Las iglesias metodista y católica movilizan a pueblos originarios, ambientalistas y vecinos en una “guerra santa” contra el proyecto de ley de Desarrollo Industrial Minero Metalífero sustentable de la provincia de Chubut que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. Es un ejército religioso ciudadano que advierte sobre el desastre medioambiental que conlleva el “negocio” bajo cuerda que, aseguran, propicia el mandatario provincial con su idea de zonificación minera.
La campaña de los cruzados no es solo de pronunciamientos ni de protestas en las calles, casi diarias, sino que logró meter en la Legislatura chubutense un proyecto de iniciativa popular, que corre a la par del oficial, para rechazar la actividad minera que intenta imponer por ley el Poder Ejecutivo provincial; al tiempo que busca predicar entre unos pocos violentos que apelan a todo recurso para manifestarse, incluso un intento de quema del despacho de Arcioni.
Desde el oficialismo provincial minimizan el poder de convocatoria e impacto de esta “minoría ruidosa”, que avanza, y les reprochan a sus máximos referentes que el árbol les impida ver el bosque en medio de la crisis sociosanitaria: crecimiento económico y sustentable, más empleo, mejores salarios, progreso, inyección de dólares para el erario provincial y un largo etcétera.
Arcioni (Chubut al Frente) debe recurrir a un cambio normativo porque la producción minera, al igual que la utilización de cianuro para su explotación, está prohibida explícitamente en la provincia mediante la Ley 5001, a excepción de aquellos territorios zonificados. Por eso, su propuesta hace hincapié en ese punto en la zona de la meseta (Gastre y Telsen).
El mandatario chubutense tampoco está solo en su cruzada, porque cuenta con la bendición de la Casa Rosada, respaldo que no es anónimo, sino con nombres y apellidos. Desde el propio presidente Alberto Fernández, pasando por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, hasta llegar al secretario de Minería, Alberto Hensel; precisamente, el funcionario nacional más criticado por religiosos y ambientalistas por supuestos “vínculos” con las empresas mineras con intereses en la provincia.
Arcioni defiende a capa y espada su proyecto, sin bajar la guardia ni la voz para enfrentar a los opositores del que considera un programa clave y de largo alcance para el progreso provincial y en pos de “ampliar la matriz productiva, crecer y exportar”. También, ratificando su No al uso de cianuro y arengando a la tropa con un eslogan de campaña: “La cordillera y el río Chubut no se tocan”.
La prédica religiosa más fuerte contra el plan megaminero de Arcioni es de la Iglesia Evangélica Metodista, muy representativa en la provincia, que, en una carta abierta, objetó que se avance con una iniciativa que -estima- bastardea al pueblo y estigmatiza a los ambientalistas y es promovida por legisladoras y legisladores que cambiaron sus discursos de campaña, vaya a saber -sospechan- por qué intereses non santos; cuestionamiento que también alcanza al mandatario, que supo oponerse al fomento de la actividad económica extractivista con Mauricio Macri sentado en Balcarce 50.
El obispo metodista Américo Jara Reyes, la pastora Mariana Beux y el pastor Maximiliano Heusser fueron los primeros en proponer la realización de un plebiscito provincial vinculante, a fin de que el eventual rechazo a la norma legal no quede atada al grito de “500 ruidosos” que, según Arcioni, se oponen al progreso chubutense. Y lo desafiaron a convocar a ese referéndum: “¿Usted, señor gobernador, no desea escuchar en verdad la voz del pueblo del Chubut?” El mandatario hizo caso omiso a la petición y avanzó con su debate legislativo.
A los metodistas se sumaron los cuatro obispos católicos con jurisdicción eclesiástica en el territorio provincial: Joaquín Gimeno Lahoz (Comodoro Rivadavia) José Slaby (Esquel) y Alejandro Benna y Roberto Álvarez (auxiliares de Comodoro Rivadavia) con un NO rotundo al proyecto y otra exigencia puntual a Arcioni: Desista “encarecidamente” de su iniciativa minera metalífera “sustentable”. Los argumentos son, entre otros, la falta de respuesta a los pedidos de instancias participativas y a las sugerencias de caminos alternativos, la metodología utilizada para imponerlo y un abordaje unilateral de la compleja problemática minera, además de una proclama opositora de plan de lucha: “Nuestro No es activo, movilizado, acompañando a miles en las calles, en lugares distantes en la meseta… pero también en lugares de estudio y trabajo de gente que quiere hacer oír su voz”.
Metodistas y católicos unieron así su clamor al de asociaciones, asambleas y grupos ambientalistas que en Chubut interpelan a Arcioni, reclaman que haya licencia social y le dicen en voz alta: “Así No, señor gobernador”.
