Golpeados, celestes van por la “inconstitucionalidad”

Tampoco invirtió la polaridad de positivo a negativo un tuit del obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo (desde hace años, residente en el Vaticano), con cita de Néstor Kirchner, pidiéndoles a legisladores peronistas que sepan “defender la vida como él la defendió”. Ni que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) tuviera un rol más protagónico en la “lucha por la vida”, como hicieron notar pastores cristianos evangélicos al hacer un parangón con lo sucedido en 2018.

Ni siquiera el golpe de efecto pretendido con la difusión de un tuit del papa en referencia a la dignidad de la persona en la previa de la votación en la Cámara alta. Nada ni nadie pudo revertir el resultado, que finalmente fue por un margen de nueve votos, aún mayor al esperado por la Casa Rosada, y tiñó de verde el Congreso.

Sin chance alguna de veto por parte del presidente Alberto Fernández, como ocurrió en 2008 con Tabaré Vázquez en Uruguay, la autodenominada “mayoría celeste” va por un último intento de bloquear el aborto legal en la Justicia, con el argumento de que la IVE es inconstitucional y vulnera los derechos del niño.

En Balcarce 50 consideran un “manotazo de ahogado” el planteo celeste, al defender la sustentabilidad del proyecto aprobado por las dos cámaras legislativas y que ahora deberá reglamentarse, además de rechazar que la norma legal no pase el test constitucional ni de las convenciones internacionales con ese rango

“Es común que quien pierda quiera judicializar. Nosotros somos signatarios como país de diversos convenios, tratados y pactos de derechos humanos y todos los organismos internacionales nos recomiendan la legalización del aborto”, afirmó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y ratificó que el proyecto de ley por ella redactado es jurídicamente “robusto y sólido”.

Pese al paraguas legal que el Gobierno dice tener, médicos, abogados, legisladores y organizaciones religiosas adelantaron que recurrirán a la Justicia por entender que la ley de aborto sancionada no supera "el mínimo test de constitucionalidad, convencionalidad y congruencia legislativa dentro del derecho común”.

Los leguleyos celestes fundamentan su petición en tres líneas argumentales: 

• El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional reformada en 1994, que ordena “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
• El artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño y su declaración interpretativa argentina establecida en el artículo 2 de la Ley 23849, que dispone: “Se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”.
• El artículo 19 del Código Civil y Comercial, que establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”. 

Empresarios cristianos y directivos de escuelas religiosas también prevén ir contra la norma aprobada, por considerar que atenta contra el ejercicio de la libertad de conciencia de los profesionales de la salud y de los educadores y contra la libertad de opinión y de empresa, “afectando así sus garantías constitucionales”.