El Gobierno y la cadena del agro comenzaron este miércoles a delinear acuerdos para impulsar las exportaciones, el objetivo que nucleó a la cadena en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y posibilitó el acercamiento del sector con el kirchnerismo. El Ejecutivo anunció la simplificación de una serie de trámites para agilizar y reducir costos, pero también empezó a marcar los límites de la discusión: el proyecto de ley tendrá beneficios impositivos, pero no incluiría la rebaja de retenciones tan militada por todo el arco rural, según supo Letra P de fuentes del Gobierno.
Al término de la tercera reunión sectorial entre el Ejecutivo y el agro, el Ministerio de Economía anunció que se avanzará en “34 asuntos para la agenda de simplificación” burocrática para el complejo agroexportador. La lista incluye desde trámites ante el Senasa hasta cuestiones aduaneras. Forma parte de la problemática de corto plazo que, según la cadena agroindustrial, podría mejorar la ecuación económica al reducir costos asociados a los trámites necesarios para producir y exportar. “Son 34 medidas que el Gobierno se compromete a modificar para facilitar las exportaciones”, dijo un referente de la industria agroexportadora.
“La solución de estas problemáticas permitirá ahorro de costos al sector exportador, optimización de tiempos y federalización de la actividad exportadora. Las herramientas para lograr estos objetivos vienen de la mano de la simplificación de trámites y posterior digitalización mediante el desarrollo de sistemas”, indicó Economía en un comunicado.
IMPUESTOS
La discusión comienza a empastarse un poco más allá. Las partes avanzan en el borrador de un proyecto de ley para impulsar inversiones que en el Gobierno estiman que estará listo a comienzos de 2021. Ese texto incluirá beneficios impositivos, pero se definirán en paralelo a las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el horizonte hacia el equilibrio fiscal. El proyecto será enviado “al mismo tiempo que el proyecto de programa plurianual para la estabilización económica sostenida”, dijo la cartera que conduce Martín Guzmán.
El “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial” redundará en beneficios impositivos, pero solo para la producción incremental, para que “sea compatible con la necesidad de recuperar la sostenibilidad fiscal”, indicó el Gobierno. Dicho de otra forma, no habrá una rebaja de impuestos generalizada, sino un sistema de premios para quienes aumenten la producción y agreguen valor.
Fuentes del Gobierno indicaron a Letra P que se trabaja sobre beneficios en el impuesto a las Ganancias y en desgravaciones que había pedido el Consejo Agroindustrial. El sector había solicitado la amortización acelerada en distintos impuestos nacionales y subnacionales e incentivos a la inversión en bienes de capital, pero no hay acuerdo sobre las retenciones. El CAA busca una rebaja sostenida de los derechos de exportación, sobre todo para los productos de mayor agregado de valor (algo que genera una puja interna con las entidades de la Mesa de Enlace). El Poder Ejecutivo descarta bajar ese impuesto. “Se sigue conversando, pero no hay nada en concreto”, dijo una fuente de la cadena agroindustrial.
Economía diagrama una serie de beneficios impositivos, sin tocar las retenciones. “La filosofía es que, a mayor transformación de la producción primaria, más beneficios impositivos”, indicaron en el Palacio de Hacienda. Es algo que pide la cadena agroindustrial pero rechaza la Mesa de Enlace, que representa a la producción primaria. El ejemplo que suelen citar es que la industria le compra la soja descontando toda la retención y, al elaborarla, paga menos impuesto y se queda con la diferencia, a cambio de un mínimo valor agregado (el procesamiento del poroto para convertirlo en harina o aceite).
Ese agregado de valor, sin embargo, fue reconocido por el Gobierno al abrir la ventanilla temporal de rebaja de retenciones hasta fin de año. La reducción impositiva fue mayor para los productos procesados.
Además de Guzmán, participaron de la reunión la vicefeja de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de Desarrollo Productivo y Agricultura, Matías Kulfas y Luis Basterra; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios. Del lado agroindustrial estuvieron José Martins (Bolsa de Cereales de Buenos Aires), Dardo Chiesa (Mesa de Carnes), Gustavo Idígoras (CIARA-CEC) y Jorge Chemes (Confederaciones Rurales), entre otros referentes del sector.
El CAA nucleó a más de 30 organizaciones de toda la cadena, desde la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales, hasta las cerealeras de Ciara-CEC. Se acercó al Gobierno con un plan para llevar las exportaciones a los U$S100.000 millones. Para eso propuso una agenda de alivio de trámites y fomento a las inversiones y las economías regionales. El Ejecutivo la tomó y las conversaciones continuarán durante 2021. Pero las retenciones, al menos por ahora, no se tocan.
