En paralelo a la negociación con los tenedores privados de deuda, que pretende culminar el 31 de marzo próximo, el Gobierno lleva adelante un diálogo sensible con el Fondo Monetario Internacional, por lejos su principal acreedor, en el que busca liberarse de comenzar a devolver el capital prestado a partir de 2018 al menos durante todo el actual mandato de Alberto Fernández.
Así se lo dijeron a Letra P altas fuentes oficiales, que justificaron esa necesidad con la idea de que el país necesita un período de gracia extenso en el pago de sus compromisos para ser capaz de restaurar el crecimiento y, con eso, la sustentabilidad de su deuda.
Liberarse de las cargas con el Fondo sería de gran importancia para el Presidente dado que el organismo es el mayor acreedor del país, con 44.500 millones de dólares.
Por su decisión, la Argentina se negó a recibir este año el último tramo previsto en el acuerdo Stand-by, lo que redujo la factura con respecto a los 56.700 millones de dólares inicialmente previstos. Si hubiese hecho lo contrario, el país habría debido pagar 5.600 millones de dólares este año, de 21.200 millones en 2021 (cuando se realizarán las elecciones de mitad de mandato), 22.300 millones en 2022 y 7.600 millones en 2023 en el año final de la administración. Cuánto pagar y cuándo hacerlo pasa a tener una dimensión tanto política, vinculada a la disponibilidad de recursos para consolidar el rumbo actual, como económica.
La deuda real, de 44.500 millones de dólares, es igualmente imposible de honrar en los plazos previstos.
Incluso si el Fondo aceptara que la Argentina disfrute de un período de gracia hasta después de 2023, como pretende el Gobierno, quedaría pendiente la cuestión de qué marco formal le daría a la reprogramación.
Los negociadores argentinos intentan que sus contrapartes del FMI terminen de asumir el fracaso del organismo en un paquete de ayuda que, más que al país, intentó salvar el proyecto de Mauricio Macri en las elecciones del año pasado. De hecho, alrededor del 80% de los desembolsos que llegaron al país equivalen a la fuga de divisas que se produjo en el período.
Incluso si el Fondo aceptara que la Argentina disfrute de un período de gracia hasta después de 2023, como pretende el Gobierno, quedaría pendiente la cuestión de qué marco formal le daría a la reprogramación.
El acuerdo de 2018 es un Stand-by, estatus que los negociadores nacionales pretenden mantener. Pasar a un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que se destina “a países que enfrentan problemas serios de balance de pagos a mediano plazo debido a debilidades estructurales que requiere tiempo abordar (con) períodos más largos de repago”. Eso permitiría extender el período de repago hasta los diez años, pero conllevaría condicionalidades más pesadas, como lo son los caballitos de batalla permanentes del organismo: la reforma jubilatoria y la flexibilidad laboral. El Gobierno intenta por todos los medios evitar caer en un EFF.
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Para lograr los dos objetivos, estirar los plazos y evitar la imposición de políticas, es necesario tejer alianzas internacionales capaces de pesar en el Directorio. Además de los esfuerzos realizados con Donald Trump, buena parte del actual periplo europeo del Presidente está destinado a ese propósito, al que se sumó incluso el pedido de apoyo divino.
El FMI está condicionado por la crisis nacional, ya que alrededor del 60% de su capacidad de préstamos está comprometida con el país. Sin embargo, se trata de un acreedor privilegiado, al que no se le pueden proponer quitas para pagarle sino, únicamente, extensiones de plazo, bajo determinadas condiciones. Sin embargo, su voz será importante en la evaluación de la sustentabilidad de la oferta que la Argentina haga a los tenedores privados a mediados del mes que viene.
Los negociadores de las dos partes dicen por ahora que los diálogos son “muy productivos”, pero la relación se tensará conforme llegue la hora de las definiciones. Los tiempos se acelerarán desde este miércoles, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentre en el Vaticano, en el marco de un seminario económico, con la directora gerente Kristalina Georgieva. La agenda será la misma entre el 12 y el 14 de este mes, cuando una misión del organismo llegue a Buenos Aires.