Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la invitación de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a cumplir con la capacitación obligatoria en género que establece la Ley Micaela para quienes integran los poderes del Estado.
En una resolución, que lleva la firma de Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal comunicó que las actividades de "sensibilización y capacitación" con relación a la ley 27.499 se realizan a través de la Oficina de la Mujer. Esa oficina fue creada en 2009 y estuvo en manos de Carmen Argibay hasta su muerte en 2014. Luego quedó a cargo de Elena Highton de Nolasco.
De esta manera, los jueces agradecieron al ministerio que conduce Gómez Alcorta por "la invitación cursada" y le comunicaron que esas actividades se llevarán a cabo dentro de las áreas creadas por el propio Poder Judicial.
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"Se advierte la conveniencia de emplear las estructuras e instrumentos existentes, diseñados específicamente para el Poder Judicial, para desarrollar las actividades de capacitación previstas por la ley 27.499; de manera de propender a la mayor eficacia de los objetivos propuestos a la par del mejor aprovechamiento y racionalización de los recursos con los que cuenta el Tribunal", argumentaron los supremos.
Asimismo, recordaron que ellos tienen autonomía para fijar sus propios reglamentos y le dijeron al Gobierno que ya hicieron la capacitación obligatoria, así como la mayoría de los empleados, con actividades que se replicaron en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires.
Casi inmediatamente, la ministra Gómez Alcorta le mandó una carta al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, diciéndole que seguía esperando coordinar la fecha para impartir la capacitación.
"Le hago saber que la capacitación pendiente de realizar por las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación se encuentra estipulada por el artículo 6 de la mencionada Ley, tal y como había sido indicado en la nota del 23 de junio de este año", dijo la ministra en la nota.
La Ley Micaela establece en su artículo 6 que la capacitación a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación "estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, suprimido a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación quedando éste a cargo de sus obligaciones legales".
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Sobre las capacitaciones que imparte la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la ministra Gómez Alcorta le recordó al titular del alto tribunal que "el convenio firmado entre la Corte Suprema y el ex Instituto Nacional de las Mujeres, al que hace referencia en la Resolución N° 2143/2020, se enmarca los artículos 4 y 5 de la 'Ley Micaela' que se vinculan con las capacitaciones dirigidas a todo el resto del personal del Poder Judicial".
La normativa dispone que son las máximas autoridades de los distintos poderes, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, las responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones al interior de cada uno de los organismos, recordó la ministra.
También expresó que "es correcto que sea la CSJN la que determine de qué manera va a realizar las capacitaciones al interior de la institución y del Poder Judicial, siendo el MMGyD el responsable de certificar la calidad de las capacitaciones que diseñe e implemente cada organismo".
"Sin embargo, las máximas autoridades de los Poderes del Estado deben ser capacitadas por el MMGyD ya que no pueden capacitarse a sí mismas. En el caso del Poder Judicial, por lo tanto, es el MMGyD quien está obligado por ley a capacitar a los y las miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (CSJN), aclaró Gómez Alcorta, se explicó.