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El ministro les hará la última oferta a las concesionarias en busca de una salida acordada. Los puntos flojos del plan oficial. El halcón Todesca.

Por 22/11/2020 10:01

A partir del martes, el Ministerio de Obras Públicas lanzará una fuerte y última ofensiva para que las concesionarias de los PPP viales acepten una finalización no traumática de los polémicos contratos heredados de la gestión macrista.

Tras haber cerrado a fines de setiembre la rescisión de los corredores E y F, que estaban en manos del grupo Eurnekian, el Gobierno estableció el 30 de noviembre como fecha límite para acordar la definitiva desarticulación de los restantes cuatro PPP viales que aún quedan en pie.

Hasta ahora, las negociaciones entabladas por los funcionarios de Obras Públicas y Vialidad Nacional con las empresas que operan los corredores A (Paolini, Vial Agro-INC); B (CCA-Green); C (Cartellone) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil) no dieron los resultados esperados.

La vía de salida que los funcionarios propusieron a las concesionarias consiste en la firma de un “acuerdo mutuo de extinción contractual” similar al que aceptó suscribir el consorcio “Corredor Panamericano” del grupo Eurnekian.

Hasta ahora, las negociaciones entabladas por los funcionarios de Obras Públicas y Vialidad Nacional con las empresas que operan los corredores A, B, C y Sur no dieron los resultados esperados.

El esquema oficial para desactivar los PPP contempla la devolución parcial y condicionada de las garantías contractuales, un desembolso inicial inferior a los dos millones de dólares para cada concesionario y la apertura de una instancia de negociación por 60 días para aprobar el inventario de los corredores y la liquidación final de los reclamos cruzados.

Las empresas, por el momento, son renuentes a aceptar esa oferta y, con ligeras variaciones, han planteado, para retirarse, un camino alternativo que incluye dos ítems salientes: la recuperación de las garantías y el reconocimiento de la totalidad de los gastos e inversiones que efectuaron desde mediados de 2018.

Entre otros rubros destacados que figuran en las compensaciones económicas que reclaman las concesionarias, se encuentran los costos de armado de los consorcios, contratación de seguros, agencias calificadoras, gastos bancarios, montaje de obradores, indemnización del personal y la amortización de los equipos viales.

Según los números en juego, si el Gobierno convalida esos gastos, a cada consorcio le correspondería una indemnización del orden de los 20 millones de dólares.

Mientras el ministro Gabriel Katopodis apuesta a llegar a un entendimiento, la vicejefa Gabinete, Cecilia Todesca Bocco -sigue el tema por indicación del presidente Alberto Fernández- estaría impulsando otra salida más extrema y ruidosa para terminar con los PPP. Se trata de la rescisión unilateral de las concesiones y la ejecución inmediata de las garantías contractuales que rondan los 400 millones de dólares por el incumplimiento de los cierres financieros y la falta de obras que arrastran las empresas.

De imponerse esta medida, junto con las constructoras, también saldrían perjudicados los bancos Galicia, Itaú y Eximbank de China, que otorgaron los avales y garantías a las concesionarias.

 

Dura. Todesca quiere una salida drástica de los PPP. 

 

RESGUARDO JUDICIAL. A diferencia de los otros consorcios, el corredor Sur, liderado por Rovella Carranza, consiguió en la última semana un fallo judicial que mejora sensiblemente su posición y lo pone a resguardo de perder eventualmente todas las garantías si el Gobierno optara por una ruptura drástica de los contratos.

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que el Gobierno tiene que restituirle al consorcio Ausur los montos de las garantías contractuales correspondientes al “Cierre Financiero” y las “Obras Principales” del corredor vial que abarca las autopistas Riccheri y Ezeiza- Cañuelas y distintos tramos de las rutas nacionales 3 y 205.

El fallo de los jueces Luis Márquez, María Claudia Caputi y José Luis López Castiñeira le permite al consorcio recuperar cerca de 70 millones de dólares de garantías bancarias que no podrán ser ejecutadas por el Estado en caso de una rescisión unilateral.

Al hacer lugar en forma parcial a la apelación que habían presentado las empresas del Corredor Sur, los camaristas ordenaron “la devolución de las garantías de Cierre Financiero y de Obras Principales por un plazo de seis meses” y “la suspensión de infracciones impuestas por el Gobierno que estén relacionadas con esas obligaciones”.   

Al resolver la cuestión de las garantías, el fallo también puso en duda los argumentos oficiales referidos a los supuestos “incumplimientos contractuales de las empresas”.

Sostuvo que “se vislumbra, prima facie, la imposibilidad del consorcio de obtener financiación conforme las previsiones contractuales (Cierre Financiero) y la consecuente inexistencia de la realización de las obras y la falta de perspectiva de inicio en su ejecución (Obras Principales), motivadas por razones de fuerza mayor generadas por la situación económica financiera por la que atraviesa el país; circunstancias todas éstas, que fueran denunciadas por Ausur al comunicar el evento de fuerza mayor y los eventos eximentes y al requerir la intervención del Panel Técnico que no ha sido conformado por las autoridades”.

 

 

PUNTO FLOJO. La falta de constitución del “Panel Técnico” es uno de los puntos flojos que arrastra Vialidad Nacional en la contienda legal por los PPP.

El pliego licitatorio y los contratos de los PPP establecían la creación de un “Panel Técnico” para poder solucionar las controversias que pudieran plantearse entre las empresas y el Gobierno. El procedimiento previsto para superar las diferencias entre las partes contemplaba tres instancias sucesivas: negociaciones amistosas, intervención del Panel Técnico y un mecanismo de arbitraje siguiendo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI).

Según los plazos fijados, el Panel Técnico tendría que haberse constituido en setiembre de 2018. Pero tanto, la gestión macrista del exministro Guillermo Dietrich, como la actual de Katopodis, no han dado cumplimiento a esa disposición.

En la práctica, la ausencia del Panel Técnico impide dirimir los conflictos y reclamos cruzados que se han ido acumulando desde el inicio de los contratos.

Las empresas denuncian que, al no existir el Panel Técnico, no pueden llevar sus reclamos a la instancia final de un arbitraje. Por su parte, los funcionarios también se ven perjudicados, porque no pueden lograr que queden firmes todas las multas y penalidades que aplican por atrasos de obras e incumplimientos contractuales.