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Preocupada por el parate en el sector privado, la Central busca priorizar, con el aporte estatal, el salario de los trabajadores que cobran hasta $ 70.000. A cambio, limitar los despidos.

Por 31/03/2020 17:17

“Para cualquiera de los trabajadores afectados por la cuarentena hoy la suma da cero”. Esa es la ecuación que prima hoy en lo más alto de la CGT al analizar la situación salarial de los sectores afectados por las medidas de aislamiento, y desde donde parten para encarar las negociaciones tripartitas para garantizar los ingresos de los asalariados. O, al menos, de la mayoría de ellos.

Según los primeros esbozos sobre los que pudo saber Letra P, puertas adentro de la central analizan la fórmula para garantizar entre el 70 y el 80% de los salarios de los trabajadores del sector privado que ganen menos de 70.000 pesos netos. La batalla será, entonces, por cuál será el aporte de las patronales y cuál, el del Estado.

El papel que asuma el Estado será determinante, considerando que de las 530.000 empresas del sector privado, 322.000 tienen menos de 25 trabajadores, la cantidad máxima que fijaría el Ministerio de Trabajo para acceder a los planes de Recuperación Productiva (Repros).

 

 

“En la práctica, hoy los trabajadores de los sectores parados por la cuarentena están suspendidos, por lo que tenemos que trabajar de manera urgente para que esa situación no se formalice”, analiza un dirigente de primera línea de la central. Y destaca que la fórmula a negociarse en la mesa a la que se sienten empresarios y funcionarios tiene que incluir “sí o sí” los aportes jubilatorios y a las obras sociales. 

En la central obrera dan por descontado que los salario de los estatales no corren peligro, al menos para el próximo mes. Tampoco la batería de medidas para atender a los sectores informales y empobrecidos, destinatarios de los principales anuncios oficiales.

En cambio, ven un escenario dramático para el sector privado. Al deterioro de la actividad heredado del gobierno de Cambiemos lo remató la emergencia de la pandemia mundial que recién empieza a pegar en el país. Como una bomba de profundidad, todavía no se sabe cuál será su alcance ni sus consecuencias.

 

 

El anuncio de los despidos por parte de Techint apuró las negociaciones sobre cuáles deberían ser las medidas paliativas para los privados. En la cúpula de la CGT coinciden en considerar que las suspensiones y despidos son un hecho.

La intención, entonces, es congelar las cesantías y abordar de manera urgente la situación de los trabajadores de sectores afectados por el parate, que pasaron de estar licenciados a estar suspendidos de una semana a la otra. Como si fuera poco, ahora ven peligrar el pago de salarios.

En una jornada atravesada por rumores sobre la publicación de un decreto presidencial que prohibiría los despidos y reuniones urgentes entre los funcionarios del Ministerio de Producción y los popes de la Unión Industrial Argentina, el sindicalismo descarta abordar la discusión por rama. 

“No pueden haber discusiones sectoriales, hay que encontrar una fórmula que abarque al conjunto de los trabajadores”, dicen. Y anticipan que todo lo que se acuerde va a estar ceñido a la duración de la crisis sanitaria.

Entre el menú de opciones que se manejan en sindicatos, empresas y despachos oficiales figura la aplicación de un “impuesto patriótico” que afectaría a individuos y empresas de mayor capital, la apertura gradual de actividades que reduzca la cantidad de trabajadores cesanteados y reactive la economía, y la rebaja de aportes patronales o la postergación del pago, como manera de alivianar a las pequeñas y medianas empresas.