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El cacerolazo y la campaña en los medios encontraron eco en jefes comunales del PRO y la UCR. La tropa oficialista tildó la decisión de “oportunista” y ve un “ataque encubierto” al Gobierno.

Por 02/04/2020 13:21

La grieta que parecía cerrada se abre en territorio bonaerense. Luego de que el presidente Alberto Fernández encontrara un amplio respaldo de todo el arco político a las medidas desplegadas para enfrentar el COVID-19, el reclamo de un sector de la sociedad -amplificado por algunos dirigentes y medios de comunicación- a la dirigencia política para que se recorte sueldos y dietas abrió una brecha entre intendentes bonaerenses de la oposición y del oficialismo. Casi de modo orgánico, los primeros abrazaron la demanda que circuló en redes sociales; los segundos tildaron la propuesta de “oportunista” y ven detrás de ello un ataque encubierto al Gobierno.

Jefes comunales de Juntos por el Cambio y de otros sectores opositores resolvieron donar un porcentaje de sueldos e instaron a las bancadas que les responden a imitar la decisión bajo el argumento de contribuir con la emergencia sanitaria. La medida se multiplicó e informó luego de que se activaran cacerolazos reclamando que los políticos se bajen los sueldos. La campaña, que se fogoneó en las redes sociales y desató una disputa entre los popes del PRO, se inició después de que el Presidente tildara de “miserables” a los empresarios que avanzaron con despidos en medio de la pandemia, a quienes les avisó que “les tocó la hora de ganar menos”.

 

 

“Entendemos el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad y estos son tiempos de ser austeros. Y como Estado y gobierno, estar junto a los vecinos acompañando y atendiendo las necesidades”, señaló el martes vía Twitter el intendente de Bahía Blanca, el macrista Héctor Gay. Allí anunció que funcionarios municipales, legisladores y concejales bahienses aportarían el 30% de sus sueldos para Fondo Especial de Emergencia Alimentaria.

Una argumentación similar esbozó su par de Junín, Pablo Petrecca, al anunciar que “junto con legisladores provinciales” de su ciudad ubicada en la Cuarta sección electoral decidió donar parte del sueldo “para ayudar a quienes más lo necesitan”. Néstor Grindetti, en Lanús y Julio Garro, en La Plata, fueron en el mismo sentido. La planta política lanusense decidió reducir los salarios un 30%.

“Es un momento en el que la sociedad está haciendo un gran esfuerzo, los funcionarios tenemos que hacer nuestro aporte. Por eso creamos el Fondo Social, compuesto por el recorte de salarios de la planta política, pauta publicitaria y gastos que hoy no son prioritarios”, indicó el jefe comunal de la capital bonaerense.

 

 

La medida fue replicada en Ayacucho, Florentino Ameghino, General Arenales, Villegas, Patagones, Pergamino, Pinamar, Rivadavia, San Isidro y Trenque Lauquen, entre otros distritos opositores. Todo, luego de la arenga de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich: “Solidaridad de los que más ganan en el Estado es fundamental para paliar la crisis”. El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, se expresó en el mismo sentido.

 

 

Entre la tropa de oficialistas el reclamo no encontró eco. Por el contrario, muchos consultados por Letra P tildaron la decisión de sus pares opositores de “oportunista” y coincidieron en que detrás de la avanzada se esconde una maniobra un “ataque encubierto al Gobierno”. Entienden que el reclamo fue motorizado por un sector adverso al oficialimo ante el respaldo de la población a las medidas adoptadas por Fernández.

Argumentan que en el contexto de crisis es el Estado y los ejecutivos de los distintos niveles los que están haciendo frente a la pandemia y que el reclamo no coincide con la situación. “El Estado está presente, está trabajando”, graficó una de las fuentes con poder de decisión en el conurbano, donde se preparan para un aluvión de casos de COVID-19 y donde, además de lo sanitario, la asistencia social es clave en medio del parate que golpea con mayor fuerza a la economía informal.