La pertenencia al Grupo Macri desde julio de 1994 hasta el presente tuvo para Raffaele Sardella –ejecutivo de Sideco y hombre de confianza del expresidente- una labor en simultáneo durante los cuatro años en que el espacio político de su jefe empresarial gobernó la Nación y la Provincia de Buenos Aires: estuvo al frente de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
Su paso por la empresa estatal estuvo signado por suculentos tarifazos que desentonaron ante un servicio deficitario en varios puntos de la provincia, con municipios que pegaron el portazo para pasarse a AySA, obras prometidas sin realizar y contratos con empresas como la francesa Veolia, que supo ser parte de Aguas Argentinas en tiempos de privatización y que, post estatización, le hizo un juicio millonario al Estado argentino que el gobierno de Macri se encargó de pagar.
Pero, además de estos aspectos, en la actual conducción de ABSA se está avanzando en un proceso de relevamiento y auditoria de contratos, alquileres y grado de ejecución de obras durante la etapa anterior al mando del CEO del Grupo Macri. Así lo adelantó en diálogo con Letra P el actual presidente de ABSA, Germán Ciucci, quien indicó: “Aún estamos auditando y vemos que hay casos que deben ser revisados a fondo”. En este sentido, reveló que se están indagando “las agencias de cobranzas y la adquisición de un sistema informático que obligó a un desembolso millonario en dólares mientras las sucursales se debaten entre la falta de equipos y enlaces de baja calidad o sin conectividad”.
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También tiene bajo la lupa “un alquiler por 40 millones de pesos anuales del edificio central al que se lo equipó como propio” y criticó la generación, durante la era Sardella, de “empleo gerencial para hijos y amigos; un alto nivel de despilfarro en gastos y excentricidades; y hasta un gerente de obras sin título profesional que dirigió proyectos que le produjeron enormes pérdidas a la empresa”.
Según pudo saber Letra P, para el equipamiento del edificio alquilado por $40 millones anuales en 7 y 43 de La Plata, no se escatimaron gastos: solo el sillón marca Herman Miller modelo Aeron que usaba Sardella en su despacho costó 2.377 dólares, mientras que las 14 sillas, también Herman Miller, costaron 727 dólares cada una. Asimismo, se destinaron gastos de alquiler de una oficina (solo para uso de Sardella) en Esmeralda y Paraguay (CABA) durante 24 meses y por poco más de $550 mil. Esto, además de la compra de mobiliario que hoy se guarda en un depósito de la empresa.
Ciucci -que ilustró una herencia de "más de $1.000 millones de deuda" y un "colapso operativo"- objetó como "inadmisible" que la gestión anterior "condujera vehículos de lujo cuando un tercio de la flota se considera chatarra".
PRIVILEGIOS Y DESCUIDOS. El actual titular de ABSA remarcó que en la pasada administración de la empresa se concentraron los recursos solo en tres obras, la Planta Cloacal de Bahía Blanca (inaugurada por Vidal sin estar terminada), la nueva Planta Potabilizadora de Punta Lara y la Planta Cloacal de General Rodríguez: “Las sumas millonarias destinadas a esos trabajos provocaron el descuido de urgencias en todas las localidades operadas, especialmente en el abastecimiento de agua en La Plata y Bahía Blanca”, dijo.
Ciucci cuestionó que el dinero para esas grandes obras “lo obtuvieron de un tarifazo autorizado por la exgobernadora que sirvió para asegurar el cobro de las empresas, cuando el decreto de creación de ABSA indica que el resultante del cobro de la factura se debe destinar a la operación y mantenimiento del servicio, mientras que el accionista mayoritario (la Provincia) debe encargarse de los aportes para las obras de envergadura”.
En ese contexto, enfatizó: “Hay más obras que también investigamos como el Acueducto Norte, que debía llevar agua a Villa Castells y Gonnet, y las Plantas de Ósmosis Inversa instaladas en Pehuajó, Villegas, Carlos Tejedor, Lincoln y Chivilcoy. En todos los casos, la falta de inspección e inadecuadas decisiones provocaron un daño cuantioso sin beneficio para los usuarios. Si actualizamos a la fecha el monto invertido solo en el Acueducto Norte, llega a $250 millones”.
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VEOLIA, UN CASO DE ESTUDIO. En 2017, la gestión Sardella firmó un contrato con Veolia para la rehabilitación, mantenimiento y operación de una de sus principales plantas potabilizadoras: la Donato Gerardi, de Punta Lara, que abastece a La Plata y la región. Para ello, se dispuso un desembolso de $650 millones con un plazo de ejecución de dos años, más otro de ejecución para dicha empresa francesa con la que siguió extendiendo lazos el CEO del Grupo Macri, con viajes a Francia para disertaciones y el ingreso al Club mundial de operadores del servicio de agua, círculo con poder de lobby privatista, manejado por operadores de Veolia.
Consultado sobre si la firma francesa cumplió con las obras contempladas en el contrato con ABSA y si la misma sigue operando, Ciucci, respondió: “Es un caso de estudio. Estamos analizando si la delegación a un tercero -como se hizo- puede ser considerado un incumplimiento del marco regulatorio, ya que no se trató de un convenio de operación, sino que fue un subcontrato donde una compañía externa le cobraba a ABSA el agua que se potabilizaba. El vínculo finalizó en diciembre y hasta el 31 de mayo hay personal de esa empresa prestando apoyo técnico porque hay un plazo estipulado de garantía, además de que el cierre de obra no está hecho”.
Bajo ese plano, el actual presidente de ABSA completó sobre la labor de Veolia en la planta de Punta Lara: “Digamos que aún estamos en una etapa de transición. Es muy pronto para sacar conclusiones definitivas respecto a lo realizado más allá de la renovación de la estética del lugar. Con el tiempo sabremos si tecnológicamente existió una evolución en los procesos”.