“Parte de la educación y del debate tiene que ver con la alimentación sana y la obesidad infantil, que son desafíos que nos convocan. Por eso hay que actuar localmente y pensar globalmente”, dijo este martes el presidente Mauricio Macri durante el discurso de apertura del Urban 20, el evento organizado por el gobierno porteño como antesala municipal de la cumbre del G-20. La mención a la problemática alimenticia forma parte del discurso público de la administración de Cambiemos. También de las promesas de sus funcionarios. Sin embargo el Gobierno todavía no logra presentar un proyecto de ley para que los paquetes de los alimentos tengan un etiquetado frontal, que prevengan a los consumidores sobre sus componentes nocivos para la salud.
Detrás de los documentos y los discursos, existe una fuerte resistencia empresarial para evitar la aplicación en Argentina de un sistema de prevención para consumidores que se aplica en distintas partes del mundo y ya rige en países vecinos como Chile y Uruguay. Un poderoso lobby encabezado por las grandes alimenticias, como Arcor o Mondelez, que buscan evitar que en Argentina los alimentos empaquetados adviertan desde la cara frontal de su envoltorio la cantidad de azúcares, sodio y grasas que contienen, mediante octógonos rojos o negros.
DEL DICHO AL HECHO. La iniciativa forma parte de un acuerdo firmado el 18 de junio pasado por los países integrantes del Mercosur para “dar impulso al etiquetado frontal de alimentos con contenido excesivo de grasas, sodio y azúcares; priorizar la estrategia regional sobre seguridad alimentaria y nutricional; y fortalecer la cobertura universal de salud y el acceso a medicamentos esenciales”. Tras la firma del documento, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana y de UNICEF hicieron un llamado en Buenos Aires para avanzar con esa legislación, pero en la Casa Rosada admitieron que “todavía no hay fechas” para la presentación de un borrador que obligue a las empresas alimenticias a advertirle a sus consumidores sobre las dosis de componentes dañinos en los productos que comercializan en supermercados.
Ante las consultas de Letra P, un funcionario que reporta al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, no pudo precisar en qué momento el Gobierno concretará la presentación de una reglamentación. El antes ministro aseguró en agosto pasado, delante de los expertos internacionales, que el etiquetado frontal es una herramienta de política sanitaria “con que se puede dar señales claras a los consumidores de cuáles son los alimentos más saludables o más perjudiciales, también da señales a la industria para empezar un proceso de reformulación de sus productos”.
En la apertura de las Jornadas sobre Derechos de los Consumidores, Etiquetado Frontal de Alimentos y Salud, Rubinstein aseguró la concreción de dos ejes estratégicos vinculados a la salud alimentaria de la población y especialmente de los niños. “Por un lado un tema muy importante, estratégico y prioritario para esta gestión, es el lanzamiento del programa nacional de prevención del sobrepeso y la obesidad infantil que será en octubre”, y “el etiquetado frontal, que es parte del plan, y es la puerta de entrada a otras políticas regulatorias”.
Rubinstein habla en el Congreso, durante la apertura de la Jornada sobre Derechos de los Consumidores, Etiquetado Frontal de Alimentos y Salud.
A un paso de la finalización de octubre, cerca de Rubinstein evitaron aportar un plazo de presentación. “Hay un equipo técnico que trabaja todas las semanas con las cámaras alimenticias y con la Secretaría de Comercio”, contestó un vocero de la cartera sanitaria, aunque no pudo precisar la fecha de presentación de un texto legal que jerarquice y actualice la reglamentación vigente que forma parte del Código Alimentario Argentino desde 2005 y en 2006 fue plasmada en una resolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que regula el rotulado nutricional de los alimentos envasados y rige actualmente. Ese ordenamiento lleva 12 años de vigencia, con un cronograma que atrasa ante dos experiencias de países vecinos: la ley chilena de alimentos, que data de 2016, y el decreto que firmó el presidente uruguayo Tabaré Vazquez en septiembre pasado para aplicar una política similar a la que rige en el país trasandino.
Macri visita una pyme cordobesa destinada a la venta de café.
¿Y EN ARGENTINA? En medio del escenario recesivo, el compromiso regional de la Casa Rosada tiene como principales críticos a los representantes de las cámaras alimenticias y también a las cadenas de supermercados. “Estamos trabajando con el Gobierno y estamos avanzando en un protocolo con las actuales secretarías de Salud y de Agroindustria, pero tenemos opiniones distintas, porque aceptamos un modelo de etiquetado distinto, pero nos oponemos al sistema chileno, porque nos oponemos a la demonización de los alimentos”, confió a Letra P Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que reflejó los cuestionamientos empresariales a la iniciativa de la que se jacta Macri en público.
“En ese marco de debate tenemos propuestas alternativas. No queremos que estos cambios afecten al consumo como pasó en Chile, que a diferencia de Argentina es un país consumidor de alimentos. Debemos ser cuidadosos: nosotros somos fuertes exportadores de alimentos industrializados y no queremos crearnos una barrera para-arancelaria a nosotros mismos”, agregó la fuente empresarial consultada.
Ese argumento también retumbó en el foro empresarial del G20, uno de los grupos de afinidad de la cumbre que se concretará dentro de un mes. El capitulo dedicado al diseño de un “sistema sustentable de alimentos” es coordinado por el magnate Luis Pagani, dueño de la multinacional Arcor.
“Queremos que el Gobierno nos escuche y que hablemos para llegar a un acuerdo razonable. En el B-20 incluimos el tema de la obesidad infantil, pero insistimos en su multicausalidad”, explicó una fuente cercana al millonario cordobés de los caramelos, que también se encargó de cuestionar el sistema chileno de advertencia para los consumidores sobre componentes dañinos para su salud, pero que forman parte de la tasa de ganancia de las alimenticias.
En esa presión radica la ausencia de precisiones oficiales sobre la posible aplicación en el país de un sistema de advertencias eficientes sobre los alimentos procesados que compran los consumidores. Según las estadísticas elaboradas por la Secretaría de Salud, el 53,4% de la población argentina (más de la mitad) tiene exceso de peso en algún grado, de acuerdo a un esquema nutricional que parece íntimamente ligado a la falta de regulaciones en la comercialización de alimentos.
“Cuatro de cada diez adultos tiene sobrepeso y dos de cada diez obesidad”, aclara el informe, dentro de un cuadro epidemiológico donde el “sobrepeso y la obesidad explican el 44% de la carga de diabetes, el 23% de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y 41% de ciertos cánceres, que a su vez constituyen el sexto factor principal de riesgo de muerte en el mundo y cada año fallecen cerca de 3.4 millones de adultos como consecuencia de las mismas”.
