tenido una baja de desempleo tan significativa”. Con esas definiciones, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni,buscó la semana pasada minimizar el incumplimiento patronal del decreto presidencial que hace dos semanas prohibió los despidos y limitó las suspensiones.
Casi en simultáneo a las afirmaciones del ministro, se conocieron los resultados de dos relevamientos que muestran una realidad bastante diferente. Con matices, los estudios del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que analizaron la situación hasta el 15 de abril, muestran un nivel creciente de conflictividad laboral que no logró ser contenida por las medidas oficiales.
Según el CEPA, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, más de 300.000 trabajadores fueron despedidos, corrieron riesgo de cesantía o sufrieron descuentos salariales, con o sin la anuencia de los gremios que los representan. El informe del centro de estudios que dirige el economista Hernán Letcher precisa que, durante ese período, 5.386 personas perdieron su trabajo, con los casos de cesantías ordenadas por el Grupo Techint, la autopartista Mirgor y el frigorífico Penta.
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La dinámica de suspensiones en las funciones de trabajo, tuvo un recorrido inverso al de los despidos; mientras que la ruptura del vínculo laboral descendió a partir de la publicación del decreto presidencial del 31 de marzo, las suspensiones se incrementaron durante la primera quincena de abril llegando a 5.503 casos, frente a los 1.720 del período anterior.
El contraste es aún mayor para los trabajadores en riesgo salarial, que agrupa a todos aquellos que tuvieron reducción de ingresos, atraso de pago y combinación de suspensiones con reducción de ingresos. Ese segmento de asalariados pasó de 9.830 en los últimos quince días de marzo a 287.233 en los primeros de abril.
Con un enfoque distinto, el centro de monitoreo laboral de la CTA Autónoma, que dirige el sociólogo Luis Campos, analizó la situación de los trabajadores agrupando la creciente conflictividad en cuatro frentes relacionados a la delimitación de qué sectores deberían ser considerados esenciales; a reclamos por condiciones de trabajo, principalmente en los sectores de atención sanitaria; a la defensa de los puestos de trabajo y los salarios; y a la continuidad de la tutela sindical durante el período de crisis.
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El informe reporta “más de 200 denuncias y reclamos colectivos de trabajadores y trabajadoras de diferentes actividades de todo el país que han señalado, de una u otra forma, incumplimientos por parte de las patronales de las disposiciones vigentes”, y pone en primera plana el nombre de las empresas donde se cometen los abusos.
Traccionados por el decreto presidenciales, los reclamos se hicieron notar con más fuerza durante los primeros días de abril y se registran en todos los lugares del país donde se denuncian pérdidas de fuentes laborales y contracciones salariales.
La CTA Autónoma informa de al menos 118 reclamos por despidos, suspensiones e incumplimientos salariales. A esto se suman 22 reclamos de violación de las licencias previstas por la cuarentena a personas de más de 65 años o con enfermedades crónicas, aunque advierten que el relevamiento es parcial, ya que está realizado “a partir de información que surge de la capacidad de visibilización de los reclamos que posee cada colectivo” de trabajadores.
Según el estudio, el epicentro de despidos masivos se produjo en empresas tercerizadas de seguridad (Murata, Arsec, Siseg), en actividades ligadas al transporte de pasajeros (Ersa, en la provincia de Corrientes; Grin Scooters, Via Bariloche, Terminal Salta, Ko Ko), en actividades ligadas al comercio (cadena de kioscos Mc Kio, Supermercado el Tunel, Supermax, Famacity), a la gastronomía (Gate Gourmet, Mostaza, KFC, Restaurant Oviedo, Flykitchen, Tea Connections), a la energía y construcción (YPF, Techint, Obing y Pecan, Neltec, Camiletti, Ice Ingeniería) y al servicio de salud (SAME La Plata, Hospital Bariloche).
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En el caso de las suspensiones, se destacan empresas industriales (General Motors, Siderar, YPF Gas, Imant) pero también de servicios como Telecentro, La Caja Seguros y Neverland, mientras que en el podio de aquellas que pagaron salarios en cuotas están la productora de televisión Pol-Ka, Lácteos Verónica, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, Editorial Atlántida, el canal América y Corporación Médica.
Anticipándose al acuerdo firmado esta semana entre la CGT y la Unión Industrial Argentina, que estableció un techo de descuentos salariales del 25% para las empresas paralizadas por las medidas de restricción ordenadas para enfrentar al coronavirus, un centenar de empresas aplicaron quitas que van de 20% al 50%. Las principales denuncias fueron realizadas por trabajadorxs de Danone (La Serenísima), Osplad, Radio Metro, la totalidad de cadenas de comidas rápidas que luego debieron dejar la medida sin efecto por orden oficial, Todo Moda/Isadora, Tenaris-SIAT (Grupo Techint), Garbarino, Flybondi, LATAM, Ingenio San Isidro, Mabe, Tres Arroyos, Pecom,
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En la mayoría de estos casos, los recortes no tuvieron el respaldo de los gremios, algo que sí ocurrió en la industria petrolera de Neuquén, Chubut y Río Negro, donde el sindicato del sector pactó la suspensión por más de 6 meses con el pago del 85% de los salarios.