29|6|2022

"Si los trabajadores seguimos pagando la crisis, es muy probable una revuelta obrera"

ENTREVISTAS

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19 de abril de 2020

19 de abril de 2020

El combativo titular del gremio de aceiteros le exige al Gobierno acciones para que la emergencia no derrame sobre los más vulnerables. "Si las empresas no acatan las normas, nosotros tampoco", avisó.

"La clase trabajadora y sus organizaciones nos enfrentamos a una doble amenaza: el Covid-19 y sus consecuencias en la economía real, profundizando una crisis mundial que crece al ritmo de la pandemia". Así comienza una carta pública que durante esta semana difundió un centenar de gremios y agrupaciones sindicales, pero impulsada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, el gremio de un sector estratégico de la economía, con varias cucardas por sus acuerdos salariales, siempre de los más holgados durante la última década.

 

El secretario general de los aceiteros, Daniel Yofra, habló con Letra P sobre la tensión latente y la conflictividad que disparó la paralización de la economía. Sostuvo que se está creando un clima que habilitaría una "revuelta obrera" si no se atiendiera la demanda de los trabajadores y avisó: "Si las empresas no acatan las normas, nosotros tampoco vamos a acatarlas".

 

Destacó la intervención del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el caso Dánica; exigió reacciones y acciones al gobierno de Alberto Fernández y dejó durísimos cuestionamientos a la CGT: "Tenemos que hacer algo como para que les dé vergüenza ser dirigentes".

 

BIO. Tiene 52 años. Se inició en los noventa como trabajador aceitero en la planta de la empresa Dreyfus en General Lagos, Santa Fe, donde arrancó su carrera gremial como delegado. Desde 2012 es secretario general de la Federación de trabajadores aceiteros y algodoneros (FTCIOD Y ARA). Afín a las ideas de izquierda, viene de una familia peronista vinculada al gremio metalúrgico, del cordón industrial santafesino, y a los históricos levantamientos en Villa Constitución. Durante los últimos años, impulsó desde el sindicato un acercamiento a los sectores disidentes a la conducción de la CGT que terminó con su incorporación al Frente Sindical por un Modelo Nacional, el espacio donde confluyeron los gremios moyanistas, la Corriente Federal de los Trabajadores y el SMATA.

 

-Publicaron una dura solicitada sobre la situación económica. ¿Qué diagnóstico hacen?

 

-Partimos de la base de que cualquier diagnóstico que haga hoy, esta misma tarde ya podría estar desactualizado, porque va cambiando muy rápido. Lo que sí percibimos es un común denominador: la desobediencia que hay en sectores del empresariado, que es lo que nosotros tratamos de reflejar. En ese texto le advertimos al Gobierno qué es lo que puede llegar a pasar si no toma medidas severas con un sector de los más impunes del país.

 

-¿Cómo se expresa esa supuesta impunidad?

 

-Cuarenta y ocho horas después del decreto antidespidos firmado por Alberto Fernández, varias empresas tomaron medidas totalmente contrarias y anunciaron cesantías. Vemos con preocupación el futuro y creemos que es muy probable que ocurra una revuelta obrera si los trabajadores seguimos pagando la crisis. De esta crisis, que muchos la comparan con la de 1930, se sale con pleno empleo, no con rebajas de salario ni suspensiones ni despidos. Se sale con plena producción y el Gobierno tiene todas las facultades y herramientas para garantizar que así sea.

 

 

 

-¿Cuál debería ser la actitud de las patronales?

 

-Acatar las normas, porque, si no, sería una anarquía el país. Si no respetan eso, se va a poner muy difícil. Hay riesgos que los empresarios tienen que correr, porque tienen muchos más recursos que los trabajadores para superar una crisis. Tienen la posibilidad de no despedir, de gestionar créditos o lo que fuera necesario para sostener a sus trabajadores y no incrementar más la problemática social, pero aparece una actitud muy desleal hacia el país. Lo que advertimos es que, si las empresas no acatan las normas, nosotros tampoco las vamos a acatar.

 

-¿Qué debería hacer el Estado entonces?

 

-No pretendemos que se humanice al capital, pero sí que haya un control más estricto por parte del Gobierno. Y sanciones muy duras. Si nosotros asumiéramos la forma de pensar y actuar del empresariado, hoy tendríamos que hacer paros, asambleas o una movilización. ¿Y qué pasaría? Nos reprimirían, nos allanarían, nos despedirían con causa. Me parece que el rigor hacia una clase hoy es totalmente diferente con la otra. Por eso, nosotros pedimos que se garantice el cumplimiento de las normas y que se lo sancione con la misma dureza que se lo sanciona a otros sectores.

 

 

 

-Y en un escenario de aislamiento social, ¿qué forma tomaría una medida sindical?

 

-Tenemos la huelga como una herramienta constitucional y no la descartamos en ninguna circunstancia. Lo que decidimos en su momento fue no desoír las excepciones que planteó el Gobierno y profundizamos las medidas de seguridad para tratar de achicar el riesgo de contagio. Ahora, estamos en plenas condiciones de realizar una huelga en el caso de que despidan a compañeros. De hecho, así lo hizo Dánica cuando despidió a cinco compañeros. Hubo un paro, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria y los empresarios no la acataron.

 

"Hay riesgos que los empresarios tienen que correr, porque tienen muchos más recursos que los trabajadores para superar una crisis."

-Pero intervino el gobierno bonaerense. ¿Cómo evalúan esa respuesta?

 

-El gobernador Axel Kicillof tomó decisiones políticas correctas y se revirtió la situación. Eso es lo que reclamamos: más acciones de esas características. Necesitamos que los políticos se hagan cargo de la función que les toca, porque hay empresarios que se hacen los pícaros y enfrentan al Gobierno, desconociendo una conciliación obligatoria, por ejemplo. Recalco los reflejos que tuvo el gobernador. Tomó una decisión política y es lo que estamos necesitando en todos los niveles, desde el Presidente para abajo.

 

-¿Hubo pedidos de las empresas para readecuar salarios por la crisis?

 

- No. De hecho, nosotros estábamos negociando recomposición salarial pero ahora se paró, por el coronavirus. De ninguna manera pensamos que la necesidad la fijan el mercado ni las patronales, la fijan los trabajadores. Y hoy el salario tiene que ser acorde a lo que dice la Ley de Contratos de Trabajo y la Constitución Nacional en el artículo 14 bis; tiene que garantizar las necesidades que establecen esos artículos. Si no, se habilitaría que cada empresa pusiera el salario que pudiera pagar sin mostrar ningún balance ni ninguna crisis. Volviendo al tema de Dánica, que es un ejemplo de esto, la empresa hizo un Programa Preventivo de Crisis (PPC) sin presentar ningún balance. Es el cuento de la lástima: te lloran y vos les tenés que creer y tu familia tiene que sufrir porque este empresario supuestamente tiene problemas económicos.

 

-¿No hubo entonces pedidos de reducción salarial en el sector aceitero?

 

-No y, si lo lo intentan, no lo vamos a permitir.

 

-¿Cómo evalúa el rol de la CGT en esta coyuntura?

 

-Cumple un rol plenamente administrativo: acepta lo que le dice el Gobierno sin decir absolutamente más nada. Es una CGT totalmente inconsulta y así les va a los trabajadores que no están respaldados por su comisión interna, dependen de lo que la CGT pueda arreglar con los gobiernos de turno. Los problemas existen, hay trabajadores no registrados que hoy se están muriendo de hambre, hay trabajadores que se quedan sin trabajo o no les pagan todo el salario y la CGT sigue inmóvil. No podemos esperar tampoco que la CGT mueva algo de lo que no estamos acostumbrados a ver. Nosotros tenemos que hacer algo como para que les dé vergüenza ser dirigentes.