Alberto Fernández y Luis Arce Catacora, en un encuentro reciente.
Cabe recordar que las de México –primer destino de Morales tras su renuncia forzada a punta de pistola– y Argentina –donde el depuesto se instaló tras la asunción de Fernández y donde hoy permanece– fueron voces solitarias, ya que desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por la gran la mayoría de los países del continente, se abrazó al gobierno de facto de Jeanine Áñez.
También hay que recordar el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su titular, el uruguayo Luis Almagro, invalorable para la caída de Morales por haber emitido un informe que lo acusaba de haber manipulado el resultado de los comicios de octubre del año pasado.
Con o sin irregularidades entonces, se confirma ahora que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue siendo la expresión mayoritaria de los bolivianos, algo que se impuso con tal contundencia en las urnas que obliga al régimen cívico-militar a entregar el poder en tiempo récord. Curioso: nadie da un golpe para, 11 meses después, devolverle el poder al sector destituido y hasta sometido a matanzas como las de Senkata y Sacaba, condenadas en su momento, corresponde recordar, por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con aval argentino.
La redemocratización de Bolivia quedará sellada cuando los resultados del comicio sean oficiales y todos los actores políticos, incluidas las Fuerzas Armadas, los reconozcan. Eso removerá el primer obstáculo de la relación bilateral y reabrirá la puerta para que aquel país se convierta en socio pleno del Mercosur, para lo cual todo el engranaje legal está prácticamente listo.
En ese sentido, cabe recordar que en la última cumbre del Mercosur, realizada de modo virtual el 2 de julio, Alberto Fernández se desconectó de la videoconferencia cuando comenzó a hablar Áñez, expresión del desconocimiento argentino a su gobierno.
La llegada de un nuevo eslabón a la jibarizada y discontinua cadena de gobiernos progresistas en el continente es bienvenida por el Gobierno, pero el volumen político de Bolivia –un país que, encima, sale de la dictadura y de la pandemia con una economía en severa crisis– no permite, por ahora, especular con un mayor equilibrio de fuerzas vis-à-vis la derecha regional.
En segundo lugar, se supone que, tras la asunción de Arce, Morales debería poder regresar a su país desde el refugio argentino con las garantías suficientes de seguridad jurídica y personal. Para lo primero sería necesario que tocaran a su fin los procesos abiertos por fraude electoral, sedición, terrorismo, asesinato, torturas y hasta “ecocidio”, entre otros. Eso, sin embargo, no parece del todo sencillo porque la administración del economista nace fuerte en términos de votos y respaldo popular, pero débil en tanto condicionada por los factores sociales, políticos, policiales, militares y judiciales que se confabularon en el golpe de noviembre. Ese será, posiblemente, un nudo difícil de desatar para el mandatario electo y constituye el punto siguiente de la agenda entre Bolivia y la Argentina.
Más allá del desconocimiento a las autoridades golpistas, el asilo de Morales fue uno de los puntos más ásperos de la relación en los meses recientes. Además del desaire del presidente argentino a Áñez en la 56 Cumbre del Mercosur, esta se irritó una y otra vez por las actividades políticas del exmandatario en el país.
El 24 de septiembre, en ocasión de la también virtual Asamblea General de la ONU, la presidenta de facto dedicó buena parte de su discurso a embestir contra la Argentina por el asilo al izquierdista y a denunciar una supuesta conspiración “violenta” montada desde nuestro país. En esa línea, denunció “el acoso sistemático y abusivo que ejerce, desde la Argentina, el gobierno kirchnerista contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia”. Áñez, cabeza visible de un golpe, se reveló en el remate de esa frase como una poetisa eximia en el uso del oxímoron.
El gas ha hecho de Bolivia el séptimo país proveedor de la Argentina.
DALE GAS. El tercer ítem de la agenda argentino-boliviana está dado por las importaciones de gas. A fin de año, los gobiernos de Arce y Fernández deberán definir si renuevan o no una adenda al contrato firmado en 2006 por 20 años con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de lo que depende el volumen de ese renglón del comercio. Al calor de las disputas recientes, Bolivia redujo notablemente en los últimos meses el flujo de gas enviado a la Argentina, algo que no debería ser un problema en el futuro si los planes de Alberto Fernández para Vaca Muerta reviven ese sueño nacional.
El gas ha hecho de Bolivia el séptimo país proveedor de la Argentina. En agosto, según el INDEC, las importaciones de ese producto llegaron a 92 millones de dólares, lo que generó en el comercio total un saldo negativo para el país de 51 millones. El déficit comercial con el vecino ascendió a 410 millones de dólares entre enero y ese mes.
Un cuarto punto siempre relevante en la agenda bilateral es el de la inmigración. Según el censo de 2010, viven en el país 345.000 bolivianos, aunque la realidad es, según organizaciones de residentes de ese origen, muy diferente, ya que hablan de una comunidad de entre dos millones y tres millones de personas. Ese número convierte a la colectividad boliviana en la segunda más importante, con casi 20% del total de los inmigrantes y solo a la zaga de la paraguaya.
