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La vulnerabilidad social deprime los ingresos de las distribuidoras de luz y gas y desafía la política energética oficial de cara a un año electoral.

Adrián D'Amore 14/10/2020 15:31

La crisis económica potenciada por la pandemia muestra los dientes en el bolsillo del usuario y al pie del medidor. Multiplicación de conexiones eléctricas clandestinas. Aumento de la demanda de tarifa social. Retrasos en el pago de facturas. Un problema de caja para las concesionarias de servicios públicos que cobra volumen político con el 40,9% de la población bajo la línea de pobreza y un 13,1% de desempleo.

La vulnerabilidad social tensa la cuerda a dos puntas: tira para abajo los ingresos de las distribuidoras de luz y gas domiciliarios del AMBA y desafía la política energética del Gobierno. De cara a un año electoral, quiénes serán los ganadores y perdedores en la disputa energética puede definir la orientación oficial por las implicancias sociales del sector y su relación directa con la escasez de divisas.

En julio de 2020, el consumo de gas natural se redujo 12% en comparación con el mismo mes de 2019 y la demanda de energía eléctrica cayó un 6,4% interanual en agosto.

ENGANCHADOS. La demanda de energía cayó en términos interanuales al compás del Covid-19. Según el último reporte del Instituto Mosconi, el thnik tank que encabeza el exfuncionario radical Jorge Lapeña, en julio de 2020 el consumo de gas natural se redujo 12% en comparación con el mismo mes de 2019 y la demanda de energía eléctrica cayó un 6,4% interanual en agosto.

Estos números globales a la baja encierran matices. La retracción del consumo comercial e industrial de energía a partir del Asiamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) explica buena parte del descenso de la demanda. A su vez, otros indicadores denotan modificaciones en la estructura de consumo al calor de la crisis.

Las pérdidas como consecuencia de medidores adulterados e instalaciones clandestinas no son una novedad para las compañías eléctricas. En especial, desde que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) concebida en 2016 por el exministro Juan José Aranguren pegó de lleno en la economía de los usuarios.

Desde 2017, el hurto de energía tuvo un crecimiento exponencial. Se quintuplicó en el área de Edesur y subió un 50% en Edenor, según surge de sus estados contables. En el último año, pese al congelamiento de tarifas, la tendencia no cambió, sostenida por la caída en los ingresos de los hogares. Hoy, Edesur casi duplica las pérdidas en este rubro en relación con agosto de 2019.

 

 

Al mismo tiempo, la tarifa social resurge como alternativa frente a la malaria. El macrismo la instrumentó como canal aliviador de los tarifazos. Luego, la restringió a fuerza de controles. Entre 2017 y 2019, dos de cada cinco usuarios de gas perdieron el beneficio. Ahora, un informe del Enargas advierte una desaceleración notoria en esa fuga, producto de la necesidad ciudadana de atenuar el impacto de las facturas.

En el caso de la luz, la tendencia ya es hacia arriba: unos 36.000 nuevos clientes con ese beneficio contribuyeron a elevar casi un 10% el consumo de energía de este segmento en la pandemia.

Unos 36.000 nuevos clientes con tarifa social de luz contribuyeron a elevar casi un 10% el consumo de este segmento en la pandemia. Más gasto de energía en un segmento duro de cobrar.

En los asentamientos populares, el 15% de alza interanual supera la variación positiva de la tasa de consumo residencial, que en Edesur apenas es del 1%. Más gasto de energía en un segmento duro de cobrar.

MOROSOS. El contexto macroeconómico afectó las cuentas de las empresas. Las distribuidoras de gas natural del AMBA, Metrogas y Naturgy, empeoraron su situación económica y financiera en el primer semestre del año. Por ejemplo, las ventas de Metrogas retrocedieron un 57% en comparación con 2019.

Con resultado negativo en sus costos de operación, el déficit creció por arriba del 200% interanual en Metrogas y por encima del 80% en Naturgy. En ambos casos, las inversiones se redujeron en un 50%.

En las eléctricas, las deudas de los clientes acumulan millones. Si se contabilizan los retrasos en los pagos mayores a tres facturas, el rojo de Edenor pasó de 500 millones de pesos en mayo a más de 2.700 millones en septiembre. En Edesur, ese índice creció de 1.500 a unos 2.800 millones en el mismo lapso.

ESPALDAS. En espejo con sus usuarios morosos, las distribuidoras no se quedan atrás. El mes pasado, Metrogas, que controla la estatal YPF, informó que no puede abonar a los productores el gas natural que compra para destinar a sus clientes. Por su parte, Edenor y Edesur le deben más de 30.000 millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

 

 

El motivo reiterado de las prestadoras es el impacto negativo en sus cuentas del congelamiento de tarifas decretado por el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2019 y extendido hasta fin de 2020 por el presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, las empresas tienen algo más de espaldas que los usuarios. Con tarifas frizadas, en el último balance anual que presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Edesur registró ganancias por 12.680 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. Edenor, un poco menos: $12.129 millones. Metrogas también mostró superávit: 1.218 millones de pesos.

Las empresas tienen más espaldas que los usuarios. Edesur registró ganancias por $12.680 millones al 31 de diciembre de 2019. Edenor, un poco menos: $12.129 millones. Metrogas también mostró superávit: $1.218 millones.

Como si fuera poco, las concesionarias pertenecen a grupos con un elevado grado de integración vertical en el sector, que obtuvieron en los últimos años beneficios económicos también en la generación y el transporte de energía.

¿QUIÉN PAGA? En su letra original, el Presupuesto 2021 que se está debatiendo en Diputados incluye subsidios por unos 7.000 millones de dólares para la generación de energía eléctrica y la producción de hidrocarburos.

La cifra suena abultada o raquítica, según quin la pondere. Lo concreto es que implica que las tarifas crezcan el año próximo, de mínima, en línea con la inflación. Es decir, el fin del congelamiento.

Según analistas del sector, hacen falta aumentos de un 40% en electricidad y de más del 60% en gas para no engrosar más las partidas de subsidios. No obstante, el interventor del Enargas, Federico Bernal, afirmó la semana pasada, luego de una audiencia con el Presidente, que las tarifas podrían seguir congeladas en 2021. 

Con el inminente lanzamiento del Plan Gas 4, el Ministerio de Economía deberá definir qué porción del nuevo precio sostén del fluido trasladará a las facturas de los usuarios. En paralelo, está abierta la discusión bilateral del Ejecutivo con las eléctricas de todo el país por los 120.000 millones de deuda con Cammesa.

¿Cuántos subsidios puede destinar un Tesoro exhausto a empresas que hoy no pagan la energía que tanto les cuesta cobrar? ¿A qué velocidad puede descongelar las tarifas un gobierno que hizo campaña electoral abogando por el acceso a los servicios públicos?

En un mar de manos levantadas, habrá que ver a quién le toca el salvavidas del Estado para conocer las respuestas.