El gobernador Omar Perotti logró que la Legislatura aprobara la adhesión a la nueva ley nacional de Riesgos de Trabajo, conocida como ley ART, sancionada durante el macrismo, demostrando una buena cintura al usufructuar la mayoría del Frente Progresista, liderada por Miguel Lifschitz, para compensar y darle juego a la negativa de su propio bloque justicialista en diputados. Fue un operativo de seducción a los gremios duros que apoyaron fuerte la ley y ahora tienen crédito a favor en el oficialismo.
Desde el minuto uno de su gestión, Perotti avaló la adhesión a la ley que él mismo había votado como senador nacional en 2017. De ese modo logró darle un guiño al sector privado, principalmente de cámaras industriales y empresarias, a quienes les prometió la aprobación como forma de bajar la litigiosidad laboral.
El Senado terminó aprobándolo por unanimidad pero tuvo que trabajar para destrabar los rechazos que brotaron desde el campo sindical, parte de la oposición y hasta del propio oficialismo. Para eso colocó al ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, quien militó el proyecto y logró el apoyo público del ala dura del sindicalismo como Smata, Uatre, UOM, Uocra, de la Carne y de Camioneros, con quien el propio Perotti hizo el puente. Pidieron participación en el nuevo esquema pero, al margen, el apoyo significa acercamiento con el perottismo. Mientras que La Bancaria, Aceiteros y algunas delegaciones de UOM, Amsafe, Dragado y Balizamiento se pararon en la resistencia.
Perotti buscó lograr consenso y armonía desde el principio con los sindicatos para no tener un frente de batalla en un terreno propicio para el conflicto. Esto al margen de conocer que el Frente Progresista, de mayoría en Diputados, votaría a favor porque el socialista y presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, buscó la adhesión cuando era gobernador. Un colchón de votos garantizado al que se le sumó Juntos por el Cambio.
Con esa tranquilidad, dejó margen para el juego de los diputados del bloque justicialista que mostraron rechazo a la ley al entenderla como propicia a un sistema para quitarle derechos a los trabajadores. Así, el gobierno también se aseguró dar algún tipo de eco a quienes se opusieron. Finalmente, los siete diputados justicialistas, sobre un total de 50, no apoyaron: el presidente del bloque, Leandro Busatto, el titular del PJ provincial, Ricardo Olivera, se abstuvieron (lo propio adelantó Luis Rubeo que faltó a la sesión), mientras que el resto votó en contra.
Matilde Bruera, diputada peronista del ala de María Eugenia Bielsa, criticó con dureza el pedido de adhesión a la ley nacional de ART: “El ministro de Trabajo miente cuando dice que se trata de un sistema ágil para los trabajadores. (...) le da facultades judiciales a un organismo administrativo. Es una ley del macrismo, que defiende el ajuste laboral”.
Más de la mitad de las causas que se tramitan en los juzgados laborales de Rosario son causas de ART que podrían solucionarse en una instancia previa, administrativa, como la que generan las comisiones médicas. Ese es el principal cambio: se reemplazará la instancia judicial por una comisión médica (serán 13 en la provincia) con la idea de bajar la litigiosidad y lograr resoluciones más rápidas.